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Cádiz

Los monitores de apoyo denuncian unas condiciones de trabajo "lamentables"

  • Dicen sufrir discriminación con respecto al personal laboral de la Junta al prestar el mismo servicio pero externalizado

El Comité de Empresa del colectivo de monitores de apoyo de educación especial de la escuela pública denunció ayer "las condiciones de trabajo lamentables y la discriminación tanto laboral como económica que sufrimos" respecto a los empleados que cumplen las mismas funciones pero forman parte del personal laboral de la Junta.

La Agencia Pública de Educación y Formación saca a concurso este servicio cada dos años y "siempre se apuesta por la empresa que puje a la baja, lo que repercute en la merma de nuestro salario, nuestras condiciones y, por tanto, en la calidad del servicio", explicó Juan Andrés Soria, representante del colectivo.

El miembro del Comité de Empresa dice que esta situación la están sufriendo los "más de 170 trabajadores de la provincia contratados por dos empresas, Eulen y Samu, que estamos siendo discriminados tanto en lo laboral como en lo social" porque, además, según la empresa a la que pertenezcan tienen diferentes bases salariales y distintas categorías profesionales.

La principal reivindicación de los monitores de apoyo de educación especial de los colegios públicos es que "se cumpla el pliego de condiciones y el convenio colectivo y que se abra el proceso para acreditar a las personas que actualmente se encuentran prestando este servicio externalizado y así, acabar con la incertidumbre laboral que estamos viviendo".

A modo de ejemplo, Juan Andrés explicó que "muchos de nosotros hemos pasado en 2015 por tres empresas distintas".

Una de las amenazas que vuela sobre sus cabezas, el despido, ya se ha hecho realidad para algunos compañeros, por ello el integrante del Comité sostiene que "nos sentimos desprotegidos".

El escollo más importante que encuentran es que la Junta ha abierto un proceso de acreditación que termina en 2017 en el que se exige que cada trabajador posea el título de Técnico en Integración Social o una acreditación para la que solo se sacaron 300 plazas en 2015, en un colectivo formado por 900 personas en toda Andalucía. Critican también que la Junta no tenga en cuenta que "más del 60% de los monitores tiene incluso una titulación superior a la de Técnico en Integración Social y experiencia de más de 10 años".

Julio Gutiérrez, también miembro del Comité, resaltó la labor que desempeñan en los centros educativos "donde se ha creado un vínculo muy especial entre los monitores y los alumnos. Nos gusta nuestro trabajo y amamos lo que hacemos".

Los buenos resultados son refrendados por los padres y madres de estos menores con necesidades especiales, apunta Julio, porque "contamos con su apoyo, con el de los profesores y los equipos directivos de los colegios. Para nosotros son nuestros niños".

La situación, que afecta a todos los trabajadores que prestan el servicio externalizado en este colectivo en Andalucía, les ha llevado a plantear próximas movilizaciones para conseguir el cumplimiento del convenio colectivio y la acreditación profesional de su labor.

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