Un sinsentido es "una cosa absurda y que no tiene explicación". Así llaman desde diversos sectores profesionales y empresariales consultados en Cádiz al acuerdo anunciado el pasado lunes entre el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Sevilla para constituir en esta ciudad la quinta zona franca de España y la primera fluvial del país. Desde la capital gaditana se entiende que esta decisión, que ya no tiene vuelta atrás, provocará un perjuicio evidente a la zona de la Bahía de Cádiz, por el simple hecho de enfrentar a la Zona Franca de Cádiz con una competencia directa a poco más de 100 kilómetros de distancia, en una decisión impulsada además desde el Estado.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas, responde a la pregunta sobre qué consecuencias tendrá para Cádiz esta decisión con una oración negativa: "Bueno no es", y añade que "si tenemos en cuenta que la Zona Franca de Sevilla va a estar situada a muy poca distancia de la de Cádiz, algún bocado le dará al negocio, eso está claro. Está claro que no hay enemigo pequeño, y con esto se nos cambia batante el escenario, aunque parece que en principio los tráficos serán distintos".

No obstante el máximo representante de los empresarios de la provincia cree que "ya es tarde" para quedarse sólo en lamentaciones, y tenemos que decidir si seguimos el juego o hacemos de la necesidad virtud". Sánchez Rojas pone un ejemplo: "Si otros corren más que yo no puedo cortarles las piernas, sino que tengo que ir más al gimnasio". Recordó que desde la misma Sevilla alguien ha dicho que lo que les han concedido es una 'media zona franca' mientras no se apruebe el dragado del Guadalquivir, pero valoró como un ejemplo a seguir que en la capital hispalense, todas las ideologías, administraciones y partidos se hayan puesto de acuerdo en defender algo. "Tenemos que aprender de los demás, y aquí no somos capaces de ponernos de acuerdo en tres cosas", concluyó.

El presidente de la comunidad portuaria de Cádiz Gadesport, Juan Bernal, consideró ayer que "sin duda" la Zona Franca de Sevilla constituirá un perjuicio, porque supone instalar "una competencia fuerte ahí al lado". "No tiene mucho sentido -aclaró- otro recinto fiscal a tan escasa distancia. Lo lógico habría sido potenciar la Zona Franca de Cádiz, que ahora mismo es más bien una agencia inmobiliaria, se encuentra en una situación en la que sólo dos o tres empresas se benefician del tratamiento fiscal especial, y la mayoría de las otras podrían estar lo mismo dentro que fuera del recinto".

Bernal anima, una vez admitido que la zona sevillana se va a hacer, a "ponerse las pilas", y confía en que "el dragado del Guadalquivir hasta Sevilla no se haga nunca, porque sería una locura, y más en una zona como Andalucía que tiene ya demasiados puertos. Ya estamos bien servidos", remata.

Por su parte, el anterior delegado del Estado en la Zona Franca durante la etapa de Gobierno socialista, José de Mier, fue también rotundo: "No lo entiendo, y estoy convencido de que es una operación de puro marketing político. Una Zona Franca en estos momentos en Sevilla, con la legislación europea, no tiene mucho sentido teniendo una en Cádiz, y eso ya quedó claro hace unos años en un estudio que se hizo en colaboración con la Cámara de Comercio gaditana". Para De Mier, se trata de "una machada del Ministerio de Hacienda con Zoido (alcalde popular de Sevilla), ya que hoy por hoy a Sevilla le sobra suelo industrial. Pero parece como si se quisiera apoyar el concepto de Sevilla como capital andaluza, que a Sevilla no le falte de ná, ni la playita".

Sólo tendría sentido, para De Mier, si se tuviera interés en tráficos de otro tipo como el petrolero, "pero sin un dragado del río eso tendría unas opciones mínimas, y además no creo que nadie apruebe que por ahí anden subiendo y bajando los petroleros". Cree De Mier que lo que hay que hacer es definir qué es lo que se quiere hacer con las zonas francas con vistas al siglo XXI". Más allá de lo errado de la decisión, predice que la Zona Franca gaditana "con un puerto con más suelo, con el problema de Las Aletas resuelto y consiguiendo más tráficos tiene su futuro asegurado".

María Zambonino es catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de Cádiz, y ha realizado varios estudios sobre el régimen jurídico de los puertos. Ella piensa que los principales perjuicios de esta medida pueden venir por el hecho de que no se produzca la necesaria "coordinación entre administraciones, por que las cosas se hagan sin planificar y de forma que las competencias entre ambos entes no se pisen". "Si esto no se da, cada uno irá por su lado", dice Zambonino, quie se muestra "escéptica" ante la posibilidad de que se dé esta coordinación, "dada la trayectoria que históricamente llevamos". Y eso que, según anota ella, "los instrumentos jurídicos para el entendimiento existen desde hace años".

Desde la misma Sevilla surgieron ayer inconvenientes a la creación del consorcio de la Zona Franca hispalense. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Carmen Castreño, avisó de que el consorcio es "inviable" sin la presencia de la institución que ella preside en el órgano gestor. Castreño opina que la orden ministerial que autoriza la constitución del consorcio "no responde exactamente" a lo pactado entre las partes para dicho proyecto.

Precisa que la Autoridad Portuaria no figura como miembro del consorcio gestor y estarían incompletas las previsiones relativas a la financiación inicial del recinto, si bien considera que las incidencias derivan de un "error" y confía en una modificación. Aunque estima que la publicación de la orden ministerial es una buena noticia porque constituye un avance, avisa de que "el esquema" de la citada orden "no refleja" completamente el diseño negociado entre Ayuntamiento, Ministerio de Hacienda y la Autoridad, en cuyos terrenos "nace íntegramete" en el nuevo recinto, aunque el Ayuntamiento asumiría el cerramiento.