El exdelegado de Zona Franca Manuel Rodríguez de Castro ha calificado de "cobardes" a los concejales del Ayuntamiento de Cádiz después de que el pasado lunes aprobaran por unanimidad reprobarle tras ser condenado por el caso Rilco.

En un comunicado, Manuel Rodríguez de Castro dice que la reprobación ha sido un acto de "cobardía política".

El pasado lunes, el PSOE presentó dos mociones para reprobar tanto a Rodríguez de Castro como al también exdelegado de Zona Franca (aunque declarado no culpable) Miguel Osuna, aunque sólo fue aprobada la primera con los votos de PP, PSOE e IU.

Rodríguez de Castro, que ha sido condenado a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación para cargo público, asegura que en lugar de reprobarle "deberían agradecerme que sacara a la Zona Franca de la ruina en la que le dejó el PSOE tras expoliar su caja durante 20 años".

"En el mismo instante en que dejé de dirigir los negocios de la Zona Franca de Cádiz mis sucesores y sus directivos la arruinaron ante los ojos de Teófila Martínez (PP)", presidenta del consorcio y alcaldesa de Cádiz.

Rodríguez de Castro, que fue delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz entre los años 1996 y 2001 con el PP, dice que no va a tolerar que la alcaldesa popular de Cádiz "se atreva a poner un dedo sobre una sola letra de mi nombre".

Subraya que Martínez "sobrevive políticamente aún como consecuencia de mi silencio acerca de su actuación en el Caso Rilco".

"Me enseñaron a ser leal a los míos y resistente a los ataques. Durante quince años así he actuado. Pero cuando los ataques vienen de los tuyos y no cesan, seguir callando es prueba de complicidad y de culpa", añade.

Afirma que ha renunciado a su militancia en el PP "para ser libre de poner en su lugar a todos los traidores y cobardes que anidan en dicho partido" y que para el PSOE "reserva otra estrategia".

En una sentencia de más de cien folios ratificada por el Tribunal Supremo, la Sección Tercera de la Audiencia de Cádiz condena a Rodríguez de Castro a dos años y un día de prisión por fraude en las subvenciones públicas que obtuvo la sociedad Rilco, creada en el 2000 durante su mandato en la Zona Franca de Cádiz, y a otros seis años y un día de cárcel, por malversación de caudales públicos.