El Ayuntamiento de Cádiz y el Decanato del Partido Judicial de Cádiz han firmado hoy el protocolo antidesahucios, con el que el Consistorio gaditano gana “capacidad de reacción” para evitar desahucios en la ciudad.

A la firma del protocolo han acudido el alcalde de Cádiz, José María González, y el juez decano de Cádiz, Pablo López, además de la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, Eva Tubío.

El regidor ha resaltado que con la firma de este protocolo elaborado conjuntamente “se hace realidad lo que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz venía hablando desde junio: la materialización de los derechos de las personas a la vivienda”.

“En Cádiz estamos más cerca de que las actuaciones en materia de desahucios dejen de estar sujetas a la improvisación y vayan orientadas a dar una respuesta ordenada y protocolarizada”, ha afirmado el alcalde, resaltando la “gran capacidad de reacción” que gana el Ayuntamiento de Cádiz con este protocolo, acercándolo “a la solución” a este problema. En este sentido, ha remarcado que “el poco tiempo de reacción que el Ayuntamiento de Cádiz tenía para actuar ante estos casos”.

Oficina de Defensa de la Vivienda

Gracias al protocolo, los juzgados de Cádiz informarán en tiempo real a la Oficina de Defensa de la Vivienda “para que, desde el minuto 1, y si la familia quiere, se comience en el proceso de mediación para buscar solución tanto para la propiedad como para la propia familia que puede ser desahuciada”. El alcalde añade que éste es “un recurso más con el que los gaditanos pueden contar desde ya”.

“En días como los de hoy se pone de manifiesto que en el Ayuntamiento de Cádiz se cumple con la palabra dada, que el Ayuntamiento de Cádiz va a ser un escudo de sus vecinos, y el protocolo antidesahucios es materialización de eso mismo”, ha aseverado.

Lo que hoy se logra con el protocolo antidesahucios es una “apertura de un canal de comunicación directo, que es lo que perseguíamos con este protocolo entre juzgados y Ayuntamiento, potenciando así la capacidad de intermediación del Ayuntamiento de Cádiz y las partes implicadas en el desahucio en cuestión”.

Por su parte, el juez decano de Cádiz ha manifestado que el protocolo antidesahucios es trabajo también “de todos los jueces de Cádiz”, que han contado “con el apoyo y beneplácito del Consejo General del Poder Judicial y de la Sala de Gobierno del TSJA, que nos han alentado en la firma de este protocolo”.

En este punto, ha indicado que la disposición de los jueces del partido judicial de Cádiz a colaborar con el Ayuntamiento de Cádiz para facilitar información sobre las familias en riesgo de desahucio es “total”, puntualizando que “el procedimiento legal tiene que seguir sus trámites y no podemos salirnos de los cauces legales”.

Al hilo, ha detallado que “toda la información que se va a facilitar al Ayuntamiento de Cádiz debe contar con el reconocimiento expreso de las personas afectadas, ya que puede haber personas que no deseen acceder a esta ayuda”.

“Vamos a intentar organizar un enlace entre Ayuntamiento de Cádiz y el Decanato del Partido Judicial de Cádiz para que la información sea lo más fluida posible y empezar desde ya a colaborar en este tipo de actuaciones”, ha explicado Pablo López, que ha calculado que “desde que se presenta la demanda hasta que se señala el lanzamiento del desahucio pasa entre 45 y 60 días, pero este periodo se puede ver alterado por el hecho de que el demandado pueda formular oposición”. Ello, unido a las prórrogas que comprende la Ley, suele retrasar el plazo de ejecución “hasta los cinco o seis meses”.

El juez decano de Cádiz considera que existe “la necesidad de potenciar la intermediación” y que es “fundamental” que “antes de que se judicialice el conflicto se solventen las diferencias desde el diálogo”.

Programa “Alquiler justo”

La concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha adelantado que se está elaborando por parte del Ayuntamiento de Cádiz un programa que se denominará ‘Alquiler justo’, que consistirá en “la puesta en contacto con entidades bancarias y tenedores de vivienda de la ciudad para que ofrezcan esos pisos vacíos a precios asequibles en alquiler”.

“Hay buena disposición de momento, aunque el problema es de confianza, garantía y seguridad”, ha apuntado Tubío, que aboga por desarrollar este programa “de forma reglamentada y a través de acuerdos que den garantías”.