"Por encima de cualquier convenio firmado entre dos administraciones, que se puede cumplir o no cumplir, está el Plan General de Ordenación Urbana". "Los convenios son convenios, que se cumplen a veces y otras veces no". Con estas enunciaciones quiso zanjar ayer la alcaldesa, Teófila Martínez, la polémica sobre el emplazamiento del futuro Museo del Carnaval. Este medio publicó en su edición de ayer que el Consistorio gaditano está obligado a devolver a la Administración andaluza el suelo de la plaza de la Reina si no construye en él el Museo, según reza en el acuerdo de 29 de marzo de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se cedía al Ayuntamiento el uso del antiguo IES La Viña -de forma gratuita y por un plazo de 50 años- para la construcción, en concreto, de ese equipamiento. En el segundo punto del acuerdo se especifica lo siguiente: "Si el bien cedido gratuitamente no fuera destinado al uso previsto o dejara de destinarse posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirá a la comunidad autónoma de Andalucía, integrándose en su patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones sin derecho a indemnización; teniendo la comunidad autónoma de Andalucía, además, derecho a percibir del Ayuntamiento, previa tasación parcial, el valor de los detrimentos o deterioros del mismo".

Ante esto, la regidora afirmó que el PGOU es "una norma de rango superior", y recordó que, igualmente, "se hizo un acuerdo para que el Plan General recogiera la construcción de un equipamiento en el solar de la plaza de la Reina, porque en el año 95 en ese espacio estaba prevista la construcción de una plaza". "Esto quiere decir -agregó Martínez- que si la Junta de Andalucía se quedara con esos terrenos y no modificáramos el Plan General de Ordenación Urbanística, la Administración andaluza sólo podría edificar allí un Museo del Carnaval, nada más".

El pasado mes de marzo, el pleno municipal aprobó -sólo con los votos favorables del PP- la modificación puntual número 1 del PGOU para poder convertir el solar del barrio de La Viña en una plaza pública de 1.700 metros cuadrados, con 500 destinados a vegetación, una zona de juegos infantiles y un templete para actuaciones. Y ello, a pesar de la cláusula del acuerdo mencionado anteriormente. Al respecto, la alcaldesa manifestó ayer lo siguiente: "Ahora hemos iniciado la modificación del PGOU. El Ayuntamiento, con su autonomía municipal y la ley por la que podemos plantear modificaciones del Plan General, es soberano sobre cualquier convenio. Los convenios son convenios, que se cumplen a veces y otras veces no. Hay muchos ejemplos de convenios no cumplidos". Y aportó uno: el convenio de cesión del antiguo centro de salud La Merced, "primero para viviendas protegidas, pero no se cumplió. Nos lo devolvieron y se cambió para viviendas que iban a destinarse a periodistas represaliados, y tampoco se ha cumplido".

Con respecto a la devolución del solar de la plaza de la Reina, la primera edil respondió formulando una pregunta: "¿Devolver? Claro, como nos tiene que devolver la Junta la Escuela de Bellas Artes del callejón del Tinte; pero un Plan General es una ley que hay que cumplir. El convenio es convenio y el Plan General es una ley que hay que cumplir", reiteró.

Y concluyó afirmando que la ponencia de valoración (documento técnico de valoración que establece los métodos y parámetros técnicos para asignar un valor a cada bien inmueble) del patrimonio de la Junta "es a lo que tendrá que hacer frente el Ayuntamiento a la hora de cambiarle el uso" al solar.