Rita María Ramos Romero intentó ayer quemarse a la bonzo en las oficinas de la empresa municipal de viviendas Procasa tras comprobar que no le otorgaban un nuevo aplazamiento con el que impedir el desalojo —decretado por el Juzgado— de la vivienda que viene ocupando, desde hace 15 meses, junto a su marido y sus dos hijos, de 21 y 18 años.

La gaditana, de 42 años, acudió en la mañana de ayer a las oficinas de Procasa en busca de una solución con la que evitar el desahucio, previsto para hoy. Durante tres horas, el concejal delegado de vivienda, Pablo Román, y varios técnicos de la empresa municipal de Viviendas y de la Delegación de Servicios Sociales estuvieron reunidos con ella, que en “un momento de desesperación” optó por sacar de su bolso una botella de gasolina y rociarse el cuerpo con ella para prenderse fuego. Lo impidió el propio concejal, que acto seguido llamó a una ambulancia y a la Policía. También se personaron los Bomberos.

“Me ha salvado el hecho de que me cayera gasolina en los ojos, ya que al no ver, no he podido coger el mechero. Román me sujetó las manos. Estaba dispuesta a hacerlo porque estoy desesperada. No puedo soportar esta situación, y no quiero ver cómo mis hijos sufren con esto. Para ellos es una vergüenza...”, explicaba ayer tarde a este medio Ramos Romero, justo antes de ser atendida por el oftalmólogo. Además del daño en los ojos, ha sufrido irritación en la garganta y en la piel. 

La afectada —que aportó el dato de ser sobrina de Pedro Romero— quiso aclarar que no ocupó “por gusto” la casa ubicada en la calle Grazalema, en el Cerro del Moro. “Aunque somos de Cádiz, hemos vivido 15 años en Canarias, y a los tres meses de volvernos le diagnosticaron a mi marido un cáncer inoperable y, además, tiene dos prótesis y 12 clavos en un brazo, por lo que tuvo que dejar de trabajar. Ganaba 2.000 euros en la construcción, y desde que se puso malo cobra una pensión de 352 euros. Con ese dinero tenemos que comer cuatro. Así que cuando nos enteramos de que esa casa estaba vacía, nos metimos por necesidad”. 

Reconoce que el pasado año recibió una ayuda de mil euros por parte de la Delegación de Servicios Sociales para invertir en un alquiler, “pero como nos concedieron un nuevo aplazamiento de tres meses en la vivienda, empleamos ese dinero en comida. Gracias a esa ayuda, pudimos comer tres meses”. Ayer se quejaba del trato recibido esa misma mañana por parte de una técnico de los Servicios Sociales, “que me ha dicho que me he acomodado y que busque trabajo. Y que si no encuentro casa, que nos busquemos un colchón cada uno en un sitio”. 

Rita María sólo pide “un nuevo aplazamiento hasta que podamos encontrar una casa”, apuntando que los Servicios Sociales se comprometen a pagar el 90% de la cuantía mensual. “Pero cuando le comentas a los propietarios que la mensualidad la paga el Ayuntamiento, no te quieren alquilar la vivienda. Además, no tengo dinero para la fianza”. “Pero de verdad que no me quiero quedar con la casa en la que estamos, sin luz ni agua. El problema es que no he encontrado aún casa para alquilar”. 

En la tarde de ayer, el abogado de oficio del matrimonio les informó de que el escrito que habían presentado en el Juzgado pidiendo un nuevo aplazamiento había sido denegado. “Los únicos que pueden parar el desalojo son los de Procasa”, insistió. 

Su marido ha sido citado hoy, a las 8:30 horas, en las oficinas de la empresa municipal de viviendas, y el desahucio está previsto a partir de las 9:30. “No sé cómo voy a reaccionar cuando llegue el momento. Si lo tengo que volver a hacer, lo haré, porque estoy desesperada”.