La propuesta del equipo de Gobierno de declarar como ilegítima la deuda municipal referida a los intereses a los que se tiene que hacer frente sigue coleando y no quedó en el salón de plenos. Pese a que la iniciativa de Por Cádiz sí se Puede y Ganar Cádiz fue tumbada por la oposición, el hecho de que en Chiclana saliera adelante una iniciativa parecida apoyada por los socialistas, ha dado alas al equipo de Gobierno para contraatacar.

El Grupo Municipal Socialista echa mano de un informe del interventor municipal para justificar su postura. En este sentido, Juan María Moreno Urbano firma un documento el pasado 24 de noviembre tras recibir la propuesta municipal sobre la quita parcial de la deuda municipal y de aquella destinada al Fondo de Financiación del pago a Proveedores, "así como de su declaración de ilegitimidad (total o parcial), tanto de esta como de sus intereses".

El interventor dice que en la propuesta del equipo de Gobierno se habla de trabajos de auditoría internos realizados. Sin embargo, tal y como aparece en el informe redactado por el alto funcionario municipal, "esta Intervención no ha realizado en el ejercicio de sus funciones" la misma, por lo que entiende que a lo que se refiere la propuesta es "al estudio de los datos sobre la deuda financiera que haya podido realizar el personal asesor de los grupos de gobierno sobre la base de los datos suministrados por el área económica del ayuntamiento".

Y una parte que el PSOE considera muy importante y que así lo refleja el propio informe y es que todos los contratos de préstamos que tiene en vigor el Ayuntamiento son legales y, además, la deuda ha sido fiscalizada por los órganos competentes.

El interventor realiza otro informe apenas dos días después cuando se vuelve a presentar la propuesta por segunda vez para declarar ilegítima la deuda. La diferencia que había con la primera presentada por el equipo de Gobierno es que se eliminó la acepción "lesiva" respecto de la deuda, aunque se mantenía las de "excesiva" y "dañosa".

Asimismo se cambió el término de "deuda ilegal" por el de "ilegítima", que reconoce el interventor que tiene un sentido más amplio "y con menor peso jurídico". El interventor dice en su informe que no entra "en consideraciones de tipo político o de oportunidad ni tampoco en analizar las decisiones adoptadas y gestión seguida que dan lugar al endeudamiento", remitiéndose a las cifras de endeudamiento de las que viene informando.

Sin embargo, incide y reitera que todos los contratos de préstamos que tiene el Ayuntamiento en vigor "han sido aprobados conforme al procedimiento legalmente establecido y previa fiscalización por los órganos competentes de la corporación", de manera que las obligaciones consecuentes han de ser afrontadas por el equipo de Gobierno.