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Cádiz

La Policía considera que el número de estafados podría superar los 21 compradores

  • La Policía confirmó que uno de estos posibles estafados había entregado 9.000 euros a la detenida Ana S.G. por un piso situado en la calle Barrie. La lista de contactos de la inmobiliaria podría alcanzar en torno a las 300 personas

La denominada como 'Operación burbuja inmobiliaria', que si bien no ha tenido una duración muy prolongada, al iniciarse prácticamente hace un mes, sí ha sido especialmente intensa en los últimos 10 días y que con toda seguridad se prolongará dada su complejidad y los delitos conexos pendientes de investigación, da inicio tras tener conocimiento un Funcionario de la Brigada de Policía Judicial de un operación de venta de pisos que a su parecer tenía visos de ser constitutiva de delito, por lo que comunicaba la información  para su estudio.

Tras contactar con la inmobiliaria donde se tramitó dicha operación, manifiestan haber intermediado en la pre-venta de un unifamiliar situado en Urbanización la Almadraba nº 17 de Chiclana de la Frontera por el que su cliente había abonado 7.000 euros de fianza a Luis M.G.R. propietario del 50 por ciento del inmueble, habiendo tenido conocimiento posteriormente de que el mismo seguía ofertando  dicho inmueble por Internet, no acabando de quedar convencidos de las  explicaciones recibidas posteriormente por Luis M.G.R., aportado de igual modo diversa documentación relativa a la venta. El estudio de dicha documentación pone de manifiesto una serie de circunstancias cuando menos sospechosas, un largo plazo para la firma ante notario, una elevada cantidad a entregar en efectivo en concepto de señal, divergencias entre la información referente a la titularidad de la finca en el contrato de preventa y la nota simple de la misma, condiciones que dejan en una posición muy ventajosa a la parte vendedora, unido a  evidente bajo precio de venta y la existencia de una  alta carga hipotecaria sobre el inmueble (que superaba el doble del precio que se solicitaba para su venta) hicieron sospechar de las intenciones del vendedor.

Dada la dificultad para diferenciar en este tipo de hechos la línea que separa la infracción penal de la deuda civil, la investigación se centra en la localización de un segundo comprador al que se la haya ofertado o formalizado, un segundo contrato de preventa por la misma vivienda, gestiones que se practican a partir de solicitud de información personas físicas o jurídicas que solicitaron recientemente nota simple al  Registro de la Propiedad sobre el inmueble en venta, así como a través de los usuarios de la página de Internet donde se ofertaba y que solicitaron información vía email.

Fruto de dichas  gestiones da como resultado la identificación de un segundo comprador que se encontraba en trámites para la formalización de la venta, habiéndosele ofertado un contrato de arras similar al anterior que afortunadamente no llegó a formalizarse al consultar con un letrado la operación. De igual modo se comprueba que el titular del otro 50 por ciento de la vivienda objeto de la investigación, desconoce que dicho inmueble esté a la venta y se recaba de igual modo información respecto a la deuda pendiente  que tiene  el préstamo hipotecario existente sobre dicho inmueble, cantidad que supera el triplo del precio solicitado por la misma, motivos   que imposibilitarían por doble motivo su venta.

 

 De forma paralela y a lo largo de los diferentes testimonios recabados durante la investigación, la figura de Ana S.G. va ganando importancia, si bien en la primer testimonio no se comprendió muy bien qué relevancia podría tener la conocida por todos como “Ana la dueña de dos clínicas dentales” (ya que al parecer siempre se presentaba de esta manera) en la venta de un piso, los nuevos testimonios evidenciaban una cada vez más evidente participación de la misma en las operaciones, por lo que tras indagar más en su participación en los hechos, resultó cada vez más claro su completo conocimiento de los mismos y su participación activa en los mismos, llegando en algunos casos a apremiar a los clientes para la entrega del dinero de la señal o prestar una rápida cobertura en caso de ser necesario a Luis M.G.R., como en una ocasión en que fueron sorprendidos por un familiar de un perjudicado  que había  entregado ya dinero, mientras mostraban el unifamiliar a otros clientes-victimas, momento en que Ana S.G. se llevó rápidamente a estos aparte y les explico una disculpa inventada sobre la marcha consistente en que estaban vendiendo una vivienda propiedad de un familiar de Luis M.G.R. situada en la misma Urbanización.

