La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, tiene claro qué cantidad exacta debe el Gobierno central a Andalucía por culpa de un sistema de financiación autonómica que califica de injusto: 4.672 millones de euros. La dirigente de la Junta acusa además al Gobierno de Rajoy de haber "utilizado el debate territorial como excusa y coartada para no abordar la reforma de la financiación autonómica".

La consejera espera que en la próxima legislatura la reforma del modelo de financiación autonómica sea un tema prioritario para el nuevo Ejecutivo, que aún no está nada claro que composición tendrá. Montero cree que "desenfocar el debate y llevarlo a las tensiones territoriales es errar el tiro" y asegura que "hay que ser coherentes y escuchar lo que los ciudadanos nos piden a través de las urnas, nos piden que haya recursos para personas vulnerables y no tanto reducir el debate sobre si tiene más peso Cataluña u otra comunidad". Aunque también denuncia que "existen agravios de más de 500 euros de diferencia entre los habitantes de unas áreas y otras comunidades, y eso es mucho dinero al cabo del año".

A pesar de todo, la consejera de Hacienda asegura que su relación con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, es de "afecto y cariño", aunque no comparta en absoluto la política económica de su Gobierno. Montero sí critica tajantemente el "reparto de papeles perfectamente pensado de Montoro y de Luis de Guindos en este período, donde a veces cada uno de ellos representa al poli bueno y el poli malo, dependiendo del ámbito, bien Bruselas o las comunidades autónomas".

Sobre el plan que el Gobierno central debe presentar ante Bruselas, la consejera afirma que se echa a "temblar" al pensar en su contenido. "La UE se equivocaría si piensa que puede continuar sólo con una política de penalizar y castigar al país que se desvíe de cumplir sus objetivos, pues los ciudadanos están sufriendo y no puede haber más multas; no se puede tensar más la situación y la UE debe empezar a adoptar otros criterios que permitan aplicar una política económica distinta", explicó Montero.

La consejera también lamentó las cartas remitidas por el Gobierno de Rajoy a los ayuntamientos para acometer una posible disolución de las empresas públicas municipales que sean deficitarias, algo calificado por Montero como un "fuego a discreción repartido por todas las empresas públicas, sin ni siquiera conocer el detalle de cuál era la utilidad y la situación de las empresas públicas de cara al ciudadano, sólo analizando la situación económica".