Hablaba el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de que uno de los elementos esenciales de la Constitución de Cádiz de 1812 era su lucha contra la tradición española, contra el poder, cuando medio centenar de miembros del movimiento Valcárcel Recuperado se levantaron en medio del Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras para leer un manifiesto en contra del que catalogaron como ilegal y violento desalojo al que fueron sometidos por parte de la Policía Nacional el pasado miércoles. Tanto el magistrado como José María Ridao, con quien compartía cartel en el quinto encuentro del ciclo Diálogos sobre la Libertad que organiza la Asociación de la Prensa y el Consorcio del Bicentenario, y Javier Pérez Royo, que volvió a hacer las veces de moderador, guardaron silencio y esperaron a que los gritos de "Juez escucha, el pueblo está en la lucha", o "Valcárcel para el pueblo" menguaran. Tras desalojar la sala Marlaska retomó la palabra y dijo: "Eso es Cádiz. La libertad, la solidaridad, el ejercicio de la libertad de expresión. También eso representó la Constitución de 1812". Parecía que todo se iba a quedar ahí, pero fuera del Aula Magna se libraba otra batalla, una menos dialéctica y con viejos contendientes. Un inspector de la Policía Nacional se acercó a tratar de identificar a uno de los miembros del movimiento y, según la versión policial, el hermano de éste se le abalanzó propinándole varios puñetazos, ante lo que cinco agentes antidisturbios se adentraron en la Universidad y procedieron a su detención. A partir de ese momento se precipitaron los acontecimientos. Hubo quejas por la presencia de la Policía en un recinto público y se produjo un forcejeo que acabó con una carga policial que se saldó con una herida, que sufrió una brecha en la cabeza al ser golpeada con una porra, y varios contusionados, en lo que se puede considerar una actuación cuando menos exagerada. Los miembros del movimiento se quejaron de la violencia policial y estos argumentaron que hubo provocación e insultos. Además, justifican su entrada en el centro por la presencia del magistrado Grande-Marlaska, quien está protegido, y que incluso fue amenazado e insultado por algunos miembros del movimiento.

El rector de la UCA, Eduardo González-Mazo, que estaba presente en la conferencia, salió rápidamente para intentar calmar los ánimos y solicitó explicaciones a la Policía, a quien pidió que le dijera quién les había dado permiso para actuar en el interior del recinto universitario. "La UCA no ha solicitado presencia alguna de Policía en el centro, ni ha autorizado su intervención". Además lamentó "profundamente los graves hechos acontecidos". González-Mazo se puso en contacto anoche mismo con el subdelegado del Gobierno en Cádiz para requerirle explicaciones sobre lo sucedido.

Mientras que el rector hablaba con las partes, la joven herida permanecía sangrando apoyada en una columna a la espera de una ambulancia que tardó en llegar casi media hora. El profesor José María Esteban la atendió ante la preocupación de algunos de sus compañeros, jóvenes y mayores, que mostraron airadamente su indignación por la actuación policial. "No pueden entrar en la Universidad dando palos, eso es ilegal". 

A instancias del personal de la UCA, y para calmar los ánimos, el contingente policial fue abandonando poco a poco sus dependencias, no sin antes requerir a uno de los miembros de Valcárcel Recuperado que portaba una cámara de fotos que les mostrara las imágenes por si debían ser requeridas por la autoridad, algo que también despertó las airadas protestas de los activistas.

Ya dentro de la sala, Ridao aseguró al ser preguntado por su impresión sobre la ocurrido que "no creo en las libertades fuera de las reglas, porque entonces se convierte en la ley del más fuerte".

Por su parte Grande-Marlaska se preguntó qué había pasado con su derecho a la libertad de expresión. "Porque yo estaba hablando cuando se me ha interrumpido. Si ahí fuera ha ocurrido algo ilegítimo serán los tribunales quienes deberán juzgarlo". Además, al preguntarle qué solución le quedan entonces a las minorías, dijo que "yo también pertenezco a una minoría y he luchado dentro del estado de derecho, por mi dignidad y por mi condición de homosexual. Hay que aprender a ejercitar los derechos".

Antes de los acontecimientos de la tarde, medio centenar de activistas se concentraron frente a Diputación para protestar por el desalojo y acordaron movilizaciones, como la manifestación que llevarán a cabo mañana sábado en la plaza del Hotel Playa Victoria, que pertenece a Zaragoza Urbana, empresa propietaria de Valcárcel. Por su parte, IU lamentó profundamente el desalojo de Valcárcel y destacó la labor cultural que han desarrollado durante estos siete meses que ha durado la ocupación del edificio.