 Ante la evidencia de que la operación investigada inicialmente era constitutivo de un delito de estafa, se contacta inmediatamente con la única persona de la que se tenía conocimiento que había entregado dinero a Luis M.G.R., para informarle de la investigación y ser oída en declaración, manifestando que el presunto autor de los hechos era cada vez más difícil de localizar y no había realizado ninguna gestión para la formalización de la venta, si bien seguía teniendo la idea de que la venta se iba a realizar finalmente. De igual modo se inician las gestiones tendentes a la localización y detención uis M.G.R. y Ana S.G., ya que teniendo conocimiento de que estas personas seguían ofertando inmuebles a través de Internet se deseaba evitar por todos los medios evitar nuevas estafas, montándose un dispositivo de vigilancia en dos de las viviendas en las que se tenía sospechas de que estas personas vivían, dando como resultado las detenciones anteriormente descritas en las inmediaciones del domicilio que Luis M.G.R.

 Durante las gestiones tendentes a detención de los sospechosos se identificó una segunda perjudicada que había entregado una señal de 12.000 euros, teniendo idénticas características a la venta que motivó el inicio de la investigación, si bien en este caso los papeles se habían cambiado entre Luis M.G.R. y Ana S.G., siendo Ana  la titular del inmueble y Luis Manuel quien hacia de intermediario en la operación. Lo que despeja cualquier tipo de duda respecto a la colaboración existente entre ambos.

Si bien se puso especial interés en esta operación dado el evidente perjuicio, no solo económico, sino también emocional causado a las víctimas, ya que una de ellas llevaba más de un año intentando recuperar el dinero obteniendo solo disculpas, engaños e incluso amenazas, no se creía que hubiese una gran cantidad de perjudicados ya que siendo los sospechosos personas cuya identidad era  perfectamente  conocida y habiendo un perjudicado que al menos llevaba un año desde que entregó el dinero parecía muy difícil que de haber una amplia pluralidad de perjudicados ninguno hubiese denunciado.  Sin embargo al revisar los efectos intervenidos durante la detención, que incluían 915 euros, un gran número de juegos de llaves de distintos pisos y diversa documentación se puso de manifiesto otra realidad, en un cuaderno figuraba un listado de más de 300 teléfonos y nombres con comentarios que hacia sospechar que se podrían tratar de posibles compradores-perjudicados, confirmándose al realizar la primera llamada  a uno de esos teléfonos,  contestando una persona que había entregado 9.000 euros a la detenida por el piso situado en la calle Barrie.

Si bien se podría considerar que cada uno de esos clientes aunque no hayan entregado ningún dinero podrían ser víctimas de una tentativa de estafa, en ese momento se prioriza la identificación de aquellos que efectivamente realizaran la disposición patrimonial, a fin de evaluar el alcance de perjuicio producido. De ese modo se identifican en ese momento 15 nuevos perjudicados, procediéndose a la toma de declaración de alguno de ellos en tanto se motivaba una solicitud de entrada y registro, la cual después de ser concedida se practicó en cuatro inmuebles, tres en Cádiz y uno en Chiclana, donde se sospechaba que los detenidos pudieran tener, documentación o efectos relativos a los hechos investigados, dinero procedente de las señales recibidas o efectos obtenidos con el mismo. Fruto de esos registros se interviene una gran cantidad de documentación consistente en contratos, escrituras, movimientos de cuentas, seguros y otros más, así como 3200 euros en efectivo, dos equipos informáticos, varios teléfonos móviles y otros efectos varios. De igual modo se interviene un vehículo marca Audi, modelo A5 que utilizaba de manera habitual el detenido.

Que durante la comunicación a los perjudicados de los hechos investigados que unos recibían con gran sorpresa y otros indicaban ya tener ciertas sospechas, y mostrando la mayor parte de ellos una gran afectación ya que las cantidades entregadas que iban desde 7000 euros a los 18000 en un caso, suponían en casi todos los casos un importante varapalo a su economía familiar (en algunos casos llegaron a pedir dinero prestado a familiares ante el apremio con que se les solicitó la entrega de la señal) y sobre todo por la desilusión ante la confirmación de la imposibilidad de adquirir la vivienda que en varios de los casos, supondría su primer domicilio, todos relataban variando pequeños detalles la misma historia.  Luis M.G.R. y Ana S.G.  informaban de manera inmediata de su condición de gerente de una inmobiliaria y propietaria de dos clínicas dentales, lo que era relacionado de manera automática con una situación de solvencia económica, esto unido al notable patrimonio inmobiliario de ambos consistente en tres pisos propiedad situados en calle Barrie 27, dos en calle La Torre 39 y un local en Calle San José de Ana S.G. y otros  tres de Luis M.G.R., dos como cotitular, en la Barrosa Chiclana y el centro de Cádiz y uno en propiedad exclusiva en Benaocaz, una buena presentación y su llegada a las citas en un flamante Audi A5, hacia que muchos de sus clientes no dudaran de su buena situación económica.

 

Conocedores de los entresijos del mundo inmobiliario como se comprobaría después con su habilidad para la tramitación de hipotecas, eran capaces de dar respuesta rápida a cualquier duda que surgiera a los perjudicados  durante las negociación  de los contratos manifiestamente irregulares que ofrecían, compeliéndoles a la firma casi inmediata de los contratos a fin de evitar que estos pudieran realizar cualquier tipo de gestión para la verificación de la legalidad de las ventas.  Esto unido a unos más que interesantes precios de venta, que periódicamente eran rebajados para adecuarse a la tendencia del mercado y mantener su atractivo, hacia que muchos de los que respondían a sus anuncios acabaran entregando el dinero.

Para lograr la firma y posterior entrega de la señal pactada, no dudaban incluso en mostrarse ofendidos en caso de que se mostrasen muchas dudas sobre las operaciones tal como sucedió cuando una de las perjudicadas que manifestó que tras realizar alguna pregunta sobre el contrato que se iba a firmar, Ana S.G. le indicó, mostrándose ofendida de que  se dudara  de la operación, manifestando que de ponerse en entredicho su honestidad se daba por terminada la venta.

La realidad posteriormente ha sido muy diferente, la agencia inmobiliaria acabó cerrada, el alquiler sin pagar. Una de las clínicas dentales ya se había clausurado en verano al rescindir el contrato el arrendador,  y la otra clínica acabaría cerrando diez días antes de las detenciones. Las casas que se ofertaban independientemente de que por una se hubiese recibido seis señales como compromiso de venta, cuatro en otra y dos en cada por cada uno de los otros, la mayoría de ellos nunca hubiera podido vender al precio pactado porque la carga hipotecaria que existía sobre los mismos era en algunas ocasiones dos y tres veces superior al mismo. De esta manera la mayoría de los afectados manifiestan como tras la entrega de la señal y al acercarse el momento de firmar ante notario y comprobar que no se realizaba ninguna gestión, solo recibían disculpas, suplicas y engaños en algunos casos y cuando era necesario amenazas con emprender acciones legales. Estrategia que funcionó ya que  al inicio de la presente investigación no existía ni una sola denuncia contra los detenidos.

