-Ustedes han dicho que en Asuntos Sociales hay un agujero de 1,7 millones de euros. ¿Cómo se ha llegado a esa situación? ¿Peligran, por otra parte, las ayudas a los usuarios?

-El agujero viene de una manera general porque no se han hecho políticas para resolver los problemas reales, políticas que favorezcan el empleo, que al fin y al cabo es lo que los gaditanos necesitan, y tampoco se ha hecho un plan económico de la delegación. No había un control de los gastos, los presupuestos eran muy genéricos, de manera que la diferentes áreas no eran capaces de controlar ese gasto. Todo eso unido al concepto de Delegación de Asuntos Sociales que tenía el PP que era de carácter asistencialista, de ayudas que son puntuales y que no resuelven el problema de las familias más allá de darle la luz y el agua y que lo que ha provocado es una cronicidad de una situación que era mala pero no tanto. Lo que hemos hecho dentro de nuestra apuesta por los servicios sociales ha sido la de priorizar la delegación y hacer un trasvase de créditos de otras delegaciones, de Deportes por ejemplo, de gastos que eran superfluos y que se están trasladando a asuntos sociales. Con ese traslado de crédito se van a mantener los pagos y así irán a la junta de Gobierno, pero sí es cierto que nos impide tomar la delegación como queríamos y desarrollar políticas novedosas. Aún así lo estamos haciendo.

-¿Cómo se lleva a cabo ese paso de política asistencial que ha estado haciendo el PP y que tenéis que seguir prestando en el punto de vista asistencia al proyecto que ustedes tienen?

-El objetivo de la delegación es que debe ser un espacio donde se den derechos a los ciudadanos y ciudadanas. Partiendo de esa base y que debe ser un espacio de normalización de los ciudadanos, se está trabajando en diferentes líneas como cambiar los protocolos de actuación y se está empezando a trabajar con otras delegaciones porque hasta ahora la de Asuntos Sociales se veía como un compartimento estanco, por lo que se está colaborando de una manera transversal con la Mujer, con Fomento, con Vivienda, de lo que va a salir por ejemplo el Protocolo Antidesahucio . Las líneas de trabajo son esas, entendiendo que la ayuda ha de ser integral y no puntual. Al ciudadano no se le puede pagar sólo la luz y el agua y que se vaya a casa.

-¿Esas ayudas asistenciales han hecho que muchas personas hayan acabando sobreviviendo exclusivamente de ello durante mucho tiempo?

-Esto tiene distintos enfoques. Nadie que viene a Asuntos Sociales viene agradablemente ni porque le gusta. De hecho nos llegan personas que llegan en una situación muy grave porque tienen ese pudor o esa falta de dignidad que parece que está asociada a que te atiendan en asuntos sociales. Hay personas que se ven abocadas a vivir de las ayudas pero es porque no se le dan otras alternativas. Está claro que la alternativa básica ha de ser el empleo. El concepto de exclusión social se utiliza últimamente muy a la ligera. Yo vengo de trabajar con esos colectivos y de la psicología y se usa muy a la ligera y tenemos a muchas personas que no estarían en Asuntos Sociales si no lo necesitaran. Ellos mismos te lo dicen. "Yo no quiero que me paguen la luz o el alquiler. Yo quiero trabajo y en el momento que lo tenga no voy a estar aquí".

-¿Necesita reforzarse la delegación tras la salida de los 24 trabajadores el año pasado y cómo lo harían con una situación financiera municipal tan delicada?

-En el despido de los trabajadores, lo legal lo establecen los jueces, pero lo consideramos injusto. Estamos hablando de una delegación que no es muy grande pero que asume muchas responsabilidades de las que se cortó de raíz a 24 trabajadores. Sí que necesitamos a personal y el anterior equipo de Gobierno para justificar que no había una merma en la calidad asistencial, redujo las citas a dos días a la semana, en agosto no se atendían nada más que a las urgencias. Hacía falta personal entonces y ahora también. Tenemos problemas de presupuestos. Y aparte la situación de cada uno de los trabajadores es distinta porque hay algunos que tienen ya una sentencia firme y otros no. La apuesta es que estos trabajadores acaben reincorporándose a la delegación y estamos viendo las posibilidades conjugando lo legal y la situación económica en la que nos encontramos.

-Hay otro asunto que pesa sobre Asuntos Sociales como es el caso de Matadero, donde el fiscal veía indicios de que podía haberse producido una prevaricación. ¿En qué situación se encuentra este proceso?

