Hubo un tiempo en el que hacer turismo consistía en viajar a otra ciudad o lugar del mundo y pernoctar en un hotel durante ese viaje. Con el paso de los años y la evolución de la sociedad, otros tipos de alojamiento fueron apareciendo y asentándose. Es lo que se denomina un "nuevo modelo de negocio", que en el caso de Cádiz su penúltima parada ha sido la modalidad de apartamentos turísticos, que están irrumpiendo con fuerza en estos últimos años. "Ahora se viaja con la familia completa, no como antes", afirma un experto en la materia. Y a todo el panorama de alojamientos turísticos se une ahora un nuevo inquilino: las denominadas viviendas con fines turísticos.

Ese mercado, que está muy presente en la ciudad aunque su cuota aún es muy pequeña en comparación con las grandes firmas hoteleras, con hostales y pensiones o con los edificios que últimamente se vienen destinando a apartamentos turísticos, queda recogido con una nueva legislación que acaba de publicar la Junta de Andalucía y que entrará en vigor en apenas quince días.

El nuevo escenario que plantea la regulación de este tipo de alojamientos turísticos fue analizado ayer en una jornada que organizó la Asociación de Viviendas Turísticas y Vacacionales de Andalucía (Apartsur) en la sede de la Fundación Cajasol. Y en ese edificio de la plaza de San Antonio se puso de manifiesto la contrariedad que existe en torno a esa nueva normativa de la Junta entre los propietarios de las viviendas y los responsables de la administración autonómica.

Los primeros mostraron ayer sus preocupaciones por la reglamentación que entrará en vigor el 11 de mayo. Y desde la Junta se defendía esta reglamentación para dar respuesta a la realidad de estos tiempos.

La clave, para el jefe de servicio de la Delegación Territorial de Turismo de Cádiz, Rodrigo Valdecantos, es que esas viviendas que se alquilan con fines turísticos se han sumergido en el sector del hospedaje turístico. "Ahora tienen otras reglas del juego", una reglamentación, unas normas que cumplir, en definitiva.

Así, la Junta obligará a estos propietarios que ayer llenaban la sala de la tercera planta de la Fundación Cajasol a dotar a los dormitorios de ventilación directa (a la calle o a un patio interior) y de sistema de oscurecimiento de las ventanas, a administrar las sábanas y los utensilios del baño necesarios, a dotar a las viviendas de sistemas de refrigeración y calefacción -posiblemente el punto más polémico de la normativa, pues obliga a instalar aparatos de aire acondicionado y de calefacción a los propietarios de estas viviendas-, a la limpieza de la vivienda a la entrada y salida del cliente, a contar con información, a una serie de obligaciones administrativas (como disponer de hojas de reclamación, registro de entrada de viajeros o un contrato con el inquilino), o a contar con un botiquín, entre otras exigencias propias de estos nuevos inquilinos del negocio hotelero de Andalucía.