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Cádiz

"Hay indicios de irregularidades muy serias que afectan a un bien de gran valor social"

  • Ángeles Ayuso confirma que Fiscalía ha propuesto "ciertas imputaciones" en el caso Matadero

A principios de esta semana saltó la noticia en diferentes medios de comunicación: Fiscalía veía "indicios muy claros de prevaricación" en el proceso de adjudicación de las 102 viviendas sociales de la promoción de Matadero. La sombra de la arbitrariedad parece estar presente en el mecanismo empleado para seleccionar a los beneficiarios de estos pisos.

La propia fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, afirma que "son indicios de irregularidades muy serias en un procedimiento administrativo que afecta a un bien de gran valor social, el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad".

Ayuso aclara que tuvo conocimiento de este asunto por la prensa antes que por la presentación de las denuncias que han dado origen al caso (la del sindicato Autonomía Obrera y la de la Junta de Personal del Consistorio) si bien puntualiza que ha investigado a fondo estas querellas. Fue a partir de estas exhaustivas indagaciones cuando "confirmamos numerosos indicios de verosimilitud de los hechos denunciados, por lo que hemos optado por judicializar el asunto, esto es, por traspasarlo a sede judicial, proponiendo ciertas imputaciones".

Mucho se habló también esta semana sobre si Mercedes Colombo, coordinadora del área de Familia, y Carmen Sánchez, concejala de Bienestar Social y Política Social de Vivienda, habían sido llamadas a declarar ya ante el fiscal, hecho que desmintió tanteo el propio Consistorio gaditano como este medio.

No obstante, la pregunta resultaba inevitable: ¿Por qué no han declarado Colombo ni Sánchez? A lo que Ayuso ha respondido que "cada asunto tiene sus necesidades; la ley literalmente nos ordena realizar las diligencias que consideremos pertinentes, y en esta ocasión no hemos estimado oportuno llamar a declarar a ninguna persona como denunciada".

Además de prevaricación, la denuncia que ha formulado Fiscalía en los juzgados especifica que podría haberse incurrido en otros delitos, "como tráfico de influencias", aunque insiste en que, de momento, sólo son indicios. "No se ha acusado a nadie ni se ha imputado a día de hoy a nadie", recalca la fiscal jefe. "Esto me lleva a reflexionar sobre un problema crónico de la justicia española. El sistema judicial español produce una clara confusión. Como no investiga el fiscal, que es lo que ocurre en los países de nuestro entorno cultural, sino que investiga un juez de instrucción, en cuanto una persona es imputada judicialmente ha de declarar ante un juez y se proyecta la imagen de que está pasando por un juicio, de que ya ha sido acusada, cuando simplemente está siendo investigada, que es algo bien distinto", subraya.

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