El Partido Popular, que ejerce la acusación popular en el caso de los cursos de formación, ha insistido en que la Junta creó una red de "clientelismo político" a la que concedió "al menos" 101 millones de euros para la realización de cursos de formación.

En un momento de la instrucción en el que desde el juzgado y la Fiscalía  se apunta al archivo de la denominada pieza política de los cursos, en la que están imputadas 24 persona entre ex directores provinciales del SAE y jefes de servicio, el PP ha reiterado la tesis de la anterior instructora, Mercedes Alaya, respecto a la red clientelar creada en torno a las actividades de formación.

En un escrito que tiene fecha del 22 de julio, el PP reclama a la juez María Núñez Bolaños que dé curso a las peticiones de documentación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en un oficio del pasado 4 de julio alertó del "importante retraso y de los perjuicios" para el resultado de la investigación de los cursos de formación por la falta de entrega de determinada "documentación necesaria" para continuar las pesquisas y volvió a solicitar la entrega de documentación sobre los entramados empresariales del ex consejero andaluz Ángel Ojeda y del ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco.

La acusación popular del PP reclama que se investiguen "todas las subvenciones concedidas por el SAE a estos entramados y a otras 38 empresas, "todas ellas relacionadas con el PSOE que demuestran que el Gobierno de la Junta de Andalucía utilizó durante años las subvenciones para cursos de formación con el objetivo de consolidar y crear una red de clientelismo político en torno al PSOE y al Gobierno de la Junta, en la misma línea de lo que indiciariamente se puede extraer de lo instruido en las diligencias previas conocidas como el caso de los ERE".

Los populares aseguran que "con la disposición de los fondos para la formación de ocupados y desempleados, el Gobierno de la Junta de Andalucía, con la complicidad de los directores provinciales del SAE, creó una trama de empresas vinculadas a cargos del Gobierno andaluz o del PSOE, o a socios y familiares suyos, que recibieron una cantidad que se puede cuantificar en al menos 101.160.469,63 euros".

Dice el PP que de esa cantidad, 52.760.475,04 euros corresponden a las subvenciones recibidas por siete entidades del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, y los 48.399.994,59 euros restantes a otras "38 empresas o entidades administradas, participadas o vinculadas a cargos anteriores o actuales del PSOE y del Gobierno de la Junta o a socios y familiares suyos".

Por todo ello, el PP solicita a Bolaños se practiquen las diligencias pedidas por la UCO y, en este sentido, considera de "especial relevancia" la solicitud relacionada con las resoluciones de exceptuación o exoneración publicadas. "El análisis de todas esas resoluciones por la UCO de la Guardia Civil es fundamental para esclarecer las consecuencias delictivas que tenían las mismas y su verdadera finalidad, que no era otra que favorecer ilícita y premeditadamente a empresas de personas afines al PSOE con la complicidad de los dirigentes del SAE, provocando incluso un claro perjuicio a las arcas públicas", argumenta el PP.

Sin ese estudio, prosigue, las únicas diligencia practicadas al efecto son las declaraciones celebradas en sede judicial, "alguna de ellas, de personas imputadas e implicadas de alguna manera en estos hechos, que por otra parte en ningún caso evidencia que las resoluciones de exoneración no tenían finalidad ilícita". El estudio recoge un listado con las 38 empresas beneficiarias de los cursos y las supuesta relaciones con dirigentes del PSOE o de la Junta.

Recientemente la Guardia Civil reclamó a Bolaños que requiera abundante documentación a la Dirección General de Formación y a la Intervención General de la Junta de Andalucía, y lamentó "los retrasos que se están produciendo en disponer de dicha información y el menoscabo que ello supone para la eficacia de las investigaciones que se realizan", por lo que en este oficio "reitera nuevamente" la necesidad de disponer de dicha información, solicitando que se requiera por parte de la juez a los organismos que disponen de ella. 

Entre la documentación solicitada a la Dirección General de Formación destaca la petición de entrega de los informes sobre la revisión de los expedientes de subvenciones otorgadas al entramado de empresas de Rafael Velasco, Ángel Ojeda, y José María Pérez González, así como de la empresa Multiservicios y Limpiezas Doñana.

También reclama la UCO los expedientes de reintegro de las subvenciones concedidas a UGT, CCOO y la CEA, y de "todas las resoluciones de exceptuación a la limitación comprendida en el artículo 124.1 del decreto ley 1/2010, publicadas entre los años 2007 a 2013".

Por su parte, la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía aseguró, tras conocer el oficio de la UCO, que ha entregado los informes solicitados por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.