Tres de los integrantes de la plataforma Valcárcel Recuperado acudieron a declarar al Juzgado Número 1 de Instrucción de Cádiz, como parte del proceso de desalojo iniciado tras el requerimiento de la empresa propietaria del inmueble Zaragoza Urbana. En esta cita judicial estuvieron presentes a la puerta del juzgado algunos de sus compañeros que defienden el uso ciudadano del antiguo hospicio ocupado desde el mes de junio. De esta forma el proceso sigue su curso a la espera de que el juez tome una decisión y ordene el desalojo. En el caso de que los ocupantes se negaran a abandonar el edificio la policía se vería obligada a realizar el desalojo forzoso.

Hasta el momento, según fuentes policiales, el juez solo ha realizado un requerimiento de desalojo, es decir, se ha informado a los miembros de la plataforma Valcárcel Recuperado de que tienen que abandonar el edificio. Según confirma la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Ángeles Ayuso, el pasado mes de noviembre, la fiscalía emitió un informe favorable al desalojo de Valcárcel, en base a un informe técnico presentado por la propietaria del inmueble, Zaragoza Urbana, en el que se argumentaba el riesgo de derrumbe del edificio y el consiguiente peligro para las personas que lo estaban ocupando. La fiscalía entregó su informe al juez de instrucción número 1 de Cádiz, que es el que ayer estaba tomando declaración a los ocupantes de Varcárcel.

Desde la plataforma, uno de sus portavoces del grupo de comunicación, Miguel Ángel Ruiz, explica que tras la solicitud de desalojo del titular, "la orden puede llegar mañana, dentro de una semana o dentro de un mes". Y reconoce que son conscientes de lo que el juez pueda ordenar, " eso lo sabíamos desde el principio", comenta. Ante las informaciones que indicaban que el juez había ordenado el desalojo sentencia que "todo es mentira, el juez no puede decretar antes de tomar las declaraciones" y según la plataforma, "hasta ahora no hay ninguna orden". Desde la plataforma piensan que "se ha alarmado a todo el mundo" ya que "desde hace tres días sabemos que estaban citados los compañeros" y hasta el momento "todo ha ido dentro de lo que esperábamos".

La fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, explica que en todos los casos de ocupaciones en España, la ley permite que el juzgado acuerde el desalojo, pero en la práctica no se emite la orden hasta que no lo solicite el dueño. Así, en el caso de Valcárcel, hasta que la propiedad no informó del riesgo que existe para los ocupantes, no se emitió el informe favorable al desalojo. También señala que el plazo para el desalojo de edificios lo designa el juez en cada caso concreto.

Ante el posible desalojo, los miembros de Valcárcel Recuperado no han consensuado aún nada, "en corrillos sí se habla pero no hay nada en actas", declara su portavoz. Lo único que tienen claro es que no va a haber ningún tipo de resistencia violenta, sólo pacífica y simbólica. Miguel Ángel Ruiz comenta como portavoz que la acción que están realizando es voluntaria y que "quién no esté a gusto o tenga miedo es libre de abandonar". De todas formas, matiza, "hay mucha gente implicada y no creo que sea fácil que de repente digan 'nos vamos', tampoco vamos a tirar la toalla".

En la tarde de ayer eran muchas las personas cercanas a este movimiento que se acercaban a Valcárcel para interesarse por la situación en el edificio. Estaban temerosos de que se hubiera realizado el desalojo y se sentía la inquietud en el ambiente. Las reuniones informativas que se fueron realizando durante toda la tarde eran a puerta cerrada, por lo menos para los medios de comunicación que se interesaban por estar presentes para conocer la situación que viven.

La queja de la mayoría de los miembros de la plataforma presentes ayer en Valcárcel giraba en torno al malestar con la prensa. Costaba mucho trabajo que respondieran a las preguntas para conocer sus impresiones y era tarea imposible realizar una fotografía que plasmara la actividad en la tarde de ayer. La única fotografía, la de la puerta cerrada, y no fue por no insistir. "Estamos muy desencantados", era la más suave de las acusaciones y remitían cualquier respuesta al portavoz del grupo de comunicación. Todo de buenas maneras y sin ofender. Pero se producían miradas lejanas al periodista, reuniones que se disuelven cuando lo notan cerca y algún gesto de dedo que va a la boca para pedir silencio, que nos escuchan. Poco a poco algunos fueron aceptando la conversación. Hablaban de Valcárcel, de los talleres que se hacen allí, del mal estado en que se encontraron el edificio y de la responsabilidad de los propietarios para conservar un inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural. Pero, sobre todo, siempre se derivaba en su percepción de lo que es el periodismo actual, "no se cuenta toda la verdad", comentaban. Alguno sí mostraba su desacuerdo ante la negativa a dejar entrar a los medios a las reuniones.

Miedo a salir en las fotografías, temor a que se mal interpreten sus palabras. Eso decían ellos y transmitían con su actitud. Desde la portavocía, Miguel Ángel Ruiz, justifica esta respuesta, "son reuniones informativas para aclarar y tranquilizar tras las declaraciones ante el juez esta mañana y por la información de la orden de desalojo". El motivo de por qué siendo una asamblea de entrada libre para todos los ciudadanos se niega la entrada a un medio de comunicación es que "se ha hecho por dar calma a las personas" y se deja claro que "no hay una trama que se quiera ocultar".

Ambiente tenso el que se respiraba en la tarde de ayer en Valcárcel en un momento en el que los miembros de la plataforma ven más cerca la orden de desalojo y se tendrán que enfrentar al dictamen del juez.