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Caso de los ERE

La Junta exculpa al ex consejero Fernández y otros cinco imputados por el ERE de Surcolor

  • Reclama penas de cárcel para otros 11 acusados, entre ellos el ex delegado de Empleo Antonio Rivas y al conseguidor Juan Lanzas, que se enfrentan a penas de hasta tres años de cárcel

La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular en el caso de los ERE, ha solicitado la absolución del ex consejero de Empleo Antonio Fernández y de otros cinco investigados el ex viceconsejero Agustín Barberá, los ex directores generales de Empleo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el representante sindical José Hurtado- en la pieza separada por la ayuda concedida a la empresa Surcolor, en la que fueron hallados dos intrusos.

La acusación particular, según recoge el escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que tuvo acceso este periódico, sí que ha presentado cargos contra 11 de los 16 procesados en esta pieza, entre los que destacan el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que se enfrenta a tres años y medio de cárcel y al pago de una multa de 255.478,37 euros por delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias; el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, a los que la Junta reclama dos años y medio de prisión.

La Junta también ha acusado a los representantes de Surcolor Antonio Manuel Bustamante y Rafael Castilla, que se enfrentan a dos años de cárcel, la misma pena que se solicita para los intrusos José Antonio Márquez Sánchez –concuñado de Rivas- y Juan Manuel López Espadas, militante del PSOE y esposo de una concejal del PSOE del Ayuntamiento de Camas. La acusación particular pide igualmente dos años de prisión para el abogado Carlos Leal Bonmati y los representantes de la consultora Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo.

En el escrito se solicita una indemnización para la Junta por importe de 191.608,78 euros, cantidad que se corresponde con los 131.398,30 euros y 60.210,48 euros que percibieron los dos intrusos.Por el contrario, la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado penas de prisión para seis ex altos cargos por el ERE de Surcolor-Surcolor Óptica, en el que están procesadas 16 personas. Así, ha pedido ocho años de prisión para el ex consejero de Empleo Antonio Fernández  por un delito continuado de falsedad en documento oficial, mientras que a Agustín Barberá, el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el abogado Carlos Leal Bonmati, el conseguidor de los ERE Juan Lanzas y su testaferro les reclama otros ocho años de prisión a cada uno.

En el caso de los ex directores de Trabajo, Javier Guerrero se enfrenta también a ocho años de prisión por el ERE de Surcolor, mientras que  a sus sucesores Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera se les piden seis años de cárcel a cada uno.

Para los responsables de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús María Bordallo el Ministerio Público ocho años de prisión para el primero y cuatro años para el segundo, mientras que los dos responsables de Surcolor y Surcolor Óptica –Antonio Manuel Bustamante y Manuel Rafael Castilla Bustamante- y un representante sindical se enfrentan cada uno a ocho años de prisión. Para los intrusos Juan Manuel López Espadas y José Antonio Márquez Sánchez, Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para cada uno. En cuanto a las indemnizaciones a la Junta, la Fiscalía pide por ejemplo que Antonio Fernández, Agustín Barberá y Antonio Rivas, solidariamente con otros acusados, abonen 817.393,23 euros.

En el año 2005, las empresas Surcolor y Surcolor Óptica tenían 45 trabajadores e iniciaron en marzo un ERE para la extinción de la totalidad de los puestos de trabajo por causas económicas y cierre de la actividad, pero el ERE fue archivado al no subsanar los defectos detectados por la delegación provincial de Empleo. La empresa optó entonces por despidos individuales, que tuvieron lugar entre junio de 2006 y abril de 2007, y que afectaron a 24 trabajadores de ambas empresas y para el pago de las indemnizaciones se comprometieron a contratar una póliza de seguro.

Los responsables de la empresa, Antonio Manuel Bustamante León y Manuel Rafael Castilla Bustamante, presidente y consejero delegado de Surcolor, respectivamente, contactaron a principios de 2006 con el abogado Carlos Leal Bonmati de Estudios Jurídicos Villasís, así como con el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, “como persona que le pudiera facilitar la búsqueda de fondos públicos de la Junta de Andalucía para atender los pagos que se derivarían de la extinción de los contratos laborales de la plantilla y que eran obligación de la empresa”, precisan en su escrito de acusación los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra.

Lanzas contactó a su vez con el delegado de Empleo Antonio Rivas y con el director general de Trabajo Javier Guerrero, facilitándole a este último los importes de las indemnizaciones por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción de los puestos. Sin embargo, Antonio Rivas, “instó” a los responsables de la mediadora Vitalia para que introdujeran a dos intrusos: Juan Manuel López Espadas -militante del PSOE y esposo de una concejal del PSOE del Ayuntamiento de Camas-  y José Antonio Márquez Sánchez –concuñado de Antonio Rivas-, los cuales “nunca habían formado parte de la plantilla de ninguna de las empresas”.

La Fiscalía, a diferencia que la Junta de Andalucía, sostiene que el ex consejero Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá, así como Guerrero y Rivas conocían que “no se había seguido procedimiento alguno tratándose de una ayuda directa a las empresas para que éstas abonasen las indemnizaciones por despido de 24 trabajadores”, además de los dos intrusos, y todo ello “sin que se formulara solicitud, sin la más mínima tramitación administrativa, sin que se dictara por el órgano competente resolución de concesión o se recogiese de algún modo exigencia de justificación alguna”, llegando incluso a no publicar “deliberadamente” dicha ayuda en la base de datos de subvenciones de la Junta.

La Fiscalía asegura además que Lanzas cobró una comisión, como “contraprestación económica” por haber logrado los fondos públicos, para lo cual hizo que su testaferro Francisco Algarín Lamela, “como empresario individual y sin haber realizado ninguna prestación de servicios o entrega de bienes”, facturara a las empresas por importe de 118.752,64 euros.

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