Abengoa está más cerca de su salvación. Banca y bonistas lograron ponerse de acuerdo el miércoles por la noche y rubricaron su plan de rescate, aunque la empresa que surja de la reestructuración será muy diferente de la conocida hasta ahora. No sólo será más pequeña al replegarse al negocio tradicional de ingeniería y construcción, sino que la controlará un conglomerado de fondos de inversión y entidades financieras, cuyo compromiso de permanencia en el accionariado está por ver. El pacto tampoco despeja la incertidumbre sobre el pago de la deuda a sus proveedores, la mayoría de ellos pymes con una fuerte presencia en el tejido empresarial andaluz.

El acuerdo comprende la inyección de casi 1.170 millones, de los que 655 millones corresponden a dinero nuevo aportado por un grupo de fondos, y otros 515 millones a la refinanciación de créditos facilitados en el último año para atender las nóminas y la operativa del grupo. A esta cantidad, hay que sumar 307 millones en avales de entidades bancarias y en los que podrían participar el Estado a través del ICO y Cesce. Los avales elevan el monto de la operación a 1.477 millones.

Un grupo de fondos de inversión -formado por Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Capital Advisors, Centerbridge Partners, The D. E. Shaw Group, Elliott Management, Hayfin Capital Management, KKR Credit, Oaktree Capital Management y Värde- se ha comprometido a participar en la inyección de capital. Por su parte, el llamado G-5 bancario -Banco Popular, Banco Santander, Bankia, Crédit Agricole y Caixabank- se responsabilizará de los avales.

"La entrada de los fondos era la única solución por el enorme riesgo que asumen. Aparte de Gonvarri, no ha surgido ningún socio industrial dispuesto a poner el dinero necesario" explica Rafael Salgueiro, profesor de la Universidad de Sevilla, quien incide en que el acuerdo "es una estupenda noticia porque Abengoa puede salir del preconcurso y seguir funcionando y se ha conseguido conjugar todos los intereses involucrados".

La información remitida por Abengoa a la CNMV no desglosa el grado de compromiso de los grandes inversores. Tampoco menciona el plan de negocio y de desinversiones ni especifica cuándo estará a su disposición la inyección de liquidez, una cuestión prioritaria dado que la firma ha tenido que suspender ya el pago de la nómina extra de julio, lo que revela sus problemas de tesorería. Según Cinco Días, la empresa negocia con estos fondos un anticipo para no tener que esperar a octubre. La compañía ha convocado el próximo martes una conferencia para analistas para desgranar la operación.

También está en el aire el futuro de su cúpula directiva, encabezada por Antonio Fornieles y Joaquín Fernández de Piérola, presidente y consejero delegado de Abengoa, respectivamente. Los acreedores han nombrado asesor externo del consejo de administración al presidente de ArcelorMittal España, Gonzalo Urquijo, Aunque sus funciones no son ejecutivas, sí estará encargado de velar por el cumplimiento de las condiciones del plan de reestructuración. Con una larga trayectoria en el sector industrial como directivo de Aceralia y ArcelorMittal, Urquijo también es consejero de Gonvarri y su matriz, Gestamp. Esta multinacional de la automoción, vinculada a la familia Riberas, estuvo a punto de tomar una participación significativa en Abengoa el pasado mes de noviembre con la inversión de 250 millones. Su paso atrás, ante la negativa de la banca de facilitar 1.500 millones de euros de liquidez, fue el desencadenante de que Abengoa solicitara acogerse al preconcurso.

Sí parece clara la nueva estructura del accionariado. En torno al 50% quedará en mano de los fondos. La banca acreedora recibirá el 40%. Y otro 5% se reservará para las entidades que financien los avales que precisa Abengoa. El capital actual quedará relegado al 5% de las acciones, lo que supondrá que Inversión Corporativa -la sociedad que articula la participación de la familia Benjumea y otros descendientes de los accionistas históricos- pasará de controlar el 51% de Abengoa al 2,5%, si se tiene en cuenta la dualidad que existe ahora en el capital -dividido entre acciones A, con 100 derechos de voto, y B, con un voto por título-, o el 1,2% si sólo se computa el porcentaje real de acciones en su posesión. No obstante, el acuerdo recoge la opción de otorgar un 5% adicional a los actuales accionistas si se devuelve toda la deuda antes de ocho años, incluida la financiación aportada en la reestructuración y sus costes financieros.

"El juez acertó con la prórroga. Si hubiera entrado en concurso, habría ido a la liquidación, porque Abengoa no tiene ni activos ni ingresos para afrontar su deuda", agrega Rafael Salgueiro, que destaca que la firma "queda configurada como el magnífico negocio de ingeniería que siempre fue, al desprenderse de negocios que suponían una salida enorme de efectivo". "Hay que hacer un reconocimiento tanto a su presidente actual, Antonio Fornieles, como a su antecesor, José Domínguez Abascal, que puso los intereses de la compañía y sus trabajadores por delante de los de su principal accionista, Inversión Corporativa", concluye.

