La protección de ocho edificios modernos de la capital anunciada días atrás en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía no está teniendo una respuesta acogedora entre los propietarios afectados. Si el Ayuntamiento ya ha asegurado que va a recurrir la inclusión de todos estos inmuebles –la Aduana, las instalaciones de Abelló Linde (antes Ibérica Aga), el colegio Safa–Villoslada, la iglesia de San Severiano, la torre de comunicaciones y el edificio de Telefónica, la clínica dental de la calle Tamarindos y la Harinera Vilafranquina–, con especial atención a la protección de la Aduana pues choca visceralmente con el plan Plaza de Sevilla, los propietarios de estos edificios tampoco se van a quedar de brazos cruzados y también van a interponer alegaciones contra la decisión de añadirlos al Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.
De hecho, fuentes de las empresas Harinera Vilafranquina y Abelló Linde aseguraron ayer que los respectivos equipos jurídicos ya habían redactado los expedientes de alegaciones contra la decisión de la Junta de Andalucía.
En este sentido, Asensi Fuentes, de la dirección general de Harinera Vilafranquina, aseguró que las alegaciones ya habían sido presentadas “porque no estamos de acuerdo con la resolución”. A su juicio, el de la harinera es un “edificio industrial que no tiene interés ninguno” y reprochó que en todo el país existieran “muchos edificios similares que no tienen protección ninguna”. “No le encontramos explicación”, insistía Fuentes, quien comentó a este periódico que cuando el edificio necesite de alguna reforma “sería un problema” al precisar de permisos y autorizaciones derivadas de esta protección. En conclusión, este representante de Harinera Vilafranquina estima que los edificios destinados a una actividad industrial “no deberían estar condicionados por estas protecciones”.
Por su parte, el director en Andalucía de Abelló Linde –la empresa que hace unos años absorbió a Ibérica Aga y actual propietaria del edificio situado en la calle Gibraltar–, Jesús Utrilla, también confirmó ayer que el equipo jurídico ha redactado los recursos que interpondrán en la Junta de Andalucía tras la decisión de proteger el inmueble. Utrilla reconocía que la inclusión en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz no hace sino plantear problemas a las empresas que desarrollen su actividad en los edificios, pero matizó que Abelló Linde no sufrirá en exceso estas consecuencias porque “cerraremos en Cádiz en el plazo máximo de un año”.
Esta empresa está inmersa en un plan de reagrupación de su actividad en Cádiz; actualmente están construyendo las nuevas instalaciones en Jerez de la Frontera, donde trasladarán todas sus sedes. Con respecto al edificio de la calle Gibraltar, Utrilla no supo precisar qué hará Abelló Linde con él (venderlo, alquilarlo,...) pero en cualquier caso “el más perjudicado será el que venga detrás, no nosotros que estamos a punto de irnos”, concluía el representante de esta empresa.
A ellos se une la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, cuyo presidente, Rafael Barra, ya anunció en su día que la decisión de proteger la Estación Marítima afectaba a los planes para el Puerto de Cádiz y que, por tanto, recurriría la decisión, mostrándose incluso dispuesto a llegar al Tribunal Contencioso si fuera necesario.