La Plataforma por una Vivienda Digna y Contra la Exclusión ha encontrado en el reglamento de Participación Ciudadana la manera de que el Ayuntamiento, que no le ha contestado a dos peticiones de reunión, escuche su rechazo a que se corten el agua y la luz a las personas sin recursos que no puedan pagar estos suministros básicos, además de su oposición a los desahucios. Los colectivos que integran esta Plataforma acordaron en asamblea recoger el mínimo de firmas exigidas para que, según el citado reglamento, el Consistorio convoque una audiencia pública, que textualmente, y como puede leerse en el artículo 39 es "una forma de participación directa que se realiza de forma verbal en una unidad de acto, convocada por el Ayuntamiento para tratar asuntos de la competencia de la Administración Municipal y a cuyo desarrollo pueden asistir los ciudadanos de ámbito territorial interesado". La Plataforma ha utilizado uno de los requisitos para acceder a esta fórmula de expresión de la ciudadanía, que no es otro que recoger las firmas de un mínimo del tres por ciento del censo electoral, que según la Plataforma era de 101.222 personas a 31 de agosto. Le hubieran bastado 3.036 rúbricas, pero consiguió casi el doble, 6.039, después de depurar las incompletas y las pertenecientes a ciudadanos de otros municipios. Las firmas, recogidas en cinco bloques y 471 pliegos, serán entregadas hoy a las once de la mañana en el Ayuntamiento de Cádiz.

El portavoz de la Plataforma ayer en el encuentro con los medios celebrado en la Asociación de la Prensa fue David Cifredo, presidente de la Asociación de Consumidores Facua-Cádiz. "Estimamos que si el Ayuntamiento no entendió la necesidad de hablar de estos problemas a través de reuniones, que lo haga cumpliendo el reglamento de Participación Ciudadana. Lamentaríamos que el Ayuntamiento siguiera sin atender nuestras peticiones, que fundamentalmente se basan en evitar los cortes de agua y luz por impagos", apuntó Cifredo. Además, la Plataforma exige que exista un protocolo adecuado para dar cobertura a las personas que acuden con este problema, denunciando la "peregrinación" de las mismas por las administraciones para que les paguen los recibos. Cifredo señaló que muchas de las casi cien asociaciones y colectivos de la ciudad que se han adherido a la Plataforma, de un "amplio espectro social", atienden mensualmente a personas con problemas para pagar los suministros. Según la Plataforma, las administraciones -no esconde su crítica también a la Junta de Andalucía- "tienen la responsabilidad de dar solución a estos asuntos en lugar de que los colectivos tengan que estar planteando propuestas. Una vivienda digna debe tener luz y agua, y esto es un derecho que deberían garantizar las administraciones".

Por último, entre las peticiones de la Plataforma al Ayuntamiento se encuentra la de instar a las empresas Aguas de Cádiz y Eléctrica de Cádiz, ambas de capital público, la primera al cien por cien y la segunda al 51%, a establecer elementos que impidan los cortes. "Ambas tienen suficientes beneficios como para no llegar a esos extremos", concluyó Cifredo.