Rafael Lara lleva años implicado en el movimiento de ayuda social en Cádiz y su provincia. Cuando conversa con este diario, reflexionando sobre el último informe de Unicef que alerta sobre el espectacular incremento de la pobreza entre los españoles más jóvenes, y en especial entre los menores del país, lanza dos frases que, más allá de propicias para un titular periodístico atrayente, reflejan claramente cuál es la situación socioeconómico de Cádiz capital, y con ella de buena parte de España: "La situación se ha deteriorado tanto, y partíamos ya de una situación muy mala, que ahora Cádiz ya es como Grecia", o "Los mileuristas, que antes eran quienes estaban en la peor situación, ahora son los privilegiados para parte de la sociedad".

Destaca Unicef que en dos años hay 205.000 niños más que habitan en hogares considerados bajo el umbral de la pobreza. No hay una aproximación de esta cifra en clave local. Incluso se adolece de un estudio exhaustivo sobre la situación de las familias gaditanas, pero sí se constata, a través de asociaciones humanitarias, entidades vecinales y los datos que aportan las administraciones públicas, que la crisis económica ha tocado de lleno a la sociedad de Cádiz, que la pobreza, y con ellos las necesidades más vitales, va en constante aumento, y que comienzan a ser los menores los que reciben con mayor impacto el impacto negativo de esta crisis, que son todos.

"A través de las distintas asociaciones amigas, estamos percibiendo y mucho un claro incremento de familias bajo el umbral de pobreza", destaca el portavoz de la Asociación pro Derechos Humanos en Cádiz. "Incluso a nosotros, que trabajamos con inmigrantes, nos llegan gente de aquí pidiendo ayuda. Aunque en Cádiz no afecta tanto el problema de los desahucios, ya que la ciudad no sufrió el boom inmobiliario, sí es cierto que acumulaba de años una delicada situación económica que ahora está tocando de lleno a la clase media, por lo que estamos en una situación muy peligrosa, muy difícil. Incluso me atrevería a decir que estamos cerca de un crack social. Cádiz ha sobrevivido mucho gracias a la economía sumergida, pero eso también se está acabando porque ya no hay ni para un chapú".

Ante ello, una de las medidas a adoptar, según Lara, es la activación de las comisiones previstas en el Consejo de Exclusión Social puesto en marcha por el Ayuntamiento. "Es necesario tener una visión común, una radiografía de cómo está la ciudad para así poder adoptar medidas más efectivas, y para ello hay que tener voluntad por parte municipal para sacar adelante estas comisiones", reclama Rafael Lara. En este sentido, la concejala de Servicios Sociales, Carmen Sánchez, indicó a este diario que se estaba comunicando con los distintos colectivos implicados en esta tarea para ver en qué campos se quiere trabajar, asumiendo la importancia de un organismo "que hay que vertebrar bien".

Lo cierto es que parece evidente la necesidad de contar con un diagnóstico claro sobre la ciudad y la incidencia social de la crisis económica. Se sabe que hay más de 16.000 desempleados, muchos de ellos con años de cartilla encima; se sabe que los comedores sociales cada día se llenan más, y que los alimentos que reparte Cruz Roja se agotan con mayor rapidez, y que Cáritas no cuenta con suficiente medios para atender a tantos necesitados, que se han duplicado desde 2007. Pero las administraciones no cuentan, o por lo menos no la ofrecen a la opinión pública, con la necesaria radiografía que permita fijar un plan de actuación que ayude a paliar esta situación.

Por ejemplo, la delegación municipal de Servicios Sociales, sobre la que recae buena parte de las peticiones ciudadanas, destaca que durante 2011 el programa de Intervención Familiar actuó sobre 326 familias de la ciudad. Las ayudas para pagar la luz y el agua encabeza el lista de aportaciones financieras. Junto a estas familias, otras 116 familias se beneficiaron de ayudas procedentes de otras concejalías, como Mujer, Sanidad o Fomento. Igualmente destaca el programa contra el absentismo escolar, aunque en éste parece que la crisis económica no incide, todo lo contrario, al ser constante el descenso en el número de implicados. En todo caso, el Ayuntamiento no aporta datos más concretos sobre todo el conjunto de ayudas que aporta y los beneficiarios de la misma. Eso sí, Carmen Sánchez asume que "hay un cambio de perfil" entre las familias que acuden a los servicios sociales. El gobierno municipal del PP no plantea rebajar la partida económica destinada a este departamento en el presupuesto de 2012 que aún está pendiente de presentación, a pesar del recorte generalizado en el resto de las áreas de gestión local.

Desde la Junta de Andalucía, una delegación, la de Educación, es la que puede aportar de forma más clara la evolución negativa de la situación social en la ciudad, centrado en los menores de la casa, aquellos cuyo número se había incrementado de forma considerable entre quienes viven bajo el umbral de la pobreza.

Este análisis se puede realizar entre los estudiantes de los colegios públicos que almuerzan en los centros y obtienen una bonificación del cien por cien en el coste de estas comidas, ante la imposibilidad familiar por afrontar este gasto. En muchos casos supone para estos niños la única comida en condiciones que toman a lo largo de la jornada, hasta el punto que muchos de ellos llegan por la mañana al colegio sin ningún alimento en el estómago y hay centros que les dan leche y galletas por su cuenta.

Entre los colegios donde hay un porcentaje más elevado de alumnos a los que se les da el almuerzo gratis destaca Campo del Sur, Santa Teresa, Gadir o Adolfo de Castro. Todos ellos ubicados en los barrios más degradados, como Santa María, La Viña o La Paz, entre otros, que el último informe dado a conocer por la APDH, y que data de 2008, los sitúa entre los que se encuentran en situación de alarma.

En todo caso, el efecto de la crisis no se limita a los centros públicos. Hay también renombrados centros concertados en la capital que también constatan los problemas económicos de muchas familias ya que algunas se convierten en deudoras de estos colegios al no pagar la mensualidad de sus hijos.

Las asociaciones de vecinos son la otra pata de apoyo a las familias. Manuel Molina, presidenta de Bahía Gaditana, en La Paz, destaca como su entidad atiende a 130 familias, de las que 105 son de parejas jóvenes con hijos. "Antes venían a pedir los de siempre, pero a éstos se le han unido muchos jóvenes. Piden para el agua, la luz, el alquiler. Por si fuera poco, muchos sufren ahora la presión de la Junta de Andalucía (propietaria de buena parte del parque inmobiliario del barrio) que les reclama el pago del alquiler, cuando hasta ahora nunca se había comportado así y lo hacen cuando muchos pasan por muy mala situación".

En Santa María, Carmen Gelo, vocal de Asuntos Sociales de la entidad, coincide en la gravedad de la crisis. "Hace apenas tres años no había tantas familia pidiendo ayuda. El pasado mes de abril desde Cáritas de la Merced pudimos ayudar a 110, pero hay muchas más. Y sobre todo, muchos jóvenes, con niños pequeños. No tienen ni para los medicamentos y algunos vecinos llegan a acumular deudas de 1.700 euros en el pago del alquiler".

Aún existiendo colectivos solidarios, Gelo se topa con un barrio con la economía muy degradada desde hace décadas, lo que se nota en las aportaciones a Cáritas, lamentando que ni Santo Domingo ni Santa María "aporte el dinero de las recolectas del primer mes del mes que siempre ha ido destinada a Cáritas Diocesana para las ayudas sociales".