Cádiz

El Pleno rechaza la readmisión de los 24 trabajadores sociales

  • El voto en contra del PP tumba la moción del PSOE y deja la contratación en manos de los técnicos municipales

No a la readmisión de los 24 trabajadores de Asuntos Sociales cuyos contratos terminaron el pasado 30 de junio. El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz rechazó con el único voto en contra de los ediles del Partido Popular la moción del Grupo Municipal Socialista que pedía la reincorporación de todos los empleados vinculados al Plan Concertado, sino que, tal como recalcó la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, será el Área de Personal el que dictamine el número de trabajadores que se podrá volver a contratar a partir de la asignación presupuestaria procedente del Estado y la Junta de Andalucía.

Este fue el punto en el que hubo una mayor tensión, además de propiciar un mayor interés entre el público asistente, ya que el debate lo vivieron in situ los trabajadores de Asuntos Sociales implicados en el tema. Camisetas de la marea naranja reclamaban que no existan recortes en este servicio público. Una reivindicación que tuvo su momento culmen al final de la sesión plenaria, cuando uno de los trabajadores tomó la palabra para defender la labor realizada por los 24 empleados y destacar la función que hacen ante las necesidades de los usuarios. Un enorme aplauso cerró la intervención.

El baile de cifras sobre las aportaciones volvió a estar presente, así como las dudas que mostró el concejal de IU Fernando Vivas sobre si la decisión tomada era "laboral o política".

Desde su inicio, con una enmienda del PP que pedía la Junta que clarificara la cantidad que iba a destinar al Plan Concertado, comenzó la discusión. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fran González, apuntó a que la solución al conflicto está "en el BOJA con las cantidades que dijimos hace un mes". Esta aportación es de 747.546,23 euros, de los que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales pone 623,970,77 euros y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad da 123.575,46 euros.

González señaló que la reducción que realiza el Estado a los servicios sociales comunitarios es de un 74% desde 2002, mientras que la aportación de la Junta solo ha bajado un 1,8%, por lo que lamentó que desde el Equipo de Gobierno se diga que la no renovación sea "culpa de la Junta". Insistió en que a pesar de que desde el Ayuntamiento "digan que no hay problemas, la realidad es que se han reducido los horarios, se dan citas para dos o tres meses o se hace un decreto para que otros trabajadores hagan este trabajo". Por todo ello, urgió a que "lo importante es que los servicios sociales presten la atención adecuada".

Por su parte, el edil de IU Fernando Vivas aludió al artículo 57 bis de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en la que "se garantiza el pago de las competencias delegadas", por lo que pidió al Gobierno local que "busque otra excusa". En lo laboral, Vivas solicitó "tratar el empleo con mucho cariño", además de solicitar que en Asuntos Sociales "se dé el mejor servicio a los que más lo necesitan".

Por parte municipal, la concejala de Bienestar Social, Carmen Sánchez, aclaró, en primer lugar, que la enmienda se presentó antes de la publicación de la partida del Plan Concertado en el BOJA. A partir de ahí, afirmó que se "han dejado de ingresar 500.000 euros", comparando los 1,2 millones de euros recibidos en 2011 con los 747.546,77 euros de este 2014. Asimismo, resaltó que durante los seis primeros meses del año el Ayuntamiento ha dado ayudas para luz, agua y alquiler de 1.445.355 euros.

Por su parte, la alcaldesa, Teófila Martínez, destacó en este intercambio de cifras que el Ayuntamiento aportó 8,5 millones de euros en 2013 a los programas para el Plan Concertado. Asimismo, tras asegurar que "lo siento mucho por los trabajadores que no han sido contratados", dejó en manos del Área del Personal el número de empleados que podrían volver a sus puestos.

El debate sobre este asunto salió fuera del Pleno. La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Miriam Alconchel, exigió al Ayuntamiento "el mantenimiento de los servicios sociales". Asimismo, declaró que "no se entiende que la alcaldesa ponga como excusa que no se renueva el contrato a los trabajadores sociales municipales, primero porque no se ha publicado la cuantía de las ayudas, y segundo porque hay una bajada de dinero por parte de la Junta, sin mencionar que es el Estado el que está desmantelando los servicios sociales y reduciendo las ayudas para el mantenimiento de dichas prestaciones".

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