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Andalucía

Chamizo pide que la Justicia actúe en los fraudes de la escolarización

  • El Defensor del Pueblo Andaluz considera que la normativa actual "no comporta riesgos ni perjuicios para el infractor" · Sugiere la intervención de la Fiscalía si las irregularidades llegan a suponer un delito

A pocos días de que termine la escolarización para el próximo curso, el Defensor del Pueblo Andaluz ha cuestionado varios aspectos esenciales de este proceso, uno de los más complejos que pone en marcha cada año la Administración andaluza. José Chamizo ha enviado una resolución a la Consejería de Educación en la que reclama que se sancione con "mayor rigor" los fraudes que cometen las familias para lograr una plaza en los colegios y que se revisen varios conceptos que otorgan gran puntuación en la baremación: la renta familiar, el domicilio laboral y la definición de familia monoparental. Propuestas que responden a la gran cantidad de quejas que cada año llegan hasta dicha oficina, y que convierten a la enseñanza andaluza en uno de los asuntos más mejorables de la política autonómica.

Los datos falsos en la documentación familiar son el talón de Aquiles de la escolarización. Todo por conseguir una plaza en el colegio deseado. Estos fraudes suelen ser más frecuentes en los centros concertados más solicitados, donde la oferta es menor que la demanda, de ahí que se recurra al engaño para que un hijo entre en una escuela donde se formará con el ideario religioso que comparten los padres. El nivel de falsificación es tal que se ha creado una economía paralela: agencia de detectives que espían a presuntos padres fraudulentos, servicios de abogados encargados de reclamar la escolarización denegada y denunciar a otras familias que sí han conseguido plaza y el aparatoso sistema de fabricar situaciones ficticias, mentiras cada vez más sutiles conforme más cambios se introducen en la escolarización.

La dificultad que entraña en muchas ocasiones lograr una plaza ha provocado que matrimonios simulen una separación, cambien de domicilio de forma temporal o lleguen a crear una empresa fantasma para acreditarla como domicilio laboral. Un engendro que se activa cada mes de marzo con total impunidad. El único temor de los padres a ser pillados es que se les resten los puntos conseguidos. No hay ninguna posibilidad de que sean sancionados penalmente.

Tras numerosas quejas de padres, el Defensor del Pueblo Andaluz ha enviado una resolución a la Consejería que dirige Mar Moreno para poner fin a la situación: quien cometa fraude en la escolarización tendrá que ser sancionado con algo más que la pérdida de puntos. La pelota queda ahora en el tejado de la Junta. En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Chamizo solicita, en primer lugar, "la pérdida de todos los derechos de prioridad que pudieran corresponder a dicho solicitante que ha cometido una infracción". Va, incluso, más allá. Señala que cuando la irregularidad suponga "la falta o delito perseguible penalmente, debería darse conocimiento inmediato de los hechos al Ministerio Fiscal para que intervenga".

En declaraciones a Diario de Sevilla, Chamizo sustenta esta petición en el hecho de que "no se puede vulnerar un derecho para conseguir una plaza. Eso es inconcebible en una sociedad desarrollada". Para el Defensor del Pueblo Andaluz, la única penalización que pueden temer los infractores es la pérdida de los puntos que le hubieran sido adjudicados como consecuencia de dicha actuación ilegítima. Nada más. De ahí que reclame "mayor dureza y rigor" en la sanciones, "que actualmente no comporta riesgos ni perjuicios notorios para el que comete un fraude". Además, según Chamizo, entre los andaluces se ha instalado una "sensación de impunidad" como consecuencia de la reiteración de estos casos y la "convicción" de la ciudadanía de que los engaños "o no son detectados, o lo que es más lamentable aún, que finalmente quedan sin ningún castigo".

Las declaraciones del Defensor del Pueblo son una clara muestra de la sensación de desamparo que muchas familias andaluzas han manifestado los últimos años. No en vano, a lo largo del año llegan a ser 300 denuncias las que se presentan en su oficina por cuestiones relacionadas con la escolarización. Por este motivo, las asociaciones de padres han sido las primeras en congratularse del envío de la citada resolución. El presidente de la FAPA Nueva Escuela, José Manuel Nieto, que representa a todas las Ampas públicas sevillanas, se manifestaba con estas palabras: "Estamos totalmente de acuerdo con Chamizo. Es lamentable lo que llegan a hacer algunos padres con tal de obtener una plaza. Situaciones fraudulentas que son más frecuentes en colegios concertados, ya que en los públicos no suelen producirse. Hay que sancionar penalmente a quien falsifica un documento público".

Juan María del Pino, presidente de la Fecapa, asociación de padres católicos, muestra igualmente su satisfacción por esta reivindicación, pero también pide a Chamizo que sea más contundente en la defensa de la libertad de educación. "Mostramos nuestro apoyo en la lucha contra el fraude, pero también nos gustaría escuchar su voz cuando pedimos que se amplíen las plazas en los colegios con más demanda".

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