La disputa entre el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz y el Grupo Municipal Popular por la presentación del informe realizado por Aguas de Cádiz para intentar aclarar los motivos del corte del suministro del agua potable en el barrio de Loreto en octubre de 2014 firmará un nuevo capítulo en sede judicial. 

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cádiz ha señalado para el viernes 13 de mayo, a las 10.30 horas, el acto de conciliación tras la presentación de la papeleta previa a la interposición de una querella criminal por parte del PP de Cádiz contra el alcalde de Cádiz, José María González; el presidente de Aguas de Cádiz, Manuel González Bauza ; y el jefe del Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia; por los presuntos delitos de calumnias e injurias. 

El objeto de esta petición, en la que figuran como demandantes la ex alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez; el ex presidente de Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní, el concejal del PP José Blas Fernández y el propio Grupo Municipal Popular,  se centra en las declaraciones de González Santos ante los medios de comunicación el pasado 7 de marzo en las que denunció que el anterior equipo de Gobierno había permitido el consumo de agua contaminada "a sabiendas" a los vecinos de Loreto. Unas manifestaciones que se vieron refrendadas posteriormente por González Bauza en el momento de la entrega del estudio de Aguas de Cádiz a la Fiscalía y por la intervención de Barcia en la asamblea  de vecinos  en la que los técnicos explicaron a los vecinos las conclusiones del citado informe. 

La entrega de la citación a las partes durante el día de ayer sirvió para que los dos bandos se volvieron a cruzar acusaciones. El regidor municipal, José María González, avisó al PP que la respuesta que realice "será contundente en el Juzgado". 

Por un lado, señaló que las manifestaciones que hizo están "al amparo de un informe técnico elaborado de forma independiente" y que ha sido entregado a la Fiscalía.  Por el otro, atacó al PP al afirmar que "van vendiendo querellas sin que las formalice sólo para manchar la imagen o atacar". "No van a conseguir amilanarnos y le daremos una respuesta contundente en el Juzgado, sin perjuicio de otras respuestas contundentes que podamos dar", declaró el regidor. 

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní, dijo sobre el señalamiento del acto de conciliación que "éste es un paso previo para que González Santos, su asesor y González Bauza tengan que mantener o retractarse ante un juzgado de la barbaridad que dijeron. Acusar falsamente a alguien de contaminar a sabiendas al barrio de Loreto durante 14 días fue algo miserable, además de una mentira, y suponemos que González Santos, que ya tenía que haber dimitido por esto, no pensará que le iba a salir gratis. No se puede acusar de un delito de tal gravedad a alguien sin pagar las consecuencias. Ahora tendrá que mantenerlo o retractarse en un juzgado, y ahí es donde le estamos esperando".

En el escrito de formulación de la papeleta de conciliación, los demandantes pidieron que, en este acto, González Santos, González Bauza y Barcia reconozcan las manifestaciones que se denuncian, que éstas son "injuriosas y/o calumniosas y se han efectuado con la intención de desprestigiar públicamente a los demandantes", que no realicen más "expresiones calumniosas o injuriosas" y que rectifiquen sus declaraciones tanto ante los medios de comunicación como ante  la asamblea de vecinos. 

Por todo ello, solicitaron una indemnización de al menos 100.000 euros por "los graves daños y perjuicios morales que dichas acusaciones, expresiones, informaciones y manifestaciones han producido en el honor y la fama de los demandantes".