El PSOE vuelve a la carga con la situación de las arcas municipales. En esta ocasión pone el foco en los 70,7 millones de euros que recibió el Ayuntamiento de Cádiz en el año 2012 correspondiente al plan de proveedores. El período de carencia de dos años está a punto de vencer y, por lo tanto, la hacienda municipal va a tener que afrontar este vencimiento "detrayendo esos fondos de lo prioritario", según el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fran González.

Este afirma que, según los datos de la liquidación del año 2012, "las 11.575 facturas del cajón" reconocidas en aquella fecha, según el informe de Intervención, ascendía a un valor total de 71.112.517 euros. Según el PSOE, esa acumulación de facturas sin pagar que no habían sido atendidas, tenían básicamente dos fuentes de procedencia. Una de ellas son las facturas contabilizadas cuyo gasto estaba consignado en una partida presupuestaria "pero que no pudieron ser atendidas por falta de fondos". Las otras son las facturas no imputables a partida presupuestaria alguna "y que por lo tanto no pueden ser contabilizadas, siendo esta una práctica irregular".

Según lo que reitera el PSOE y que ya anunció en su día, asciende a más de 5,2 millones de euros.

En el informe realizado por los socialistas se dice que de cada 100 euros de deuda pendiente con proveedores, casi 7,5 euros "se contrataron de forma irregular, sin control presupuestario alguno, de forma discrecional, es decir, saltándose los controles de contratación que intentan evitar otorgación de contratación a "dedo" y que, por tanto, presuntamente, ponen en entredicho la honorabilidad de quien decide".

En esos 5,2 millones de euros por ejemplo se emiten 14 facturas a una empresa de vigilancia y seguridad por importe de 84.192 euros "sin tener que someterse a trámites de contratación y 95 facturas de agencias de viajes por 65.591 euros.

La ley exime de esta responsabilidad a los interventores "pero dicha amnisitía no exime de la misma a quien o quienes adoptaron la decisión del gasto, es decir, al equipo de Gobierno y específicamente al teniente de alcaldesa de Economía, José Blas Fernández".

Los socialistas se preguntan "qué motivo indujo a evitar la transparencia y no seguir esas facturas el cauce de tramitación legal oportuno y si algunas de las empresas proveedoras se vio beneficiada al no tener que concurrir a un concurso público a la hora de concederse este servicio".

Debido a lo que consideran como "anómalo", el Grupo Municipal Socialista va a solicitar oficialmente que le sean remitidos los expedientes en los que se fundamenten tales tipos de gasto. Con el fin de aclarar lo que en su día, deliberadamente, el equipo de Gobierno intentó ocultar saltándose la normativa vigente".