La Aduana puede derribarse si hay un consenso sobre esta operación entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz. La Consejería de Cultura, que hace ahora cinco años incluyó este polémico edificio en el Catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz impidiendo su demolición ya prevista en el Plan Plaza de Sevilla, asume ahora que se puede dar la vuelta a esta decisión permitiendo así la eliminación del inmueble.

La delegación de Gobierno de la Junta en Cádiz había encargado un informe técnico para ver si era factible una modificación en la catalogación de la Aduana. Una petición provocada por el propio cambio de opinión de la administración regional, que ahora asume que hay que activar de forma definitiva el Plan Plaza de Sevilla y que el mantenimiento de este edificio supone un claro escollo en la operación hasta el punto de hacerla inviable en su mayor parte. Un cambio de opinión que, además, está estrechamente unido con el interés que tiene la Junta de cerrar un acuerdo con el Ayuntamiento de la capital para dar un uso a todos los inmuebles de su propiedad que tiene en la ciudad y que están actualmente vacíos.

El titular de este departamento, Fernando López Gil, confirmó a este diario que el procedimiento aprobado en su día por Cultura era reversible "siempre que se haga un proceso a la inversa: que exista una iniciativa que promueva esta actuación y un informe de arquitectos que avale su demolición. Entonces, Cultura sí podría anular la protección que tiene".

En todo caso, la Junta no parece dispuesta a liderar por si sola este cambio en el tratamiento administrativo de la Aduana. Así, según López Gil este proceso se podrá activar si se cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz incluyendo el edificio en un acuerdo global, o por lo menos lo más extenso posible, sobre los equipamientos que están pendientes. "Si el Ayuntamiento lo pide, iremos de la mano a la Consejería de Cultura para decir que todos estamos dispuestos" y que hay una opinión común favorable a permitir el derribo de este edificio.

De la misma opinión es Manuel Cárdenas, delegado provincial de Fomento. En todo caso, el dirigente de Izquierda Unida tiene claro que esta operación "no debe convertirse en un debate virtual que no llegue a ningún lado. Si se plantea bajo el entendimiento y el consenso, no habrá ninguna objeción por nuestra parte. Pero habrá que tener claro como se materializa y que no se limiten a declaraciones de intenciones". Cabe recordar que fue el departamento de Cárdenas el que reactivó la construcción de la estación de autobuses interurbanos, que la Junta levantará este año en la avenida de Astilleros y que es de los pocos proyectos pendientes del Plan Plaza de Sevilla que ya están en marcha.

Lo cierto es que la Junta ya aprobó en su día el derribo de la Aduana. En abril de 2008 el entonces delegado del Gobierno andaluz, José Antonio Gómez Periñán, indicó que en este tema "la Junta estará a favor de lo que determinen el Ayuntamiento de Cádiz y Adif", que no era otra cosa que la demolición del polémico edificio. Incluso la propia Consejería de Cultura emitió sendos documentos, en noviembre de 2004 y diciembre de 2007, en los que no ponía impedimentos a esta operación, limitándose a exigir mayor protección para el vecino lienzo de la muralla junto a la Cuesta de las Calesas. Con todo, y tras la demanda del colectivo 'Salvemos la Aduana', se encargó un estudio a dos historiadores de Madrid y Sevilla que apoyaron el mantenimiento del edificio, sobre el que se sustentó la posterior inclusión del mismo en el Catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz. En aquel momento, fuentes socialistas llegaron a reconocer que la dirección del PSOE regional movió los hilos para acelerar la protección del edificio, en contra de los intereses del gobierno local, del PP.

Fernando López Gil deja claro que la operación de la Aduana se incluye dentro de un acuerdo global, entre la Junta y el Ayuntamiento, sobre los equipamientos de la administración regional que están sin un uso definido en la capital. Desde hace semanas se están manteniendo conversaciones en clave técnica que López Gil espera se cierren con un acuerdo general, aunque no descarta que, si hay algún problema sobre algún inmueble, se busquen soluciones puntuales.

El lista sobre lo que se discute es amplia y ya conocida. Están edificios cuyo estado de abandono es lamentado y criticado por buena parte de la ciudadanía: Tiempo Libre, Náutica, Bellas Artes, los solares de San Luis y Loreto... La Junta ya tiene una idea sobre los usos que se le pueden dar a cada uno de ellos, al igual que lo tiene el Ayuntamiento. Todo ello se ha puesto sobre la mesa y ahora hay que llegar a un diseño común. En todo este proceso hay que tener en cuenta que si se elimina el uso administrativo de un edificio hay que buscar una alternativa en otro punto de la ciudad, sobre todo porque el Plan de Ordenación Urbana obliga a un equilibrio en los números en el conjunto de la ciudad.

López Gil cree que finalmente habrá un acuerdo con el Ayuntamiento. Lejos quedan las fricciones entre la Junta y el gobierno de Teófila Martínez. "Este es un proyecto bueno para la ciudad de Cádiz por lo que espero se cierre en su totalidad, aunque hay algunos aspectos difíciles. Pero hay una buena disposición entre las dos partes".

Si finalmente, la Junta y el Ayuntamiento coinciden en la necesidad de demoler el edificio de la Aduana, esta caerá por fin.