"Una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que no pagan? Yo llevo dos años esperando y no sé nada". La frase es de una madre de familia numerosa de Granada que participa en la página de Facebook llamada Afectados impago ayudas por menores y partos múltiples Junta de Andalucía. El grupo suma ya 319 miembros y fue creado por Nuria López, una madre, también granadina, con tres hijos, uno de siete años y dos gemelos de dos.

Cuando nacieron los dos pequeños, López solicitó a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales la ayuda por parto múltiple, que le da derecho a cobrar 1.200 euros anuales en los tres primeros año. La Administración se la concedió, pero ni en 2014, ni en 2015 ni en lo que va de 2016 ha recibido un sólo euro. "Si no tienen presupuesto, que no las concedan", se queja esta madre, que tacha la situación de "injusticia social" y reconoce que su estatus laboral no es el mejor, con unos ingresos mensuales de unos 1.300 euros para una familia numerosa.

La Administración autonómica asegura que, en la actualidad, se están pagando las ayudas por parto múltiple, "pero no al ritmo que se desearía". Concretamente, estas políticas y las ayudas por tercer hijo cuentan en 2016 con una dotación de 1.203.240 euros, de los cuales se empleado ya 350.000 euros. El departamento que lidera María José Sánchez Rubio espera tramitar 1.424 expedientes en el año vigente; mientras que el año pasado fueron 1.545.

Desde Igualdad achacan el retraso, al menos en parte, a los "recortes" puestos en marcha por el Gobierno central en los años de crisis económica, por lo que ante la escasez de recursos la Junta asegura haber priorizado a las familias que están en riesgo de exclusión social. Estos fondos se gestionan a través de los servicios sociales comunitarios de cada localidad, que estudian cada situación y decide otorgar el pago o sufragar servicios como los gastos de electrodomésticos o las facturas de suministros básicos como la luz o el agua.

A pesar de estas afirmaciones de la Junta, la situación que denuncia Nuria López parece haber experimentado un repunte. Tanto el Defensor del Pueblo Andaluz, organismo que dirige Jesús Maeztu, como la Federación Andaluza de Familias Numerosas han detectado que los retrasos se mantienen, al menos, desde el año 2014. Incluso para familias con dificultades económicas, como la de Alicia Gabarri. Esta riojana lleva doce años viviendo en la localidad almeriense de Abrucena, en una casa propiedad de sus suegros. "No pagar hipoteca es un alivio, pero es muy triste abrir el frigorífico y no tener un yogur para tu hijo", cuenta Gabarri, que es madre de cuatro menores.

La última vez que trabajó fue en marzo de 2015 gracias a un programa contra la exclusión social. Está pendiente de volver a optar a dicha iniciativa, pero se ha ido retrasando. También ha pedido trabajo en la bolsa de empleo que tiene el Ayuntamiento de Abrucena e incluso cuenta que el alcalde le ha prometido un puesto de trabajo. De momento sus gestiones no han fructificado y su marido tampoco logra encadenar más que jornales esporádicos en el campo. La situación laboral de ambos deja los ingresos familiares en 204 euros mensuales de una ayuda familiar que le otorga el Estado.

Por ese motivo, cuando nació la pequeña, hace ya dos años y medio, solicitó la ayuda autonómica por el tercer hijo, que beneficia a las familias numerosas que tengan otro vástago menor de tres años con una cantidad de entre 300 y 720 euros anuales en función de los ingresos. "Pedí la ayuda en 2014, luego fui a reclamar los seis meses y una última vez en agosto de 2015", rememora Gabarri. Y se encontró con la misma respuesta que la granadina Nuria López y el resto de familias en la misma situación. "No hay presupuesto".

La Administración autonómica reconoce que hay retrasos en el pago y recuerda siempre que las familias en riesgo de exclusión social tienen prioridad. Por ese motivo Gabarri ha recibido esta misma semana una llamada desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para anunciarle que los 720 euros que le corresponden llegarán en diciembre. Esta madre riojana pensaba que le llegarían unos 1.700 euros -o eso entendió en una conversación con responsables de la Junta-, pero reconoce que la cantidad, insuficiente, le vendrá bien para "pagar algunas deudas".

La Federación Andaluza de Familias Numerosas reconoce la "buena disposición" de la Administración autonómica respecto a la situación de estas prestaciones sociales. La entidad presidida por Guillermo Latorre lamenta que se trate "un derecho reconocido, pero supeditado a la disponibilidad presupuestaria". "Se trata de una anomalía jurídica", apuntan desde el organismo, que pretende elevar la presión al Gobierno andaluz si continúa la situación para estas familias.