La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Cádiz ha presentado al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, un escrito de queja sobre la situación de la vivienda en la capital gaditana y los "problemas de muchas familias gaditanas para su acceso".

Según ha indicado la asociación en un comunicado, en su escrito ha denunciado la situación de "emergencia habitacional" existente en la ciudad y la "pasividad de las administraciones para resolverlo".

Uno de los puntos de mira lo ha puesto la Asociación Pro Derechos Humanos en el Ayuntamiento de Cádiz. En este sentido señalan que aunque se ha votado en un pleno una serie de medidas para tratar de mejorar la situación en esta materia en la capital gaditana, "hace falta ponerlas en marcha sin dilación" por parte del Consistorio. Sin embargo, el principal foco lo pone en la Junta de Andalucía "que hasta el momento ha abdicado de cumplir el precepto estatutario del derecho a una vivienda digna para todos los andaluces y, por lo tanto, para todos los gaditanos y gaditanas".

Para ello califican como un "incumplimiento" el convenio entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de Fomento y Vivienda en los programas para las ayudas al alquiler de vivienda, "con una pérdida de fondos que no conocemos su destino".

La entidad que lidera Rafael Lara considera que eso mismo pasa con el programa de rehabilitación firmado recientemente entre la Junta y el Ayuntamiento "que parece que finalmente va destinado exclusivamente a la mejora de las propias viviendas del parque de la Junta.

Así, la asociación ha pedido al Defensor del Pueblo Andaluz que intervenga ante la problemática de las personas en situación de pobreza que no pueden acceder a una vivienda pública en alquiler ni reciben ayudas al alquiler para su acceso al mercado libre.

En este sentido, ha apuntado que según datos recogidos del Plan Municipal de Vivienda aprobado el pasado mes de mayo, 6.452 personas están inscritas en el Registro Municipal de Vivienda, de las que 3.521 tienen unos ingresos inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y 1.126 están por debajo del 1,5 veces el Iprem.

Igualmente, ha pedido al Defensor del Pueblo su intervención ante la actuación de las personas que habitan en infraviviendas, que se calculan en 450 según datos del mencionado Plan Municipal.

Finalmente, ha indicado que también ha pedido que convoque a los colectivos sociales que trabajan en Andalucía en temas de vivienda y exclusión social, en el marco del Pacto por la Vivienda que el Defensor ha pedido en reiteradas ocasiones ante los poderes públicos y ante el Parlamento andaluz.

La Asociación Pro Derechos Humanos se ha caracterizado por ser muy crítica por la situación de la vivienda en la capital gaditana, como así lo mostró por ejemplo poco antes del Pleno extraordinario sobre la Vivienda que se celebró hace unas semanas en el Ayuntamiento. En este sentido demandaron que esa sesión no se convirtiera en "un espectáculo político".

De este modo, incidieron en que había que trabajar en determinadas medidas urgentes que van relacionadas con los suministros básicos, "aún no resueltos"; en el funcionamiento de los área de servicios sociales; en la adopción de ordenanzas para el fomento de alquiler; la eliminación de las infraviviendas y en posibilitar la rehabilitación o construcción de nuevos pisos en los inmuebles o solares propiedad de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, entre otras medidas.

La APDHA habla de una situación de "emergencia habitacional" en Cádiz y para ello ofrece como cifra que hay una lista de demandante de viviendas que alcanza las 6.500 personas mientras que hay 7.000 pisos que se encuentran vacíos. A ello se le une la existencia de unas 400 infraviviendas y que hay unas 160 personas sin hogar.

La entidad quiere que se tomen todas las medidas que sean necesarias "que permita atender y alcanzar un acuerdo entre Ayuntamiento y Junta que permita atender la situación de tantos gaditanos que reclaman el cumplimiento de un derecho humano: vivir dignamente".