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Andalucía

Tregua de los empleados públicos

  • El lunes se publicó en el BOJA la Ley de Reordenación del Sector Público · El jueves, los grupos contrarios a la ley se reunieron en Antequera

Tregua. Nadie lo confirma, pero tampoco lo niega. No se sabe cuál será el siguiente paso. Estamos al menos en una pausa. Sólo un sindicato de los más representativos entre los funcionarios, el Safja, aprovechará el Día de Andalucía para llevar mañana su protesta a las puertas del Parlamento andaluz. Por el contrario, el CSIF, mayoritario entre este colectivo, lo considera una jornada por encima de la pugna que libran contra el Gobierno andaluz por una ordenación del sector público, que sigue calificando "un atropello". Rafael Hurtado de Mendoza, presidente regional del CSIF ha sido invitado a los actos del 28-F y asistirá.

La entrada en vigor de la Ley de Reordenación del Sector Público ha cambiado el escenario. Se publicó en el BOJA el lunes, en una semana intensa de trabajo sindical. Se negocia el acceso a las 500 plazas de la Administración general de la Junta que hay en la oferta pública de empleo de este año. Estamos en vísperas del mayor macroconcurso de traslado de la historia de la Junta que puede afectar a 11.000 personas. Hay elecciones sindicales para los funcionarios el 28 de abril en la mayor parte de las provincias. Un poco antes en Huelva, un poco después en Sevilla y en octubre o noviembre en Jaén.

Está abierta y estancada desde hace dos años y medio la negociación de un convenio colectivo para el personal laboral de la Administración. Felipe Falcó (CCOO) añade a la lista la negociación de los estatutos de las agencias que ha creado la nueva ley. Los sindicatos ya tienen varios borradores.

Trabajo sindical a destajo, que se solaparía con la protesta contra la ley, si es que los nueve colectivos contrarios deciden continuar en la brecha. Algunos lo pretenden. Para estudiar la estrategia de futuro, el jueves se reunió en Antequera medio centenar de representantes de los sindicatos y plataformas que han convocado las ruidosas manifestaciones contra el Decreto 5/2010. De la reunión ha trascendido poco. Habrá asambleas provinciales para decidir actuaciones unitarias, aunque a las plataformas se las ve más beligerantes que a los sindicatos. Hay quien propuso en la reunión de Antequera convocar huelgas por horas, pero nada se concretó.

La revuelta de los funcionarios se llevó por delante en noviembre al secretario general de Administración Pública de la Junta, José Antonio Ortiz Mallol, considerado el padre del Decreto 5/2010. En el Gobierno andaluz se reconoce ahora que algo no se hizo bien. Se publicó a finales de julio, en respuesta a un acuerdo unánime de todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 22 de marzo del año pasado, para reducir sus administraciones instrumentales.

En Andalucía ese conglomerado suma 350 entidades. Son fundaciones, como la dedicada al empleo; empresas públicas como DAP (desarrollo agrario y pesquero) o Egmasa (gestión medioambiental); entes de derecho administrativo, como el IFA, llamado ahora IDEA, o consorcios, como las 95 Utedlt, unidades territoriales para el desarrollo del empleo locales. Estas unidades territoriales son el grueso de los 111 organismos que desaparecen con las medidas tomadas por la Junta.

Si hay una sola cosa en la que están de acuerdo todas las partes en conflicto, los sindicatos independientes, los clásicos y el Gobierno es que hay que desarrollar en Andalucía el Estatuto Básico del Empleado Público, el Ebep, una ley nacional de 2007. Rocío Luna (Ustea) señala que es urgente reformar la Ley de la Función Pública andaluza, del año 85. La ley autonómica pendiente definiría qué es un empleado público y acabaría con la polémica de estos meses atrás, sobre los métodos de selección, los enchufes y el mérito. Pero eso no ocurrirá en esta legislatura.

Para los no iniciados es conveniente explicar que en la Administración general de la Junta hay funcionarios y personal laboral, para los que hay establecidos criterios de selección desde los 90 y normas regladas desde los 2000. Por ejemplo, ahora para entrar en el banco de datos de interinos hay que haber aprobado algún examen en una prueba de selección anterior. En los concursos oposición se valora la experiencia de los interinos en un 25% y el examen en un 75%. Nunca ha habido oposiciones restringidas en la Junta, pero en los años 2002, 2003 y 2004 para arreglar el problema de los interinos se elevó el baremo de los méritos hasta el 40 ó el 45%, según distintas fuentes. La UE recomienda que el número de interinos no rebase el 8% de la plantilla y en aquel momento con 7.000 u 8.000, representaban alrededor de un 18%. En la última década un 52% de las plazas de funcionarios las han sacado directamente desde la calle opositores sin puntos de interinos. Un porcentaje que se reduce al 38% en el caso del personal laboral. Funcionarios y laborales son los únicos empleados públicos para CSIF, Safja y Ustea. Los tres son predominantes entre los funcionarios. Entre los laborales, están por delante UGT y CCOO. Los dos opinan, con el Gobierno regional que también son empleados públicos los contratados de la administración instrumental.

La plantilla total de la Junta, según fuentes oficiosas se compondría de 46.500 personas en la administración general. 98.500 docentes, 90.000 sanitarios, 7.700 de Justicia y 23.000 de la administración llamada paralela. Lo que suma 265.700, con 2.391 delegados sindicales. Alicia Martos insiste en que "la Administración paralela era un chiringuito que hacía falta regularizar, pero no así". Tras la tregua, empieza la segunda parte. Esto no ha terminado.

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