Gastronomía José Carlos Capel: “Lo que nos une a los españoles es la tortilla de patatas y El Corte Inglés”

Cádiz

El abogado del Estado dice que no se le informó de la valoración de Quality

  • El letrado declara como testigo y afirma que los responsables de la Zona Franca le ocultaron información en este asunto y que desconocía el contenido de la compra "tan disparatada"

El que fuera abogado del Estado en la Zona Franca de Cádiz y letrado que hizo el informe que dio origen a la querella en Quality Food, José Aurelio Ruiz Piña, declaró en la mañana de ayer en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, que es el que instruye el caso de la alimentaria de platos precocinados y que mantiene imputados entre otros delitos por malversación al fundador de la misma, Manuel García Gallardo; al ex delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna, y al entonces jefe de gabinete del Consorcio y hoy director general del mismo, José Manuel Fedriani.

Ruiz Piña sostuvo que los responsables de la Zona Franca en 2003, que es cuando se produjo la compra por parte del Consorcio de Quality Food, le ocultaron información sobre esta operación.

Según el letrado del PSOE en la causa, Gabriel Escalante, Ruiz Piña señaló en su declaración ante la juez que la Abogacía del Estado "no fue informada de ningún contenido de la valoración económica" de las acciones de Quality Food y que "desconocía el contenido de la compra tan disparatada que se llevó a cabo".

Escalante afirmó que Ruiz Piña sostuvo en su declaración que "la Abogacía del Estado dijo que había que buscar una valoración y hacer un informe".

Asimismo, reseñó que a la Abogacía del Estado tampoco se le facilitó "toda la información para la defensa cuando se metió en el pleito en el Juzgado de lo Mercantil". Además, también desconocía "la maquinación que se hizo con respecto a las valoraciones desproporcionadas" que conllevaron que "se endeudara a la Hacienda Pública en semejante aventura".

Según la misma fuente, Ruiz señaló en su declaración que la Abogacía del Estado pidió en la operación "unos criterios de prudencia que no se aplicaron en ningún caso".

En este sentido cabe recordar que para llevar a cabo la valoración de las acciones se utilizó un plan de expansión de una consultora que daba unas previsiones muy optimistas para una empresa que ya se encontraba en crisis, como era el hecho de la apertura de numerosas fábricas por toda España y una facturación de algo más de 77 millones de euros al año.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios