En los años de bonanza, España vivió sumergida dentro de la burbuja inmobiliaria. Una locura colectiva propiciada por el boom del ladrillo. Había mucho más trabajo que ahora gracias a la construcción y los bancos concedían hipotecas para poder tener un piso en propiedad. Los edificios crecieron de manera exponencial y los precios se inflaron de una manera desmesurada.

Pero un buen día esta burbuja explotó y arrastró al país a la crisis económica que todavía en la actualidad seguimos sufriendo, con más paro, más desahucios y un buen número de promociones que se han quedado colgadas sin compradores o en manos de las entidades bancarias al no poder las promotoras hacer frente a ellas.

La historia de Josefa Sabugal y José Manuel Macías es la de una de tantas familias que se han visto directamente afectadas por los efectos del fin de los tiempos del pelotazo y el ladrillo.

Ella es limpiadora y él es pensionista. Residentes en San Fernando, en 2007 decidieron comprar una vivienda en Cádiz. Tras buscar varias opciones, se decidieron por un piso en un edificio en la esquina entre las avenidas de Portugal y Segunda Aguada de la promotora Unión Parque Bahía, que actualmente está ocupado ilegalmente por una treintena de familias que conforman la Corrala de la Bahía. Constaba de 56 metros cuadrados construidos y un solo dormitorio para acoger a la pareja y a uno de sus hijos. A pesar de ser pequeño, estaban decididos a comprarlo porque era "mi ilusión venirme a vivir a Cádiz", tal como relata Josefa.

El precio, en el máximo apogeo de la burbuja inmobiliaria, era de 254.017,74 euros. Un auténtico disparate y un precio que se encuentra absolutamente fuera de mercado en la actualidad, pero que en 2007 estaba a la orden del día, sobre todo al ser una finca de nueva construcción en una ciudad como Cádiz, tan carente de suelo para levantar nuevas fincas.

Cuando Josefa y José Manuel se decidieron a comprar la vivienda tuvieron que pagar una señal de 9.646,24 euros. Esa misma cantidad la abonaron a la firma del contrato en 2007. A partir de ahí, tuvieron que hacer frente ante la promotora al pago de cinco recibos cada tres meses de 3.734,21 euros cada uno, obligaciones que cumplieron puntualmente.

Todo se torció en 2009, cuando tenían que haber recibido las llaves de su nuevo hogar. En ese momento tenían que haber pagado otros 12.840 euros, cantidad estipulada en el contrato de compraventa de la vivienda. Sin embargo, la entrega se fue retrasando hasta que el banco le embargó las viviendas a la promotora, por lo que el sueño de Josefa y José Manuel se esfumó. Todas las ilusiones puestas en poder vivir en Cádiz se quedaron en nada tras haber pagado 37.963,56 euros.

Un relato que muestra la realidad anterior de las otras víctimas de esta finca que está actualmente ocupada. Personas que pusieron sus esperanzas en ese edificio en el que actualmente habitan otras personas que no pueden hacer frente al pago de una vivienda.

La explicación de Josefa para elegir en su día este piso es muy sencilla: "Tengo a toda mi familia aquí y en Cádiz hago toda mi vida, aunque duermo en San Fernando".

De hecho, aporta que en ese momento, una entidad financiera de Chiclana le iba a dar la hipoteca para hacer frente al pago de la casa. "Me decidí porque podía comprarla y en aquel momento lo tenía todo", destaca.

Reconoce que en aquella ocasión escogió un piso de un dormitorio porque "en 2007 estaban los pisos carísimos y era el que estaba a mi alcance", por lo que estaba dispuesta a sufrir las estrecheces de esa vivienda con tal de estar en Cádiz.

Pero llegó 2009, y con él los retrasos en la entrega de las llaves hasta que el director de la sucursal que le iba a conceder la hipoteca le advirtió de los problemas de la promoción. "En la inmobiliaria me dijeron que les diera un plazo de más tiempo porque había papeleo de por medio entre bancos para la entrega de llaves. Veo que tardan mucho y me pongo en contacto con el banco que me iba a hacer el préstamo y me dicen que tienen problemas con ellos. Una de las veces, el director ya me dijo que les van a quitar las viviendas y ahí es cuando yo me entero. Además, me dijo que si yo conseguía a través de un abogado sacar dinero de lo que había entregado, que cogiera lo que sea porque ellos se iban a convertir en los propietarios de los pisos", señala.

Ante esto, ya en 2010 consiguieron que la promotora se comprometiera a la devolución de los 37.963,56 euros ya pagados, de los que 6.000 euros, tal como figura en el acuerdo, se entregaron en el acto -aunque la propia Josefa, una vez transcurrido el tiempo, tiene dudas de que este hecho se produjera- y la cifra restante se pagaría una vez que se arrendara la vivienda o se vendiera, algo que no sucedió, renunciando a la compra de dicho piso la pareja. Ya en 2012, recibieron 18.000 euros a cambio de desistir a la realización de más reclamaciones. Por el camino se han quedado 13.963,56 euros.

Con la intención mostrada por la Junta de Andalucía a los miembros de la Corrala de la Bahía para intentar mediar con la entidad bancaria propietaria del edificio para alcanzar algún acuerdo para que los okupas se queden allí pagando una alquiler social, Josefa mantiene aún la esperanza de que algún día pueda vivir en uno de esos pisos. "Creo que no voy a recuperar esos 14.000 euros, ni por el banco ni por la inmobiliaria. Yo no pretendo que me devuelvan el dinero si yo he firmado eso, pero yo entiendo que, si ponen los pisos otra vez a la venta, si yo pudiera comprarlo me convencería de que mis 14.000 euros los recupero por ahí", afirma.