Viernes Santo Horarios, itinerarios y recorridos del Viernes Santo en la Semana Santa de Cádiz 2024

Andalucía

El perito ratifica que el fraude de los cursos en Delphi se debió a los "compromisos políticos" de la Junta

  • Critica que se dio "cobertura ilegal" a determinados desempleados discriminando a otros parados

El perito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha ratificado este viernes ante la juez María Núñez Bolaños, que investiga el fraude de los cursos de formación a los trabajadores de la multinacional de automoción Delphi, el informe que en mayo de 2014 remitió al juzgado y ha afirmado que las irregularidades se debieron a los “compromisos políticos” de la Junta.

En su comparecencia en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en la investigación de la pieza separada abierta por las ayudas a las empresas del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, el inspector de Trabajo y Seguridad Social ha puesto de manifiesto que el origen de las subvenciones a Delphi –que alcanzaron los 105 millones, de los cuales 33 fueron para las empresas del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda- era “ilegal”, han informado fuentes del caso. 

 

A preguntas del fiscal Anticorrupción, ha considerado que el consejero de Empleo que otorgó las subvenciones –Antonio Fernández- estaba “en concierto” con las empresas para la simulación de los contratos, dado que las ayudas tenían un compromiso de contratación de los trabajadores tras los cursos. Según el perito, el consejero tenía conocimiento de que no iban a ser contratados, porque era “imposible”.

 

Así, llega a la conclusión de que se dio “cobertura ilegal” a determinados desempleados discriminando a otros parados, y añade que se pagaron “sobresueldos ilegales” a desempleados en detrimento de otros. De esta forma, asegura que el fraude de los cursos de Delphi obedeció a los “compromisos políticos” de la Junta, y agregan que la subcontratación que Ángel Ojeda hizo a empresas vinculadas para el desarrollo de las actividades de formación era “ilegal”.

En el informe remitido al juzgado el 30 de mayo de 2014 y que firman dos inspectores de Trabajo se destacaba en relación con el cierre de Delphi la existencia de un sistema de “subvenciones directas concebido por la Administración de la Junta con el fin de dar cumplimiento a sus compromisos políticos por el cierre de la factoría”.

 

Las subvenciones, añadían, se destinaron por un lado a la “simulación de relaciones laborales para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de ex trabajadores de la citada planta, con la colaboración de determinadas empresas, asociaciones y fundaciones”. 

 

De otro lado, las ayudas se destinaron a “mantener las percepciones” de los ex trabajadores “al margen de la normativa de protección por desempleo y a financiar prejubilaciones en términos distintos de los previstos legalmente”.

 

El sistema de concesión de las ayudas incumplió lo dispuesto en la normativa específica y causó un “grave perjuicio para el patrimonio de la Seguridad Social, para el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal y para el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía”. La Junta “ha acudido a fondos públicos, incumpliendo la normativa dictada por la propia Junta para sostener sus compromisos con los afectados por el cierre de Delphi”, asevera el informe.

 

El sistema, continúan, dio lugar a que algunas beneficiarias de las subvenciones “desviaran fraudulentamente” una parte considerable del importe hacia una serie de “empresas vinculadas, a través de la generación de sobrecostes, la fijación unilateral de precios y la contratación de servicios sin valor añadido para la actividad subvencionada”.

 

La inspección constató que las empresas beneficiarias de las ayudas “se limitaron a impartir los curos de formación a los ex trabajadores de Delphi, sin que existiera realmente relación laboral entre la entidad contratante y los contratados”, salvo algunas excepciones.

 

Los peritos dicen que no hay indicios de que los cursos no se impartieran, “parece que tales cursos, con mayor o menor utilidad, eficacia o aprovechamiento, sí se desarrollaron realmente”, pero lo relevante es que la participación de los trabajadores fue “revestida con la apariencia de una relación laboral, cuya simulación tenía como finalidad dar cobertura legal al pago de una retribución a los afectados con cargo a la subvención y el ingreso de las cotizaciones a la Seguridad Social que les proporcionaran el periodo de carencia necesario para el acceso a futuras prestaciones.

 

El informe exculpaba a los trabajadores porque no apreciaba culpabilidad en su conducta, por cuanto “no se aprecia la concurrencia de dolo, culpa o negligencia en la participación de los ex trabajadores en el sistema de simulación de relaciones laborales”.

En junio pasado, el ex consejero de Empleo Antonio defendió la legalidad de las ayudas concedidas a las empresas del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda para la formación de los ex trabajadores de la multinacional de automoción Delphi, al afirmar que cuando le presentaron a su firma los expedientes de estas subvenciones excepcionales “habían cumplido todos los trámites y contaban con todos los informes técnicos”.

Según Antonio Fernández, la Intervención general de la Junta “cumplió su función y no se planteó en ningún momento dudas sobre la oportunidad y necesidad de concederlas”.

 

La Fiscalía Anticorrupción preguntó al ex consejero por la tramitación de los expedientes y Fernández ha explicado que la sección de las empresas se realizó por parte del Servicio Andaluz de Empleo, que citó a una treintena de empresas y de ahí se seleccionó a la de Ojeda entre otras, pero ha subrayado Fernández que él “no conoció ni participó en ese proceso” y además no sabía que las ayudas fueron concedidas al empresario Ángel Ojeda.

En cualquier caso, el ex consejero de Empleo afirmó que no hubiera opuesto ningún problema en el caso de haber sabido que era Ojeda el adjudicatario porque los expedientes “estaban perfectamente amparados en la legalidad”.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios