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caso rilco. los asuntos judiciales del consorcio

Miguel Osuna se querellará contra los abogados del Estado y José de Mier

  • El ex delegado de la Zona Franca los acusa de "denuncia falsa" También solicitará la revisión de la condena del Tribunal de Cuentas y pondrá un recurso de amparo en el Constitucional

El ex delegado de la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna está dispuesto a darle la vuelta a la tortilla. Después de haber estado imputado durante más de una década en el caso Rilco, donde fue juzgado y se enfrentó a una pena de 13 años de prisión en la vía penal, ahora ha quedado absuelto en el Tribunal Supremo como antes lo fue de la Audiencia Provincial.

En el tema del portal de comercio electrónico con Iberoamérica ideado por su antecesor en el cargo Manuel Rodríguez de Castro, aún tiene pendiente la condena que en la vía contencioso-administrativa, le obliga a devolver 2,6 millones de euros a la Zona Franca.

Ahora Osuna señaló ayer en una rueda de prensa realizada en la Casa de Córdoba de Cádiz, que va a presentar un recurso de revisión de esta condena del Tribunal Supremo para que se reconsidere la validez de la auditoría que hicieron expertos de la Universidad de Sevilla sobre Rilco y que fue encargada por el sucesor en el cargo de Miguel Osuna, el socialista José de Mier. Esta auditoría quedó en entredicho, tal y como recordó Osuna, en el juicio de la Audiencia Provincial y la que se tomó en cuenta fue la del perito judicial, que dijo que Rilco se había hecho y que se había pagado por ella lo que valía.

Esta no va a ser la única acción judicial que va a poner en marcha Osuna. Va a pedir un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por violación de su derecho a la tutela judicial efectiva y también tiene previsto poner un recurso de nulidad para todos los procedimientos en los que han intervenido los abogados del Estado en la Zona Franca de Cádiz, José Aurelio Ruiz Piña y Manuel Ponce, aunque el primero ya no ejerce allí.

El motivo es que el ex delegado del Consorcio los considera como "colaboradores necesarios" en los delitos por los que ha sido condenado a ocho años de cárcel Manuel Rodríguez de Castro en el caso Rilco, es decir, por malversación en los caudales públicos y fraude en la obtención de ayudas públicas.

En este sentido explicó que la Abogacía General del Estado "utilizó dos informes hechos por los abogados del Estado en Cádiz de fecha 8 de enero y 18 de enero de 2001 para intentar demostrar que Rodríguez de Castro había antedatado un contrato y que yo debía saberlo". Así Osuna hacía referencia a unos informes en los que decían a Rodríguez de Castro cómo tenían que firmar el contrato con la adjudicataria Miami Free Zone.

A juicio de Miguel Osuna, esos informes "son una confirmación" de que Ruiz Piña y Ponce "son los colaboradores necesarios en los delitos por los que Rodríguez de Castro ha sido condenado".

De este modo criticó a los dos letrados que "en vez de reconocer que habían metido la pata y que yo en mi actuación lo que había hecho es seguir los informes que ellos me habían dado, se pusieron al frente del linchamiento moral y en muchas ocasiones algo más que moral, que he sufrido en los últimos once años".

Osuna insistió en que va dar conocimiento mediante un requerimiento formal a la Zona Franca "para que conozcan todo lo que pasó durante el sumario", de ahí que haya decidido pedir que se anulen todos los actos en los que estuvieron los mismos "porque tenían un interés ilícito contra mí".

Miguel Osuna no se va a detener ahí ya que una vez que haya presentado todo lo explicado anteriormente, redactará una demanda civil y/o penal "solicitando daños y perjuicios por el anormal funcionamiento de la Zona Franca y por denuncia falsa", la cual estará dirigida contra los dos mencionados abogados del Estado y contra su sucesor en el cargo, el socialista José de Mier Guerra.

En esa demanda, además de los gastos ocasionados por todo este proceso y los daños morales sufridos, va a pedir una indemnización de 2,6 millones de euros, que es la cuantía con la que ha sido condenado en el Tribunal de Cuentas.

Otra de las demandas le va caer a la esposa de Ruiz Piña y que en la época de Osuna al frente de la Zona Franca era miembro del Comité Ejecutivo de la Zona Franca, Nuria Maroto, "que votó a favor de todos los acuerdos que propuse y luego tuvo el detalle de enviar un correo a más de 200 inspectores de Hacienda con el conocimiento y respaldo del presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, Ramsés Pérez Boga, actualmente número 3 del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, contándoles que me iban a condenar por distintas cosas".

Osuna pedirá "la inhabilitación como mínimo" de De Mier, Ruiz Piña y Ponce y recordó que "en el ordenamiento jurídico español puede haber dos responsabilidades, pero no puede ser verdad o mentira al mismo tiempo la misma cosa: o el programa o se ha hecho o no se ha hecho, o vale menos de lo que decían que valían o valía lo que se ha dicho, y el programa o se entregó o no se entregó", y él está "convencido" de que eso "lo van a tener en cuenta tanto el TC como la Sala de Revisión del TS".

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