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Andalucía

Las llamadas al teléfono de atención al profesor aumentan casi un 50%

  • Los sindicatos piden al Gobierno andaluz que elabore su propia Ley de Autoridad del Profesor · La consejera dice que cualquier decisión se hará por "consenso" · La Fiscalía ya consideraba autoridad a los docentes

Acoso y amenaza. Agresiones, tanto de los padres como de los alumnos... Estos son algunos de los principales problemas que se encuentran los docentes en las aulas. Así, el servicio defensor del profesor, puesto en marcha por el sindicato de enseñanza ANPE, ha atendido a 205 docentes andaluces en el último año, un 48,6% más que en 2007. Desde que comenzó a funcionar este teléfono, en el año 2005, un total de 486 maestros han tenido que recurrir a él. Aproximadamente el 50% de las llamadas recibidas corresponden al profesorado de Secundaria; un 35% a Primaria; un 6% a Educación Infantil y un 9% al resto de enseñanzas.

En cuanto a la tipología de las llamadas, es importante destacar que, en los dos primeros años de funcionamiento del servicio, aproximadamente siete de cada diez docentes atendidos (70%) denunciaban la imposibilidad de dar clase. Este año, el porcentaje de este tipo de llamadas ha descendido hasta un 40% y se ha producido un alarmante repunte de los conflictos y agresiones cuyos protagonistas son los padres de los alumnos.

La pérdida de respeto a los docentes y las agresiones de las que son víctimas ha llevado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a proponer que los profesores sean considerados agentes de la autoridad para que gocen de mejor consideración. Una propuesta que ha abierto el debate sobre si los docentes ya tienen esta autoridad reconocida de manera suficiente. La Fiscalía General del Estado mandó una circular en 2008 en la que se instaba a los tribunales a tratar precisamente al docente como autoridad y el Código Penal también habla de atentado contra los funcionarios. Por tanto, en teoría, los profesores de los centros públicos ya están respaldados por el Código Penal.

Profesores, padres, alumnos y políticos discrepan sobre esta medida, que ANPE lleva pidiendo desde hace años. El reconocimiento de la autoridad pública al profesorado es una "histórica aspiración" de su organización, cuenta Francisco Padilla, presidente de ANPE-Andalucía. "El actual deterioro del clima en los centros escolares hace imprescindible esta medida", asegura Padilla, que valora "muy positivamente una decisión beneficiosa para la sociedad, la educación y el profesorado".

La semana que viene está previsto que comience el debate sobre la convergencia educativa en el Parlamento donde los principales sindicatos de la enseñanza van a pedir al Gobierno andaluz que elabore su propia Ley de Autoridad del Profesor. "Si están realmente interesados en un pacto andaluz por la educación, tendrán que asumir el principio de autoridad docente, apoyado por la mayoría de las organizaciones sindicales", manifiesta el presidente de ANPE. Padilla considera "una frivolidad y una respuesta inútil remitir el problema de los ataques a la integridad física y moral de los docentes, a los reglamentos disciplinarios de los centros, puesto que los autores de la mayoría de estos ataques no son alumnos sino familiares".

Al respecto, la consejera de Educación, Mar Moreno, aseguró a Efe que cualquier decisión que adopte el Gobierno andaluz para regular la figura del profesor como autoridad se hará "dentro del consenso político y con la comunidad educativa". Moreno considera que el Código Penal "no va a arreglar los problemas de las aulas ni el rendimiento escolar" y entiende que "hace falta una autoridad cargada de reconocimiento y prestigio que no puede ser sólo coercitiva".

Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, manifestó ayer que la defensa del profesorado y su reconocimiento como autoridad pública "llegará con una concienciación social extendida" y abogó por "valorar" el trabajo de los profesionales educativos.

Los educadores coinciden en que la medida de forma aislada no solucionará el problema de la violencia en las aulas sino que tiene que venir acompañada de un consenso por parte de la Administración, de una formación inicial y continuada a los profesores, padres y alumnos.

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