El gobierno municipal, del PP, cerró filas ayer y  mostró su decidido apoyo a Miguel Osuna, ex delegado del Estado en la Zona Franca y uno de los imputados por el Caso Rilco, según el auto del juzgado de instrucción adelantado ayer por este periódico. Los concejales reconocen su "sorpresa" ante el contenido de este auto, defendiendo la inocencia de Osuna, que está imputado por un presunto delito de omisión de perseguir delitos, relacionados con las supuestas irregularidades cometidas por su antecesor en el Consorcio, Manuel Rodríguez de Castro.

Afirma el PP que Miguel Osuna "ha demostrado a lo largo de toda su carrera que es un magnífico y solvente gestor público y que tanto antes como ahora goza de toda la confianza del equipo de gobierno municipal, de la alcaldesa Teófila Martínez y del Partido Popular". Cabe recordar que Martínez es también presidenta del Consorcio de la Zona Franca.

Rechazan los ediles la imputación contra su compañero, "que carecen de fundamento" y adelantan que su inocencia "quedará perfectamente demostrada cuando se celebre el juicio", reiterando, como en otras ocasiones ha afirmado el propio Osuna, que "siempre actuó bajo los avales técnicos y con el asesoramiento de la Abogacía del Estado". No obstante, se tiene claro desde el gobierno local que  durante el juicio "se pondrá en evidencia que el auto del juez está basado en informes emitidos por los mismos abogados del Estado que antes asesoraban a Miguel Osuna sobre la legalidad de sus decisiones y que ahora, bajo las órdenes del PSOE y del Ministerio de Hacienda socialista, están cuestionando este asunto, algo que nos parece muy curioso".

Centrados en el auto dejan claro que las imputaciones no significan condena alguna ya que su contenido es "lo que el juez de instrucción estima", recordando por ello que existe presunción de inocencia "hasta que no haya sentencia firme, por lo que pedimos prudencia y respeto a la Justicia ya que nos encontramos en la fase de instrucción".

En cuanto a Manuel Rodríguez de Castro, primer delegado del Estado en la Zona Franca nombrado por el PP, el comunicado del gobierno local popular afirma que los hechos que se le imputan "los hizo de forma individual y autónoma sin que los órganos de gobierno del Consorcio tuvieran conocimiento de ellos. Si quedan probados los hechos tras la celebración del juicio, deberá responder ante la justicia por lo que haya realizado".

Defienden los ediles el trabajo ya realizado por el PP en este asunto, recordando que Rodríguez de Castro fue destituido por un gobierno del Partido Popular "que ordenó también que se investigarán las denuncias en el Tribunal de Cuentas".

El análisis que desde el Consorcio se hace de este auto es, lógicamente, diametralmente opuesto a lo expuesto desde el PP.

 José de Mier, actual delegado del Estado, indicó ayer a Diario de Cádiz que el escrito del juez instructor "va en el fondo de lo que hemos venido diciendo en este tiempo. Parece que nos están dando la razón, mientras que ellos (el PP) se ha escudado en cuestiones como la valoración de Rilco, que es de lo que menos habla el auto".

Lamentó en todo caso la lentitud de este proceso, iniciado hace más de cinco años y al que aún quedan varios trámites por cubrir (como el informe que dicte la Fiscalía) "que pueden alargar todo este asunto seis o siete meses más antes de que llegue a la Audiencia". Si se cumple este calendario coincidiría con la campaña de las municipales de 2011.

José de Mier indicó que el trabajo de investigación sobre las cuentas dejadas por el PP en el Consorcio terminó en 2005 y que a partir de ese momento todo está en manos de la Justicia y del Tribunal de Cuentas, organismo público que ya ha sacado a la luz las actuaciones de Manuel Rodríguez de Castro

Por su parte, Rafael Román, que en su faceta de diputado del PSOE ha llevado buena parte de la investigación sobre la gestión del PP en la Zona Franca, recordó que fue necesaria la llegada al Gobierno de los socialistas para que se analizase esta etapa desde el Tribunal de Cuentas, considerando que el auto es "terminante y expeditivo".

 "El PP defendió a Rodríguez de Castro hasta cuando pudo y hará mismo con Osuna hasta que pueda", recordando Román que "nadie está condenado hasta ser sentenciado, pero el conjunto de hechos que encadena el auto judicial demuestran la existencia de irregularidades de todo tipo que fueron acumulándose en la Zona Franca durante la gestión del PP".

"Ha sido una gestión tenebrosa, perjudicial para los intereses públicos, en temas sobre los que no debe hacerse ninguna concesión", considera Román para quien el trabajo realizado por el Tribunal de Cuentas ha sido fundamental  y que recuerda que aún está pendiente el caso Quality Food.