La Residencia Tiempo Libre, la Escuela Náutica, el edificio del Olivillo, el suelo del chalé de San Luis, el solar de Puntales, la plaza de la Reina... Estos son algunos de los inmuebles y terrenos en desuso que la Junta de Andalucía posee en la capital gaditana y que desde el pasado año son objeto de una negociación entre la Administración andaluza y el Ayuntamiento. Una negociación de la que no ha trascendido nada, pero que, según parece, ya ha llegado a su fin, pues la alcaldesa, Teófila Martínez, ha manifestado a este medio que está a la espera de que el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, "nos ponga una fecha para firmar el convenio sobre los usos de algunas de las propiedades de la Administración andaluza, puesto que ya tenemos un borrador de acuerdo".

No obstante, desde el Consistorio no han especificado cuáles son esas propiedades a las que el acuerdo permitirá devolverles la actividad y convertirlas así en elementos de dinamización de la economía de la ciudad.

También queda otra duda con respecto al solar donde se proyectaba la Ciudad de la Justicia, ya que hace unas semanas, el máximo responsable de la Junta en Cádiz remitió por escrito a la primera edil -y también presidenta de la Zona Franca- una propuesta de permuta con dicho suelo. López Gil se mostró dispuesto a cambiar esa parcela de San Severiano por el terreno destinado a la construcción del Hospital Regional. Pero ello, dentro de una operación urbanística que supondría ubicar la Ciudad de la Justicia en la Zona Franca, concretamente en dos edificios administrativos de Altadis.

La alcaldesa de Cádiz ha preferido no hacer declaraciones sobre este asunto, que abordará personalmente con el dirigente socialista en los próximos días, como le transmitió en una carta tras recibir la propuesta. No obstante, Martínez ha declarado en diversas ocasiones su intención de mantener el uso industrial de los suelos de Altadis.

En los últimos meses, con motivo de esta negociación sobre patrimonio, se han producido diversas reuniones tanto políticas como técnicas. Ahora falta ponerle fecha a la rúbrica del convenio y, claro está, conocer el uso que se le dará a los inmuebles y parcelas.