Solo se tiene conocimiento de que uno de los perjudicados haya recuperado su dinero y esto ocurrió debido a que coincidió con otro de los afectados en la clínica de Ana S.G dándose cuenta que ambos habían entregado una señal por el mismo inmueble sito en calle La torre 29 bajo, que pese a la evidencia del engaño Ana siguió dando disculpas durante días y solo cuando se le informó de la intención inequívoca de denunciar los hechos acabó accediendo a devolver el dinero a esta persona. Esta situación contrasta con las numerosas denuncias presentadas por los detenidos en dependencias policiales  en el último año, denunciando en varias ocasiones por coacciones a varias personas que solicitaban que se les abonara deudas de diversa indole.

 Se mantiene igualmente abierta una investigación respecto a varios de los prestamos hipotecarios mediante los cuales se obtuvieron la titularidad de parte de los inmuebles que se ofertarían posteriormente a los potenciales compradores, se investiga en la actualidad las circunstancias en que se tramitaron tres de ellos, al haber claros indicios de que los mismos fueron solicitados con el  ánimo de no hacer frente a su pago, siendo igualmente tres las posibles entidades financieras perjudicadas, pudiendo haber resultado igualmente perjudicado, en una de dichas operaciones, un particular, siendo el total del  dinero dispuesto a través de dichas operaciones superior a 1.300.000 euros, si bien dado que dicha investigación se encuentra en curso, no se podrá aportar más detalles hasta que se remita a la Autoridad Judicial su resultado.

 De igual manera durante los próximos días se procederá a oir en declaración a los perjudicados con los que no se pudo practicar dicha diligencia antes de la puesta a disposición de los detenidos, igualmente se continuaran las gestiones tendentes a la localización de otros posibles afectados ya que no ha sido posible comunicar en este espació de tiempo con todas las personas que aparecen en la documentación intervenida.

 Que dada la alarma social que este tipo de noticias pudieran producir, desde este Grupo se quieren dar una serie de sencillos consejos para evitar ser la víctima de una estafa en una operación inmobiliaria.

 

-Pedir siempre personalmente nota simple en el Registro de la Propiedad donde  se encuentre ubicada la finca en que se esté interesado antes de realizar cualquier tipo de compromiso o aportación dineraria, independientemente de que el comprador ofrezca ya una, leyendo con detenimiento toda la información contenida en la misma y buscar asesoramiento en caso de no comprender claramente el contenido de la misma.

-En caso de realizar una aportación adelantada para la adquisición de una vivienda en construcción (comprar sobre plano) exigir siempre aval bancario de las cantidades entregadas.

-Antes de cualquier firma ante Notario solicitar por adelantado borrador del documento a escriturar y revisarlo con calma, buscando asesoramiento en caso de ser necesario y durante el acto de la firma consultar cualquier duda que se tenga ya que una vez formalizado el acto es prácticamente inamovible. 

-No precipitarse nunca, especialmente en estos momentos en que no existe una referencia clara del valor real de las vivienda, estudie la operación con detenimiento máxime si cree haber encontrado una “ganga”, si tiene dudas espere seguramente no será difícil encontrar una opción mejor más adelante.

-En caso de ofertar una vivienda por Internet, ponga especial atención en las ofertas que reciba del extranjero si alguien tiene interés real en la compra de un inmueble siempre se desplazará para comprobar el estado del mismo, nunca envíe copia de su documentación o datos bancarios a estos requerimientos ya que la podrían utilizar para la comisión de otros delitos con su identidad, igualmente si le indican que debe enviar dinero por cualquier excusa (gastos de transferencia, aduana, comisiones interbancarias internacionales…) no lo haga, recuerde que usted vende y la otra parte la que debe pagar.

-Igualmente si recibe una oferta interesante por su inmueble desde el extranjero pero le indican que debe aportar una cantidad con cualquier tipo de escusa (comisiones, blanqueo de dinero….) no acuda, es una estafa llamada 'rip deal' y los autores son especialmente peligrosos ya que no dudan en utilizar la violencia si es necesario.

-Calma, considere que no existe ninguna obligación de adquirir una vivienda, el alquiler es una alternativa igual de digna que presenta en la actualidad ofertas igual de interesantes.

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