"Este equipo de Gobierno tiene el más absoluto compromiso de hacer frente a todos los pagos, sean financieros o no, y garantizamos también el pago de los salarios de todo el personal de este Ayuntamiento. Afirmamos en voz alta que el sueldo de los empleados públicos no corre ningún peligro ni lo correrá mientras este Ejecutivo sea el que gobierne este Ayuntamiento. También ratificamos que los bancos cobrarán sus créditos y los proveedores cobrarán sus facturas. Somos capaces de gestionar y de trabajar con entidades bancarias haciendo política de otra forma, con compromiso social y responsabilidad ciudadana. Y esta propuesta nos permite saber quiénes defienden los intereses de la banca y quiénes los intereses de la ciudadanía. Ha llegado el momento de que se pronuncien a favor o en contra, de que elijan entre dinero para intereses o dinero para mover la economía y crear empleo". Fue el concejal de Economía, David Navarro, quien rubricó ayer este discurso en una de sus intervenciones durante el intenso debate sobre la propuesta presentada por el propio equipo de Gobierno de declarar ilegítima parte de la deuda municipal (cifrada en unos 14 millones) y, en consecuencia, solicitar una quita parcial al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

No obstante, lejos de apoyar la iniciativa, todos los partidos de la oposición la criticaron y la rechazaron, acusando además al Gobierno de José María González de hacer "demagogia", de querer crear "una cortina de humo", de no saber gestionar y de querer confundir a la ciudadanía utilizando de manera incorrecta el término "ilegítimo".

Este punto, el cuarto del Pleno, dio para mucho. La oposición incidió en la necesidad de renegociar las condiciones de pago de los créditos que el Consistorio mantiene con diferentes entidades bancarias, y el Gobierno municipal insistió en su intención de lograr una "reflexión política" sobre este asunto "para saber hacia dónde queremos ir".

El líder de Ganar Cádiz, Martín Vila, pidió "rigor" a la oposición "porque en ningún momento se duda de que vayamos a dejar de pagar la deuda". Y defendió que el objetivo principal que se habían marcado con esta propuesta era conseguir "el compromiso de todas las fuerzas políticas para solicitar al Ministerio de Hacienda que se rebele contra las normas injustas", en alusión a los intereses que consideran excesivos de los créditos de los Fondos para la Financiación del Pago a Proveedores.

Pero además de debatir sobre la propuesta en cuestión, tanto el PP como el PSOE dedicaron parte de sus alocuciones a hacer referencia a dos informes elaborados esta misma semana por el interventor municipal. El funcionario asegura en uno de ellos que, aunque en la propuesta del Gobierno municipal se habla de "trabajos de auditoría interna realizados", hasta el momento "esta Intervención no ha realizado en el ejercicio de sus funciones esa auditoría interna", por lo que el interventor entiende que el documento debe referirse al "estudio de los datos sobre la deuda financiera que haya podido realizar el personal asesor de los grupos de gobierno sobre la base de los datos suministrados por el área económica del Ayuntamiento".

Ante esto, el portavoz del PP, Ignacio Romaní, pidió a Navarro que aclarara si se estaba realizando una auditoría interna y si la estaban haciendo sus asesores, "los cuatro de Podemos". No obstante, no obtuvo respuesta a esta pregunta ni tampoco a este otro interrogante: "¿Qué tipo de interés vais a pedir a los bancos con los que estáis negociando el crédito para el pago a proveedores?

Por su parte, el portavoz socialista, Fran González, manifestó su preocupación por el hecho de que "las acciones las esté realizando el equipo de Gobierno a espaldas de los propios técnicos municipales".

Además, tanto Romaní como González criticaron las modificaciones de la propia propuesta que se vio obligado a realizar el equipo de José María González tras "enmendarle la plana el interventor", eliminando por ello la palabra "lesiva" respecto a la deuda y sustituyeron el concepto de "deuda ilegal" por el de "deuda ilegítima", aun significando este último término que "no ha sido hecho o establecido de acuerdo con la ley o el derecho". Es por ello que el interventor puntualiza en el segundo informe que todos los contratos de préstamos que tiene actualmente el Ayuntamiento en vigor han sido aprobados "conforme al procedimiento legalmente establecido y previa fiscalización".

Navarro aprovechó para sacar una fotocopia de una información publicada ayer por este periódico que recoge que el PSOE de Chiclana apoya la propuesta de Por Chiclana Sí Se Puede de declarar ilegítimos los intereses de la deuda municipal. "No es lo mismo", espetó el líder socialista, y ambos se enzarzaron en una disputa dialéctica que acabó con las disculpas del edil de Economía tras referirse a los cinco concejales del PSOE como "gallinero socialista".

En su intervención, el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, rechazó la ilegitimidad de la deuda, y reprochó al equipo de Gobierno que aún no haya presentado al resto de partidos ni un plan de saneamiento de la deuda ni un plan financiero. "Hasta el momento sólo tenemos esta propuesta que no tiene la consistencia que esperábamos", lamentó. Romaní fue más mordaz y la calificó como "un panfleto mal elaborado".