Las medidas tomadas por el Gobierno contra la Universidad Pública y la negativa de ésta a asumir alguna de ellas ha motivado la presentación, por parte del Gobierno, de una demanda contra la Universidad Pública Española. Con estas palabras introductorias arrancó ayer un juicio simulado a la Universidad, celebrado en audiencia pública. En plena calle Ancha.

Algo más de un centenar de personas se concentró a las doce del mediodía frente a la sede del Rectorado de la institución académica gaditana para seguir esta performance que, días atrás, fue propuesta en una asamblea de la Plataforma en Defensa de la Universidad Pública de la UCA por la profesora de la Facultad de Derecho Esther Hava. La docente defiende que este tipo de iniciativas son más aplaudidas por la sociedad que los encierros o la suspensión de clases.

"Por favor, guarden silencio -reclamó Jesús Gómez, actor gaditano que encarnó a uno de los tres magistrados del tribunal-. La acusación particular representará en esta audiencia al Gobierno de España, como promotor de los recortes anunciados en la enseñanza universitaria. Y la defensa de la Universidad la llevará la representación de la sociedad, que es quien sufraga los gastos de la Universidad pública".

La acusación, a quien puso voz la empleada de administración y servicios de la UCA Raquel Olazábal, solicitó que la acusada, la Universidad de Cádiz, "sea condenada a cumplir el contenido del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, por no haber respondido a las expectativas que debe cumplir una universidad pública y ocasionar con ello un grave perjuicio al país".

Representando a la acusada UCA se sentaron en el banquillo un docente, una representante del personal de administración y servicios y un estudiante.

"¿Cuántas horas de clase da usted a la semana?". Con esta pregunta inició la acusación el interrogatorio al profesor. "Desde 1990, entre ocho y doce", respondió el docente. Y prosiguieron los interrogantes: "¿Cuántos trabajos de investigación ha publicado en el último año?". "Más de 40 publicaciones". "¿No es cierto que usted tiene al año tres meses de vacaciones pagadas?". "Eso dicen algunos, pero yo no lo conozco".

La defensa, representada por el alumno de Derecho Miguel de la Flor, también preguntó: "¿Cuánto tiempo dedica a preparar las clases y a hacer tutorías?". "Suelo hacer todo eso los sábados y domingos". "¿Cuántos alumnos tiene este año?". "Tengo grupos de 15-20 alumnos y otros de cien". "¿Podría dedicarles el mismo tiempo con un número superior de alumnos?". "Complicado". "Si le aumentaran la carga docente que ya tiene, ¿podrías seguir investigando?". "Ya lo veremos si eso ocurre".

A continuación, el interrogatorio lo sufrió una empleada del PAS. Explicó que su jornada laboral dura lo mismo que la de cualquier empleado público, negó que en su unidad se usen más recursos públicos de los que son necesarios, y defendió que no sobran empleados para realizar el trabajo que sus compañeros y ella tienen asignado. Asimismo, afirmó tener controles de presencia en su puesto de trabajo, también aseguró que a su unidad se le ha realizado en los últimos años alguna auditoría, y comunicó que en los últimos tiempos, con motivo de los recortes, se le ha bajado el sueldo un 5%.

Tras su testimonio, las miradas se centraron en un alumno de cuarto de Historia. A la acusación y a la defensa explicó que a la semana da entre 15 y 20 horas de clase, que aún tiene pendiente una asignatura de segundo y otra de tercero, que a las redes sociales suele dedicar dos o tres horas diarias y cero al botellón, y que le preocupa la subida de tasas. "Soy consciente del esfuerzo que realiza mi familia y la sociedad para que yo pueda estudiar una carrera, pues la formación no es gratuita. Y si suben las tasas académicas, no podría permitirme ningún error, porque en tal caso no podría seguir estudiando", declaró.

Tras las preguntas, llegaron las disertaciones de la acusación y la defensa. "Pocas universidades españolas se encuentran en los ranking internacionales de las mejores universidades, no se imparte una formación adecuada a la demanda y tiene un alto índice de fracaso que debemos pagar con dinero público. Muchos profesores universitarios investigan poco, y la plantilla del PAS es mucho más amplia de lo que realmente necesita una universidad pública. Los malos estudiantes, que se replanteen su futuro o pagar el coste real de sus carreras, porque el Estado no puede seguir proporcionándoles estudios universitarios gratuitos". Pitos y abucheos se intercalaron entre las enunciaciones de la profesional, a quien le sucedió en palabras el estudiante de Derecho: "La Universidad Pública española es la segunda a nivel mundial en patentes universitarias, a pesar de que sólo se invierte en investigación un 1,39 del PIB, frente al 2,3 que se invierte en los países de la OCDE. Mientras tanto, el Gobierno de la nación no parece tener problemas en salvar de la quiebra a una entidad bancaria con un rescate equivalente a más de tres veces lo presupuestado para investigación, y todo ello sin exigir ningún tipo de responsabilidades". Los aplausos interrumpieron su discurso. El universitario concluyó su jaleada intervención con una pregunta dirigida al Gobierno central: "¿Cómo puede tener la desvergüenza de exigir a la universidad pública que se apriete el cinturón y a los universitarios que estudien más o emigren, cuando se va a gastar más del triple del importe de los recortes en educación en salvar a Bankia?". "Es el Gobierno de la nación, señoría, y no la Universidad Pública, es el que debería sentarse en el banquillo de los acusados a la vista de toda la sociedad", agregó.

Y tras unos minutos de alboroto y de gritos como "¡Esta crisis no la pagamos!", el tribunal se pronunció: "Debemos absolver y absolvemos a la Universidad Pública por carecer de fundamentos las acusaciones formuladas por el Gobierno de la nación. Asimismo, acordamos deducir testimonio contra el mismo Gobierno de la nación, para que aclare, en audiencia pública y ante toda la sociedad, su responsabilidad con el caso Bankia".

Con esta aplaudida sentencia, se dio por concluido el sumarísimo y callejero juicio.