-En principio entendemos que la ley es la que tiene que decidir pero sí que tenemos la sensación de que eso tiene que ser un aviso a navegantes, los procesos en los que se dan casas o se dan ayudas tienen que ser transparentes, públicos y no puede ser de otra manera. Esa debe ser la línea de la delegación y de todo el equipo de Gobierno. Algo oscuro como esto sin entrar en lo legal o ilegal, no puede ocurrir.

-¿La gente le para por la calle al saber que usted es la concejala de Asuntos Sociales?

-Sí que me encuentro a ciudadanos que me preguntan, que me cuentan el problema que tienen, que han ido o no a Asuntos Sociales. Normalmente la gente es bastante educada y tienen ese punto de desesperación porque han ido a Asuntos Sociales y no se les ha solucionado el tema o simplemente porque no saben dónde acudir. Hay veces que vienen con temas que no son directamente de mi delegación pero creo que estamos dando una imagen distinta de accesibilidad. Eso me lo recuerdan y agradecen mucho, el que me pare, el que les indique... Si vendemos esa imagen de accesibilidad y que somos ciudadanos normales tenemos que pararnos con la gente que nos pregunta para ayudarles en la medida de lo posible. A mí me preocupa la sensación que tengo a veces de que con el anterior equipo de Gobierno esto era una puerta de atrás para conseguir cosas que no se podían conseguir por las vías oficiales. A mí me preocupa eso y quiero que eso deje de ser así. Eso no quiere decir que no me vaya a parar con todas las personas que me piden en la calle y sobre todo orientarlos hacia dónde acudir.

-¿Quiere decir que se solucionaban cosas en el anterior equipo de Gobierno sin pasar por los trámites reglados?

-Entiendo que esas situaciones estaban ahí por la sensación que tengo. Se veía al concejal o concejala como una figura autoritaria que se podía saltar los procedimientos. A todas las personas les dejo muy claro que los técnicos son los especialistas, que la delegación tiene que funcionar tan bien para que nadie tenga que hablar conmigo o con el alcalde, que se vayan de la delegación sintiéndose atendidos con calidez y humanidad. Ese debe ser el objetivo de esa delegación y que no sea necesario reunirse conmigo ni con el alcalde.

-¿En qué nivel de emergencia social estamos? Hay gente que critica que se dé esa imagen de una ciudad como Cádiz donde se diga que los niños no puedan hacer todas las comidas.

-Tenemos un 28%, según algunas entidades serias como Cáritas, de porcentaje de población en riesgo de exclusión social. A mí me parece un porcentaje terrible para una ciudad tan pequeña. El último censo de personas sin hogar que ahora se está actualizando era de 160 personas. Cádiz es una ciudad muy pequeña para tener a 160 personas sin hogar viviendo en cajeros automáticos, en plazas. Hay una emergencia social, claro que sí. Hay familias que llegan a asuntos sociales porque no tienen que darle de desayunar a sus hijos. Eso es terrible pero real. No es algo que nos guste. A mí me gustaría decir que no tenemos que atender a nadie.

-Un asunto que también ha causado revuelo es el de la Corrala de la Bahía, el caso del edificio ocupado por familias. Sus miembros exigen soluciones y que el alcalde cumpla sus promesas.

-En cuanto a La Corrala hay una relación muy buena entre el equipo de Gobierno, y sobre todo el alcalde, con ellos. Están recibiendo información de todos los pasos que se están dando pero la situación es muy complicada y ellos lo saben. La situación que se da con el edificio y la propiedad y estamos tocando diversos palos con diversos agentes para poder resolver esa situación. Ya están empadronados los vecinos que están allí. Esto ha sido un proceso lento pero creemos que es un gran éxito y seguimos trabajando en conseguir en que tengan luz y agua y en la posibilidad que se le pueda dar un alquiler social.

-¿Con el paso del tiempo consideran que fue acertada la presencia del alcalde y el equipo de Gobierno en el desahucio de Benjumeda cuando era ya un hecho?

-Lo ideal sería no llegar a ese momento y para eso hemos hecho este Protocolo Antidesahucio, pero no por nosotros, que al fin y al cabo es algo testimonial, sino para evitar ese trance a la familia, sobre todo si hay menores. Si nosotros debemos estar es que siempre hemos estado. No traemos la mochila política pero sí de la acción y la calle. Yo creo que debatimos mucho esa decisión. Nosotros venimos de los movimientos sociales y no haber estado hubiera sido traicionar a lo que somos y de donde venimos. Además yo creo que el acto era simbólico, nuestra gente nos quería ver allí, nuestros votantes, pero el hecho de que estuviéramos allí tuvo mucha más repercusión y una difusión brutal que permitió que dos días después una persona le alquilara a esta familia una casa. Esa visibilización fue muy buena en este caso concreto.