Los 38 monitores administrativos que fueron despedidos de colegios gaditanos después de que la Inspección de Trabajo detectara irregularidades en su situación laboral salieron ayer "con buenas sensaciones" del juicio colectivo que se celebró en el Juzgado número 2 de lo Social de Cádiz por este motivo.

"Tanto la Consejería de Educación como ISE han intentado desmontar la cesión ilegal de trabajadores y el despido, pero las pruebas que se presentaban no daban lugar a dudas", expresaba tras el juicio Esther Porquicho, una de las monitoras administrativas despedidas. Añadía que "las declaraciones de las empresas concesionarias dejaban claro que había una cesión ilegal".

Esta trabajadora señaló que ISE y la Consejería habían utilizado la misma defensa que en el juicio que se celebró en Córdoba por ese mismo motivo "y que perdieron". Por eso, pensaba que el de ayer "tendrá el mismo resultado: despido improcedente con cesión ilegal y la responsable es la Consejería de Educación. También el reconocimiento de la antigüedad".

Pero afirma que ellos lo que quieren es que el juez declare el despido nulo "para que no haya opción a que nos puedan indemnizar, sino que nos readmitan".

Respecto a las declaraciones realizadas el mediodía de ayer por el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en las que dijo que la Junta respeta los fallos judiciales y que los va a estudiar, Esther Porquicho expresaba: "¡A ver si es verdad!"

Concretamente, Vázquez afirmó que la Junta de Andalucía pondrá en marcha "las indicaciones recogidas en las sentencias. Y tengan por seguro que llevaremos adelante todos los compromisos adquiridos por la presidenta de la Junta y el consejero de Educación con los monitores", subrayando que estos "saben bien que eso va a ser así".

Porquicho explicó que esos compromisos a los que se refería el portavoz del Gobierno andaluz son "que no se recurriría la sentencia en primera instancia y que se iría readmitiendo el personal a medida que salgan las resoluciones judiciales".

En la provincia de Cádiz quedan dos juicios más sobre este asunto, uno en Algeciras y otro en Jerez, que se celebrarán el próximo mes de mayo. El total de demandantes en la provincia son 82 y en Andalucía 840, que es el número de monitores administrativos que fueron despedidos en colegios públicos de esta comunidad autónoma después de que la Inspección de Trabajo detectara irregularidades en su situación laboral, descrita como "cercana a la esclavitud". La mayoría de estos trabajadores son mujeres contratadas por empresas concesionarias.

La lucha de estas personas comenzó en noviembre de 2013, cuando la Junta de Andalucía rescindió el contrato que tenía con las empresas a las que pertenecen estos trabajadores después de que la Inspección de Trabajo detectara las irregularidades. En concreto, constató una cesión ilegal de trabajadores, que ha sido confirmada por las sentencias de los juzgados de Córdoba, ya que las empresas se limitaban a cobrar de la Junta y a pagar las nóminas de los monitores, mientras que eran los equipos directivos de cada centro los que les daban las instrucciones.