"La única manera que tengo de decirle al ministro Wert que estoy en contra de esta normativa es manifestándome". Quien ayer pronunció estas palabras no estudia Secundaria, ni Bachillerato, ni cursa un título de grado. Tampoco es profesional de la enseñanza ni trabaja en la universidad. Sin embargo, asegura que le afecta el real decreto que permite a las universidades ofertar grados de tres años más másteres de dos. "Me afecta mucho como padre prejubilado que soy", aclaró Manuel Roca, a quien acompañaba su hija Elisabeth, estudiante del tercer curso de Relaciones Laborales. "Con lo que yo gano, ya me está resultando muy difícil pagarle la carrera a mi hija... Y si con esta norma se va a encarecer aún más el coste de sus estudios, me resultará imposible". A lo que su hija agregó: "Me estoy matriculando de asignaturas sueltas porque no podemos pagar un curso completo. Y aunque estoy aprobando todas las materias, al estar realizando el curso de forma parcial sólo recibo 60 euros de beca". Manuel Roca quiso dejar constancia de su malestar e indignación: "Me gustaría decirle al impresentable del señor Wert lo perjudicado que me siento con su reforma universitaria".

Padre e hija recorrieron varias calles del centro secundando la manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes (SE) para exigir la retirada de la norma conocida como decreto 3+2. El seguimiento del paro estudiantil en la provincia en este segundo día de huelga alcanzó el 90%, según dijo el secretario provincial de la organización, Álvaro Alonso. Asimismo, resaltó que más de un millar de personas se habían sumado a esta protesta en la calle, aunque para la Policía Local no había más de 600.

La marcha -respaldada por varias asociaciones, colectivos, sindicatos y organizaciones políticas- partió minutos después de las 12 horas de la plaza San Juan de Dios. Pasó por las sedes de la Delegación de Educación y de la Diputación, y concluyó, algo más de una hora después, junto a la Subdelegación del Gobierno.

"Llevamos 40 años de democracia y los políticos de este país siguen sin ser capaces de abordar un tema tan importante como es la educación desde un punto de vista objetivo y neutral", lamentó un ciudadano que contemplaba la manifestación. "La educación y la sanidad deben mantenerse al margen de los partidismos por el bien del país, y se debe apostar por una ley educativa con vocación de duración". Asimismo, defendió un plan de estudios elaborado por los propios profesionales de la enseñanza. "Las escuelas españolas están llenas de grandes profesionales y son ellos quienes, sin duda, más saben sobre este asunto", se despidió sin desvelar su nombre.

Quien sí lo aportó fue Macarena, estudiante de segundo de Educación Infantil que ayer portaba una pancarta en la que se podía leer: 'No queremos ni a Wert ni al PP. ¡Fuera las empresas de las universidades!'. La joven comentó que está trabajando como camarera para poder costearse sus estudios, aunque reconoció que sus padres también contribuyen económicamente en esta causa. Su compañera María José apuntó que no sólo debe tenerse en cuenta el coste de las tasas, sino también "todos esos gastos que se producen a lo largo del curso, como en desplazamientos, en fotocopias, en la compra de libros...". "La universidad pública -se quejó Inma, otra estudiante de Magisterio- cada año tiene menos de pública...".

El decreto 3+2 supone "un ataque brutal contra la universidad pública", aseveró el secretario provincial del Sindicato de Estudiantes, quien considera que uno de los objetivos que se ha marcado el Gobierno con esta medida es "expulsar a cientos de miles de hijos de trabajadores del sistema universitario". El hecho de que la Conferencia de Rectores Españoles haya acordado no aplicar este plan de flexibilización universitaria hasta 2017 no ha convencido a los representantes del SE: "No queremos un aplazamiento de esta contrarreforma, sino su retirada. Y también pedimos al ministro Wert que dimita, que se vaya".

Como dato, el joven aportó que cursar actualmente un máster en la Universidad Complutense de Madrid supone un desembolso de entre 4.000 y 7.000 euros; y en caso de aplicarse el real decreto, cursar dos años de máster supondrá un coste de hasta 14.000 euros.

Junto a Alonso, varias personas desplegaban una pancarta rubricada por CCOO y Ganemos en la que se leía: '¡No al decreto 3+2! Por una huelga de 72 horas de toda la comunidad educativa'. Al respecto, el representante del SE lanzó un llamamiento: "Con este seguimiento tan masivo y el gran apoyo que tenemos por parte del profesorado, los sindicatos como CCOO, UGT, Ustea y Cgt tienen la responsabilidad de convocar una huelga de toda la comunidad educativa para detener este ataque tan brutal a la universidad pública". El Sindicato de Estudiantes, al menos, está dispuesto a volver a movilizarse el próximo mes si el Gobierno central no da marcha atrás. "Nos manifestaremos de forma contundente contra este decreto. Nos estamos manifestando hoy y lo haremos las veces que hagan falta, hasta su retirada", dijo convencido el portavoz.