El convenio de febrero de 2008 lo dejaba claro: el derribo del edificio de la Aduana "se considera clave para el desarrollo de la operación dado el lugar estratégico que ocupa, por ocultar la fachada principal de la estación histórica". El documento dejaba en manos del Ayuntamiento las conversaciones necesarias con el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria para obtener la propiedad del edificio para su posterior demolición. Todo pendiente de "la disponibilidad del immueble y de la aplicación de los correspondientes mecanismos de compensación y sustitución, mediante la puesta a disposición a favor de la Administración General del Estado de un inmueble de similares características al recibido, en cuanto a superficie e instalaciones, y en el entorno de la plaza de Sevilla".

Aunque el convenio en el que se incluía esta valoración sobre el edificio de la Aduana y la exigencia de su derribo estaba también rubricado por la Junta de Andalucía, apenas un año después la propia administración regional será la que ponga un nuevo escollo (ya lo hizo cuando prohibió edificios para viviendas en la avenida de Astilleros) para el normal desarrollo del Plan al calificar la Consejería de Cultura este edificio como BIC, protegiéndolo e impidiendo por ello su demolición.

Curiosamente será la misma Junta la que años más tarde reflexione sobre esta acción, impulsada fundamentalmente por un grupo de ciudadanos, y asuma que es necesario dar marcha atrás y volver a lo aprobado en febrero de 2008.

Sin embargo, el proceso para revertir la protección urbanística de la Aduana no es sencillo. La Junta, por lo pronto, lleva meses dejando en manos del Ayuntamiento la adopción de los primeros pasos para conseguir: que reclame la elaboración de un nuevo estudio técnico que justifique el cambio de valoración. Sin embargo, el anterior gobierno municipal se mostró reacio a liderar el proceso temiendo quedarse de nuevo solo y enfrentado a una parte de la ciudadanía.

Ahora, con el cambio de gobierno y la llegada a San Juan de Dios de la coalición formada entre Podemos y Ganemos se podría dar un impulso a esta operación si nos atenemos a lo que ambas formaciones defendieron, en la pasada campaña electoral, respecto al futuro del edificio de la Aduana y teniendo en cuenta, también, que en septiembre seguramente se podrá redefinir el Plan Plaza de Sevilla.

Así, defendiendo la plaza de Sevilla como una zona esencial para mejorar la movilidad sostenible en la ciudad, desde Podemos se afirmó en la campaña electoral que "el edificio de la Aduana limita la visibilidad y el aprovechamiento de la antigua estación de tren, que tiene mayor relevancia arquitectónica y es una pieza clave en la remodelación de la zona. Consideramos más beneficiosa la demolición del edificio de la Aduana que su mantenimiento".

Por su parte, desde Ganemos también se apuesta por la conversión de la plaza en una "verdadera estación intermodal de transportes". "Si para ello es necesario el derribo de la Aduana y el edificio deja de estar catalogado como BIC porque no reúna los requisitos, se hará".

De esta forma, sobre el papel todas las instituciones implicadas en el futuro de este espacio urbano parece de acuerdo en la necesidad de este derribo. El Plan Plaza de Sevilla incluye una amplia pastilla destinada a edificios de la administración pública en la acera de la avenida de Astilleros que conecta con el terreno portuario. Allí ya está previsto que se construya la nueva Comisaría de la Policía Nacional, quedando suelo para otros equipamientos públicos, como la Casa del Mar cuyo edificio en la misma plaza habrá que derribar.