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Cádiz

El 'funcionario fantasma' alega mobbing y pide la revisión del caso

  • Niega haber estado años sin acudir al trabajo y envía una carta al alcalde pidiendo mediación.

El exfuncionario que ha sido condenado a devolver 26.920,93 euros al Ayuntamiento por haber dejado de acudir a su puesto de trabajo durante seis años va a pedir la revisión de la sentencia y de todo el expediente que en su día le abrió el Consistorio y que derivó en ese proceso judicial que hoy le reclama en firme esos casi 27.000 euros, en una sentencia que no admite recurso. Además de esto, el caso ha llegado ya a la mesa del alcalde. Y es que el funcionario fantasma -como popularmente se ha bautizado tras la información publicada por este periódico hace varios días- ha enviado una carta a José María González en la que le pide que no ejecute esa sentencia; o dicho de otro modo, que no le obligue a devolver esos casi 27.000 euros que habría cobrado indebidamente.

Este ex-trabajador del Ayuntamiento (prejubilado desde 2011, cuando estaba suspendido en funciones por su supuesta falta al trabajo) niega los hechos por los que ha sido condenado. De hecho, desde el despacho de abogados que ha llevado el caso en su última fase se aluden a motivos políticos que estarían detrás de esta sanción. "Tuvo enfrentamientos políticos con José Blas Fernández", asegura la defensa del funcionario.

Según expusieron en un escrito remitido al Ayuntamiento en 2013 (y que estaría pendiente de resolución, por lo que la defensa entiende que el caso no está cerrado aún), el funcionario ingresó como personal laboral en el año 1990 y obtuvo plaza como funcionario de carrera en 2005. Sería desde abril de 1998 cuando pasaría a prestar servicios a Aguas de Cádiz como técnico, acordándose en 2010 -después de varias renovaciones de ese convenio- que volviera a su anterior puesto de trabajo en el Ayuntamiento.

Ese 'ascenso' a funcionario en el año 2005 es una prueba fundamental, a juicio de la defensa, de que estaba cumpliendo su labor como personal contratado por el Ayuntamiento. Y a ello se une también que el hecho que derivó en la apertura del expediente municipal y en el proceso judicial posterior nace de la petición de vacaciones por parte de este funcionario. Sí se alega desde el despacho que ha llevado el caso que el funcionario desistió de la defensa de su expediente de sanción por motivos que desconoce, pese a lo cual se puntualiza "que no es reconocer los hechos".

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