El Parlamento andaluz, con los votos favorables de PSOE, PP e IU, aprobó a final del pasado año pedir al Gobierno central que en el reparto de los fondos estatales a las comunidades autónomas ganara peso la población de dependientes atendidos. La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, se mostró ayer favorable a que "se reconozca el esfuerzo a las comunidades que atienden a más dependientes", pese a que quiso mantener la cautela sobre un pronunciamiento definitivo que se tomará en el próximo Consejo Territorial y por consenso de todas las comunidades.

El fondo especial del Estado para combatir la crisis, un total de 400 millones de los que 72 se destinarán a Andalucía según la firma del convenio rubricado ayer, constituye el precedente. En su reparto, el Gobierno ponderó en un 20% el número de personas atendidas, lo que concitó la crítica del PP, que acusó a los socialistas de "inventar" un nuevo criterio para beneficiar a sus comunidades (Andalucía, Cataluña y Galicia entonces). Cabrera defendió ayer que, "pese a la juventud de la ley, había que primar a quienes han puesto especial empeño en su desarrollo".

La postura andaluza parte de un "mínimo" de un 20% de ponderación de este criterio frente a otros como población, número de mayores o la renta y ha dejado sobre la mesa una propuesta de hasta un 50%, pese a que es consciente de la dificultad de que prospere, aseguró a los periodistas Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta.

Si no se atiende ni el mínimo y todo siguiera igual, como han pedido las comunidades del PP en la negociación, la Junta vetará el reparto de los fondos, aseguró Navarro, que criticó la "contradicción" del PP de apoyar este criterio en Andalucía y lo contrario en Madrid.