Dos ex directores generales han defendido este jueves ante la juez María Núñez Bolaños que siempre actuaron dentro de la “legalidad” en la concesión de las ayudas a los consorcios de formación Ciomijas y Formades. La magistrada ha tomado declaración en calidad de investigados a lo largo de esta mañana al ex director general de Empleabilidad Manuel Brenes Rivas, al ex director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo, Andrés Sánchez Hernández, y a la ex directora general de Formación para el Empleo María José Lara, mientras que la declaración de la ex directora general de Formación para el Empleo Teresa Florido ha sido aplazada hasta el 3 de noviembre.

Según fuentes del caso, tanto Manuel Brenes como Andrés Sánchez han confirmado que su actuación se realizó desde la “absoluta convicción de ajustarse a la legalidad, tanto a la específica que afectaba a los consorcios de formación, como a la “legalidad general”.

Además, ambos directores actuaron desde el “principio de confianza en los servicios técnicos” y en que cada uno de los actos que desarrollaron estaba “amparado por los informes y actuaciones de la Intervención General de la Junta”.

Las mismas fuentes explicaron que estos ex altos cargos han señalado en su declaración que si ha habido “algún gasto que a posteriori se haya comprobado que no fue” ajustado al destino de las ayudas y se ha puesto en marcha el correspondiente procedimiento de reintegro de las subvenciones, esto vendría a corroborar que la acción de reintegro “estaba prevista en las resoluciones” de concesión de las ayudas, así como que esta acción “obedece a la más estricta normalidad” y representa un “buen funcionamiento de la Administración desde la perspectiva del cumplimiento de la normativa”.

En una providencia dictada el pasado 23 de septiembre, la juez María Núñez Bolaños citó a declarar a Teresa Florido y a los otros tres ex altos cargos, en relación con las ayudas concedidas al consorcio Ciomijas, y ordenó a la dirección general de Formación que nombre un interventor de la administración para realizar un "informe pericial" sobre las subvenciones concedidas a esta entidad. La juez también citó a declarar por esta pieza a siete testigos, entre ellos Carlos Cañavate, que también ocupó el cargo de director general para la formación.

En una segunda providencia, relacionada con las ayudas concedidas al  Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades) de Almonte, la juez María Núñez Bolaños, citó a declarar para hoy a siete personas: María Teresa Florido, a la también ex directora general de Formación María José Lara, al ex director general de Empleabilidad Manuel Brenes, y al ex director general Andrés Sánchez, así como a Manuel Ramírez Orihuela (hijo de la ex gerente de Formades, Ana María Orihuela, que fue detenida en la operación Barrado que dirigió la juez Alaya), a Cristóbal Ojeda Orihuela (sobrino de la ex gerente), y Juan Francisco Millán Lozano.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el atestado que remitió al juzgado, detectó una bolsa de posible fraude de 1,5 millones sobre un total de 9,5 millones de presupuesto Formades, una entidad dependiente de la Junta de Andalucía -y en un 10% de la Mancomunidad de la Comarca de Doñana-, y que disuelta en 2014 ante la elevada deuda.

Los investigadores encontraron 1,25 millones de euros destinados a sufragar contratos que, según dijo en su día la juez Alaya, fueron "concedidos ilegalmente", al haberse aplicado fraccionamientos "fraudulentos" para evitar superar el límite de la contratación menor, además de superar el máximo de un año establecido para los contratos menores. Otros 289.611 euros fueron empleados en gastos de todo tipo que no se podían abonar con cargo a los fondos de formación, como la compra de caramelos para la Cabalgata de Reyes Magos de Almonte, o cuelgabolsos y comidas.

La UCO también puso de manifiesto que Formades abonó a Manuel Ramírez Orihuela, hijo de la ex gerente, 452.859,82 euros entre junio de 2008 y noviembre de 2011 por la prestación de los servicios de mantenimiento de las instalaciones. El sobrino, Cristóbal Ojeda Orihuela, recibió del Consorcio vía transferencia bancaria 38.495,94 euros entre abril de 2010 y noviembre de 2011 por la prestación de los servicios de seguridad del centro.

Fuentes del caso indicaron que la citación como investigados de los mismos ex altos cargos a los que se ha acordado el archivo en la denominada "pieza política" no representa ninguna contradicción, por cuanto en estas nuevas piezas de Ciomijas y Formades se les atribuyen hechos concretos relacionados con la certificación de la justificación de las ayudas y no con una supuesta "red clientelar" para la concesión de las subvenciones, que la Fiscalía Anticorrupción ha descartado rotundamente en el escrito en el que ha pedido el archivo.