El Ayuntamiento gaditano está estudiando la posibilidad de bonificar a las personas que estén empadronadas en la ciudad mediante descuentos en los precios de los servicios públicos, dándoles prioridad para acceder a ellos o incluso exigiendo el empadronamiento para ser usuarios.

Así lo explicó ayer el teniente de alcaldesa delegado de Hacienda y Patrimonio, José Blas Fernández, quien recordó que empadronarse es obligatorio y no hacerlo puede ser sancionado, un extremo al que se podría llegar aunque sólo en los casos en los que la persona que haya sido localizada como residente en Cádiz sin empadronar se niegue reiteradamente a darse de alta en el padrón.

Todas estas medidas se encaminan a conseguir que aumente el censo oficial gaditano porque, a más población, más dinero procedente del Estado. No es nada nuevo que el gobierno local considera "ficticias" las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística, que en su último recuento, de 1 de enero de 2007, rebajó a 128.554 el número de habitantes de la capital gaditana. El dato, según indicó Fernández, no concuerda ni con el número de viviendas que han salido al mercado en los últimos años, ni con el IBI que se recauda, ni con la recogida de basuras o el consumo eléctrico, que son cada vez mayores.

Sobre este último, detalló el edil que el pasado mes de enero se alcanzó un consumo de 90.120 kilovatios por hora, con un pico a las nueve de la noche que atribuyó al consumo doméstico porque en ese momento la mayor parte de los centros laborales ya habían cerrado.

El gobierno local decidió el pasado octubre hacer un padrón que, según cree firmemente, aumentará las cifras de población, y que será remitido al INE. Para ello resolvió contratar a 14 agentes censales, que ya están seleccionados y que el lunes y ayer se formaban en el centro del Instituto de Fomento, Empleo y Formación de la Cuesta de las Calesas sobre materias tales como la organización municipal, la legislación de protección de datos o el padrón municipal. Estas catorce personas, con categoría de funcionarios, saldrán hoy a la calle por primera vez para comprobar quién vive y quién no en las casas gaditanas "puerta a puerta".

Además de este rastreo -en horario de mañana y tarde, especialmente en los momentos en que habitualmente la gente se encuentra en sus casas-, que se iniciará en los domicilios donde se detectan contradicciones con el IBI, estos agentes censales se encargarán de cruzar los datos de todos los ficheros municipales y de sus empresas de suministro (aunque el de agua no se considera muy fiable ante la existencia de contadores comunitarios).

La campaña comprende la inserción de anuncios para animar a la gente a empadronarse, y la firma de un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas para tratar de detectar a inquilinos de edificios que no están empadronados. Fernández recordó que en las fincas de un único propietario en la que se no ha hecho una división horizontal se cobra un único IBI que después se repercute en los inquilinos, por lo que si estos no se han empadronado se desconoce cuántas personas viven allí.

Sólo la contratación para hacer el censo cuesta 600.000 euros, a lo que habrá que añadir los costes publicitarios. José Blas Fernández no arriesgó datos sobre la diferencia de población que se espera encontrar, pero indicó que se harían valoraciones mensuales.