La Bahía ha cumplido este año su mayoría de edad en mancomunidad. 18 años, que no es poco, pero tampoco mucho si se compara con las cerca de mil mancomunidades existentes en España. La de Barcelona, uno de los modelos pioneros de colaboración intermunicipal, empezó a gestarse hace medio siglo y muchas otras nacieron al albor de la democracia, como la de la Comarca de Pamplona, uno de los paradigmas de gestión moderna.

El origen más común es la prestación de servicios a municipios pequeños que, por su escasez de recursos, son incapaces de hacer frente a grandes inversiones en infraestructuras de agua o residuos. Sin embargo, la diferente idiosincrasia urbana y política de la Bahía de Cádiz, compuesta por medianas y grandes localidades en pugna por sus cuotas de protagonismo y con plena diversidad de colores políticos, frenó hasta 1990 el nacimiento de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz. Es irónico que el alumbramiento de esta institución estuviera ligado al agotamiento del cementerio de Cádiz. Y aún así, pese a ser una necesidad perentoria, hubo de sudarse el consenso para crear Cemabasa y construir el camposanto mancomunado.

A partir de entonces, la Mancomunidad fue "un oso en invierno, latente", reconoce el actual presidente, Felipe Márquez. Latente o, incluso, hibernando. Mientras otras mancomunidades evolucionaban con un aumento progresivo de las competencias, la gaditana avanzaba a trompicones, lastrada por una permanente división política que sólo cedió para crear el Consorcio de Transportes.

Pero la gestión dio un vuelco en 2005 con la decisión de asignar la presidencia a un concejal -desde entonces el roteño Felipe Márquez- en lugar de a un alcalde, y se creó una vicepresidencia. El cambio desatascó el organismo, más ágil, abierto a nuevos sectores y con un presupuesto que en este periodo se ha multiplicado por 17 y se aproxima a los 6,5 millones.

Los principales avances han sido la asunción de competencias como el equipamiento de playas, que acapara un tercio del gasto total, el desarrollo del turismo náutico o la implantación de procedimientos administrativos comunes -como una aplicación informática para expedientes de contratación de obra pública o una intranet para conectar los siete departamentos de Policía Local (Cádiz, Jerez, San Fernando, El Puerto, Chiclana, Puerto Real y Rota).

Además, sólo falta la aprobación plenaria en San Fernando y Jerez para comenzar a aplicar una única ordenanza de gestión de los escombros de la construcción, un principio legal que, para Márquez, "puede ser la raíz de un servicio mancomunado muy útil e interesante". Habrá dos centros de tratamiento en Chiclana -con empresarios locales- y El Puerto -Verinsur-, pero la idea de la Mancomunidad es complementarlos con una red de plantas de transferencia en cada municipio.

Sin embargo, la Mancomunidad sigue lastrada, cualitativa y cuantitativamente, por la imposibilidad de mancomunar el ciclo integral del agua y la recogida de basuras. "No se ha podido conseguir bajo ningún concepto". Ambos servicios son elementales, piezas cardinales en el engranaje de las mancomunidades. Sin embargo, en Bahía perviven factores, además de los políticos y de la existencia de la grandes estructuras municipales, que, a juicio de Márquez, complican, más, su implantación: la existencia previa del consorcio de la Zona Gaditana -integrado por 17 municipios- o la deuda acumulada en gran número de ayuntamientos con las empresas concesionarias de la gestión de los residuos sólidos.

Esta combinación de impedimentos sigue bloqueando así, pese a que está ampliamente demostrado que "la unión de intereses y la gestión conjunta fortalecen y abaratan los servicios", y, por ende, reducen la presión fiscal sobre los contribuyentes. Ambos servicios cuestan, por ejemplo, al Ayuntamiento de Cádiz 6,9 millones; al de Puerto Real 7,7; y al de Chiclana, 18,9. En suma, 33,5 millones. Estos tres municipios suman 230.000 vecinos, lo que significa que el coste medio por habitante roza los 150 euros.

La muestra más reciente de la ventaja económica se ha dado en el equipamiento de playas, en el que se ha conseguido un abaratamiento "de entre el 20% y el 25%" sobre el coste global que asumían los ayuntamientos con la gestión individual. El quid es evidente: "No es lo mismo comprar un botiquín que siete, ni 200 metros que 2.000 metros lineales de pasarela", o que, simplemente, una misma empresa trabaja en toda la Bahía, con el ulterior efecto homogeneizador que se obtiene.

Otro ejemplo es la unificación del servicio de recogida de animales, cuya ordenanza ya ha sido aprobada y está pendiente de ser refrendada por los ayuntamientos. El presupuesto global que soportaban actualmente los siete ayuntamientos superaba los 500.000 euros y la propuesta mancomunada contempla 800.000 pero con esta cantidad se construirá también un nuevo centro en Chiclana "con todas las garantías de atención, veterinaria, calefacción...".

Pero si de ahorro se trata la mejor demostración la ha puesto sobre la mesa la UCA. Según un estudio realizado por la Universidad sobre la aplicación de la normativa de control de la contaminación acústica a la que están obligados todos los municipios, la gestión centralizada cuesta 1,1 millones, mientras que la suma de las siete individuales llegaría a los 2,3 millones, más del doble. La razón es obvia: se pierden sinergias y la capacidad de optimizar personal y equipos.