El motín protagonizado por los internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, ha colocado de nuevo en el punto de mira a estas instalaciones, cuestionadas habitualmente por los grupos políticos de izquierdas, los fiscales, las asociaciones de derechos humanos y los colectivos de defensa de migrantes y refugiados.

El debate en torno a la existencia de los mismos y a la política estatal de extranjería se trasladó esta semana al Congreso de los Diputados, donde el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y responsables del Ministerio de Interior ofrecieron explicaciones sobre lo sucedido a representantes de los partidos políticos.

El Campo de Gibraltar tiene en su territorio dos centros de este tipo, uno ubicado en la antigua cárcel de La Piñera, en Algeciras, y otro en la Isla de las Palomas, en Tarifa, un centro que se habilitó para atender a la demanda existente como extensión del algecireño y, por tanto, bajo el mismo nombre desde el punto de vista administrativo.

El Ministerio del Interior reveló hace unos días que el CIE de Algeciras albergó en 2015 a un total de 2.114 personas, el 30% de todos los internos que ingresan en los distintos CIE del país. Los datos revelados por el ministerio señalan que el 41,42% de los que ingresaron en estas instalaciones fueron expulsados y el resto quedó en libertad.

Los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos de carácter no peniteniario donde se ingresa cautelarmente a personas que están pendientes de que se ejecute una orden de expulsión a su país.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, declaró en el Congreso de los Diputados que los CIE españoles están "a la vanguardia" en lo que a garantías y respeto a los derechos humanos se refiere. El titular de Interior en funciones señaló, además, que no es un "invento español" y que cumplen la legislación europea.

Fernández Díaz apostilló que existe una leyenda negra que no se corresponde con la realidad. Sin embargo, son muchos los colectivos e incluso sindicatos policiales los que advierten y denuncian las condiciones en las que viven y trabajan los internos y los agentes del Cuerpo Nacional de Policía asignados a estos centros.

Jesús Mancilla, presidente de Algeciras Acoge, califica de deficitaria la asistencia que se presta a los internos. Al parecer, solo se les entrega una muda de ropa que les debe servir para los 60 días que permanecen internados, el plazo máximo establecido. Mancilla critica también las trabas y dificultades que pone Interior para visitar a los internos y cuestiona que se se cumplan todas las garantías jurídicas.

El pasado mes de julio, la oficina de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, presentó un informe en la cámara española en la que reveló algunas de las deficiencias detectadas en el centro de internamiento algecireño.

Denunció la ausencia de trabajadores sociales y solicitó que se amplíe la asistencia jurídica a los internos para que conozcan sus derechos a la hora de solicitar protección internacional. La oficina de Becerril expuso, además, que aunque el CIE de Tarifa se creó como anexo al de Algeciras, actualmente es un centro independiente e incluso presenta un nivel de ocupación mayor al de la ciudad algecireña por disponer de más espacio y mejores condiciones. Pese a ello, la Defensora del Pueblo critica que los internos destinados a la isla no puedan ser visitados por colectivos de defensa de los migrantes, y que tampoco exista una asistencia psicológica. En su informe explicitó, además, que no existe presencia permanente de médico y enfermero lo que impide garantizar una atención continuada.

La falta de recursos humanos para atender a los internos ya la han puesto de manifiesto en múltiples ocasiones los sindicatos de la Policía Nacional. Las condiciones de las instalaciones actuales también se cuestionan puesto que el Ministerio del Interior ya ha manifestado su intención de construir un nuevo CIE en Algeciras, que irá ubicado en terrenos anexos al actual centro penitenciario de Botafuegos. Su construcción acabaría con el cierre definitivo del centro ubicado en la Isla de las Palomas, en Tarifa, incluida en los límites del Parque Natural del Estrecho.