La dificultad de satisfacer a todos los implicados explica la compleja arquitectura del pacto. La inyección de capital se articula en diferentes tramos. El principal, de 945,1 millones y con un vencimiento de 47 meses, incluye las refinanciaciones de los créditos de diciembre de 2015 y el pasado mes de marzo -106 y 147 millones, respectivamente-. Las entidades que lo financien recibirán el 30% de Abengoa tras la reestructuración. Este tramo está garantizado por las joyas de la corona: el 41% que Abengoa posee en Atlantica Yield, filial que cotiza en EEUU, y el proyecto A3T de México, el tercer tren de la planta de cogeneración que construye para Pemex.

El segundo tramo tiene un importe de 194,5 millones e incluye la refinanciación del crédito del pasado mes de septiembre. Está garantizado por activos del negocio de ingeniería, y otorga el derecho a recibir el 15% del capital.

El tercer tramo, de 30 millones, suscrito por Crédit Agricole según fuentes cercanas a la operación, tiene la "finalidad exclusiva" de asegurar financiación adicional para finalizar el proyecto A3T, si fuera necesaria. Otorgaría el derecho a recibir el 5% del capital.

"Lo más positivo de esta solución es la entrada de dinero nuevo con el que resucitar a la empresa, que se centrará ahora en sus negocios más rentables y que no requieran grandes inversiones por parte de la compañía, como son las áreas de ingeniería y construcción. Se enfocará en proyectos de agua y energía bajo contratos llave en mano, a diferencia de su anterior estrategia consistente en explotar dichos proyectos una vez finalizados", explica Felipe López, analista de Self Bank. "También es relevante que los antiguos inversores mayoritarios hayan perdido el control, de manera que ahora tome las riendas un equipo gestor que rompa con el pasado y le genere más confianza al mercado", destaca el analista, que recuerda que el problema de Abengoa "no fue su modelo de negocio en sí, sino su mala gestión a nivel financiero.

Además de la inyección de capital, se reestructurará la deuda corporativa, que ascendía a 8.735 millones al cierre de 2015. Los acreedores que se adhieran al plan recibirán el 40% de las nuevas acciones tras capitalizar deuda por el 70% de su valor nominal. El 30% restante se les abonará con un interés del 1,5% anual en un plazo de entre 66 y 72 meses, en función de si participan también en la financiación de los avales o no.

En el primer caso, la deuda será calificada como sénior, con una protección mayor. Si el acreedor no se convierte en avalista, tendrá consideración de deuda júnior. Si tras la reestructuración el endeudamiento excede de 2.700 millones, los titulares de deuda júnior podrían sufrir una quita de hasta el 80%. Esto se debe a la intención de que la empresa eche a andar con un apalancamiento total inferior a los 4.000 millones -una vez sumada la inyección de liquidez de 1.170 millones-. Para incentivar la adhesión de los acreedores, el pacto recoge que los que no opten por capitalizar deuda sufrirán una quita del 97%.

"Con este acuerdo, se dará viabilidad a Abengoa", sostiene el equipo de análisis de Bankinter en un informe para inversores, que explica que los acreedores tendrán que elegir entre "quita severa o capitalización de deuda, como era de esperar". "Lo más razonable para estos últimos sería la capitalización de deuda", sostiene.

Para Moody's, el anuncio supone que se han logrado "avances positivos" e incrementa la probabilidad de una estructura de capital sostenible, según un informe publicado el pasado viernes. Sin embargo, la agencia subraya que aún existen "incertidumbres" en lo que se refiere a la adhesión que debe de recibir por parte de al menos el 75% de los acreedores. Abengoa ya obtuvo este porcentaje de respaldo el pasado mes de marzo, cuando solicitó la prórroga del preconcurso por otros siete meses al juez Pedro Márquez Rubio, titular del Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Sevilla, que está tramitando el proceso concursal de la matriz y casi medio centenar de filiales. Los asesores de las tres partes -Houlihan Lokey por parte de los bonistas; Lazard y Cortés Abogados para Abengoa, y KPMG para los bancos- trabajan ahora en la elaboración de un documento legal que plasme los términos del acuerdo y al que se tendrán que adherir los acreedores. Según fuentes cercanas a la operación, se espera culminar su ratificación en un plazo de dos o tres semanas, con el objetivo de llevar el documento al juez en la primera semana de septiembre.

Al mismo tiempo, la compañía tiene que convocar la junta extraordinaria de accionistas que debe rubricar la ampliación de capital y la cesión del poder de los actuales accionistas a los acreedores. Ésta debe ser convocada con un mes de antelación, por lo que no se celebraría como mínimo hasta mediados de septiembre. Si se cumplen las previsiones, la compañía no se vería obligada a agotar la prórroga concedida por el juez para homologar su reestructuración y que expira el 28 de octubre.