Obtener la nulidad matrimonial en la diócesis será ahora mucho más rápido. El obispo diocesano ha adoptado una decisión, respaldada por la Santa Sede, que agiliza notablemente los procesos de invalidez de los matrimonios eclesiásticos. Básicamente, la clave está en la restauración del Tribunal Diocesano para los procesos de nulidad matrimonial, un órgano que hace descartar las dos instancias que hasta ahora se necesitan (una primera diocesana y una segunda establecida en Sevilla) para otorgar la nulidad.

El Obispado explica, a través del vicario judicial Pedro Velo, que desde el pasado 1 de marzo está en vigor este tribunal diocesano, que pone fin a la anterior organización, que se remonta a 1982 -cuando los obispos de Huelva, Córdoba, Jerez y Cádiz, junto al arzobispo de Sevilla, establecieron la doble instancia de sus tribunales, que ha estado en vigor durante estos 34 años, en los que "han sido ingentes las causas instruidas y sentenciadas dando así respuesta a los fieles que requerían la justicia de los tribunales eclesiásticos", según indica Zornoza en el decreto publicado el 1 de marzo.

Ahora, gracias a la decisión adoptada por Rafael Zornoza y apoyada por la Sede Apostólica -a raíz del Motu Propio del Papa Francisco Mitis Iudex Dominus Iesus, en el que el pontífice resalta la responsabilidad judicial de un obispo en su diócesis- para declarar nulo un matrimonio bastará con la resolución que adopte el tribunal diocesano. Queda Sevilla, por tanto, a partir de ahora como un tribunal de apelación o de segunda instancia para aquellos casos que sean recurridos porque alguna de las partes no esté de acuerdo.

La medida agilizará los procesos de tal forma que se prevé que el fallo en primera instancia no dure más de un año, pronunciándose Sevilla en segunda instancia -en aquellos casos en que sea necesario- en un plazo no superior a seis meses. Se recorta así, de manera considerable, un procedimiento judicial que se prolongaba durante años.

El Tribunal Diocesano para las causas de nulidad de matrimonios estará presidido por Pedro Velo, como vicario judicial, habiendo sido nombrados por el obispo jueces eclesiásticos el propio Pedro Velo y los sacerdotes Guillermo Domínguez Leonsegui y Antonio María Alcedo. Se da la circunstancia, según explica Velo, que el obispo podría incorporar dos jueces laicos en el tribunal (doctores o licenciados en Derecho Canónico) junto al juez clérigo; algo que antes estaba reservado solo a un laico idóneo y requería permiso de la Conferencia Episcopal. Por su parte, José Luis Caburrasi (el anterior vicario general de la diócesis) ha sido designado Defensor del Vínculo, actuando en el tribunal como notario Elías Velo.