El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz quiere que el Ejecutivo central declare que tanto la deuda contraída con entidades bancarias de los Fondos para la Financiación del Pago a Proveedores (FFPP) como sus intereses son ilegítimos.

Esta propuesta será llevada por los grupos municipales de Por Cádiz Sí Se Puede y Ganar Cádiz al próximo Pleno de este viernes al considerar que la mayor parte de la deuda financiera que soporta el Consistorio es ilegítima. Según las auditorías internas realizadas en el Ayuntamiento, la evolución de la deuda municipal viene propiciada principalmente por dos motivos: la convertibilidad de deuda comercial en financiera y la formalización de créditos y préstamos para obras como la Tribuna del Carranza.

En la propuesta que presentarán al Pleno se dice que la conversión de la deuda comercial en financiera, propiciada por los diversos decretos elaborados por el Gobierno central para el pago a los proveedores, y que permitió cancelar la anterior deuda de 89,9 millones de euros, propició que entre 2013 y 2015 se adquiriera una nueva deuda con los proveedores por un importe superior a los 40 millones de euros. Actualmente, además de esta, el Ayuntamiento aún debe el 99,73% de los 89.953.150 euros que pidió a los FFPP. Es decir, le quedan por pagar aún 89.712.760 euros (más intereses) a 13 entidades bancarias, entre las que figuran las más importantes del país.

El equipo de Gobierno considera que la ilegitimidad de parte de la deuda radica principalmente en los intereses sobre los cuales se han establecido los préstamos, considerándolos muy superiores a los que el BCE utiliza para prestar dinero.

Según los cálculos municipales, a lo largo del periodo de amortización de los préstamos encuadrados dentro de los FFPP habrá desembolsado 15.385.967 euros en concepto de intereses hasta 2024, a lo que habrá que sumar 1.383.603 por el ICO 2011 (que ya está amortizado) y que también se dedicó al pago a proveedores. Todo ello suma 16.769.570 euros. Estos intereses, en caso de haberse formalizado los préstamos al tipo de interés establecidos por el BCE, siempre inferiores al 1% desde el 8 de diciembre de 2011, hubiesen sido de 2.127.258 euros. Es decir, que el Ayuntamiento de Cádiz habrá pagado 14.641.776 euros por la imposibilidad de solicitar los créditos directamente al BCE.

A su vez, también pedirán al Pleno que "muestre su disconformidad con la prioridad absoluta del pago de la deuda que se establece en la redacción del artículo 135 de la Constitución", y por tanto solicitarán su derogación "o su sometimiento a referéndum popular", dice la propuesta.

En la misma, el equipo de Gobierno solicitará al Pleno que declare el volumen de endeudamiento del Ayuntamiento de Cádiz y los intereses pagados (y por pagar) sobre los créditos de los FFPP como "ilegítimos, excesivos y dañosos" para los intereses públicos municipales y de los gaditanos, e iniciar las gestiones pertinentes ante el Gobierno central, y en especial ante el Ministerio de Hacienda, "a fin de conseguir la declaración del volumen de deuda y de los intereses indicados como ilegítimos" según los estudios de diferentes expertos como Alexander Sack o más recientemente de Eric Toussaint para el Comité de Anulación de la Deuda del Tercer Mundo.

Otra medida importante de esta propuesta será solicitar al Gobierno la calificación del exceso de intereses pagados a la banca privada como parte del capital pendiente de amortización por los préstamos para pagos a proveedores. Por ello pedirán la quita parcial de la deuda por el importe de los intereses pagados en exceso.

La deuda viva del Ayuntamiento de Cádiz era de 91 millones en el año 2008 y en 2014 se situaba en 213 millones de euros, un aumento descomunal para una ciudad pequeña. Con esta propuesta el Ayuntamiento de Cádiz busca una salida a esta deuda que la paraliza.