Las dos sentencias del Tribunal Supremo, tanto por la vía contenciosa-administrativa como por la penal, sobre el caso Rilco protagonizaron el Pleno de ayer del Ayuntamiento con un resultado dispar. El PSOE defendió ayer sendas mociones para reprobar la gestión de los exdelegados del Estado de la Zona Franca Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna. Sin embargo, solo consiguió el apoyo de toda la Corporación para censurar la actuación de Rodríguez de Castro al ser castigado con ocho años de cárcel, mientras que el PP votó en contra de la desaprobación a Osuna y pidió respeto al proceso judicial, una vez que ha quedado absuelto por vía penal, frente a los 2,6 millones de euros que tendrá que devolver tras la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

En un debate en dos actos, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fran González, se marcó como objetivo en las dos propuestas conocer si el PP apoyaba la actuación de Rodríguez de Castro y de Osuna en Zona Franca. La respuesta fue un no para el primero y un sí para el segundo.

En ambas partes, González recordó que los dos exdelegados de Zona Franca fueron puestos en el cargo por parte del Gobierno de José María Aznar y que han sido dirigentes del PP.

De Osuna, González dijo que la desestimación del recurso de casación por el Tribunal Supremo de la sentencia del Tribunal de Cuentas confirma que tuvo en el caso Rilco "responsabilidad contable, confirma una conducta gravemente negligente y confirma el incumplimiento de la responsabilidad inherentes a su cargo desde un punto de vista administrativo porque manejaba cuadales públicos".

Por su parte, respecto a la condena contra Rodríguez de Castro, el portavoz socialista afirmó que ésta ha "lastrado la imagen de la Zona Franca y la imagen de Cádiz", por lo que le solicitó a la alcaldesa, Teófila Martínez, que "asuma las responsabilidades" como presidenta del Consorcio y que "pida perdón".

El portavoz de IU, Martín Vila, puso el foco en el daño económico a Zona Franca por la gestión de los dos exdelegados. 10,5 millones de euros que "se ha mandado devolver" a los dos, por lo que pidió al Pleno, y en especial al PP, que se posicionara sobre "cómo se gestiona lo público", algo que "no se ha hecho bien" desde el Consorcio.

En el apartado municipal, en primer lugar fue el teniente de alcaldesa Ignacio Romaní el que defendió a Miguel Osuna con la petición del respeto a los procesos judiciales, una vez que el ex alto cargo del recinto fiscal va a solicitar la revisión de la condena de la devolución de 2,6 millones de euros al quedar absuelto por vía penal.

Romaní acusó al PSOE de que las dos propuestas tenían un "marcado carácter electoral", pero que la de Osuna se "había desinflado" al ser declarado inocente por vía penal. El edil, tras la petición de la rendición de cuentas de la oposición, hizo hincapié en la tolerancia a que todo el proceso judicial se culmine, dando pie a las querellas que Osuna piensa interponer , en las que "se van a demostrar las formas de actuar del PSOE".

En el debate sobre Rodríguez de Castro sí estuvo presente Teófila Martínez -ausente en buena parte de la sesión-, que recalcó que en el proceso contra Osuna en el Tribunal de Cuentas "se negaron a admitir documentos" que sí fueron aceptados en el procedimiento penal y le llevaron a la absolución. Además, resaltó que fue el "Gobierno de la Nación el que actuó en el cese de Rodríguez de Castro y el que mandó al Tribunal de Cuentas" el caso Rilco. Con todo, Martínez sentenció que "cuando alguien es condenado -por Rodríguez de Castro- por actuar de forma irregular, la Justicia que se cumpla y nosotros no tenemos por qué defender a nadie".