No hay delito más allá de las posibles irregularidades administrativas. La juez María Núñez Bolaños archivará en los próximos meses la denominada pieza política de la macrocausa de lo cursos de Formación, en la que figuran 24 personas como investigadas que fueron acusadas en su día por la anterior instructora, Mercedes Alaya, de haber integrado una red de "clientelismo político" a través de las subvenciones concedidas para la realización de actividades formativas.

Fuentes judiciales han confirmado que la instructora tiene que tomar aún declaración a uno de los interventores provinciales antes de acordar el posible sobreseimiento provisional de la causa, que no se producirá en principio hasta después del verano y que contaría además con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, según se desprende de los interrogatorios y de las declaraciones de los testigos que han prestado declaración en esta parte del sumario. La investigación de esta pieza, inicialmente declarada secreta por la juez Alaya, se inició en marzo de 2015, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo la denominada operación Barrado, en la que fueron detenidas 16 personas, entre ellas altos cargos de la dirección general de Formación y de las delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En esta pieza separada de los cursos de formación figuran en la actualidad 24 imputados por delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones. Ente los investigados se encuentran el ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, las ex directoras generales de Formación para el Empleo María Teresa Florido –cuñada del ex consejero Ángel Ojeda, también imputado en otra pieza separada- y María José Lara, los ex directores generales Manuel Brenes y Andrés Sánchez, ocho ex directores provinciales del SAE y 11 jefes de servicio de Empleo.

La decisión de la instructora de archivar la causa contra todas estas personas vendría motivada fundamentalmente porque la juez María Núñez Bolaños, siguiendo el criterio de los interventores que han declarado en esta causa, estimaría que los hechos investigados por la Guardia Civil no tienen la naturaleza de delitos más allá de las posibles irregularidades administrativas. 

Y sería además una decisión acorde con el archivo que han acordado otros juzgados andaluces, como el dictado recientemente por el juzgado de Instrucción número 4 de Jaén, que archivó la causa contra 15 personas, entre ellas la ex delegada provincial del SAE en Jaén Irene Sabalete, quien también está como investigada por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

En Sevilla, otro juzgado, el de Instrucción número 5, también archivó en marzo pasado la investigación iniciada en 2013 por la ayuda concedida la Asociación de Amigos y Familiares de Enfermos Mentales San Juan Grande, al no apreciar delito de malversación ni ningún otro porque la juez entiende que en los hechos investigados no hay “ánimo de lucro” en los funcionarios que la otorgaron y los beneficiarios. La juez Beatriz González consideró que de la prueba practicada, "básicamente el exhaustivo cruce de informaciones y la declaración de las personas investigadas y de un testigo, no existen indicios de la perpetración de un hecho típico en relación con la concesión de las subvenciones" que se investigan.

El testimonio contundente de los interventores

En la causa que investiga la juez Bolaños en relación con esta parte de los cursos de formación han declarado ya hasta ocho interventores que han coincidido fundamentalmente en que no apreciaron ningún delito a la hora de examinar estas subvenciones.

El último en rendir testimonio ha sido el que fuera interventor general de la Junta de Andalucía hasta enero pasado, Adolfo García Fernández, quien la semana pasada aseveró que "no ha apreciado menoscabo" de fondos públicos en ninguno de los expedientes de subvenciones para la formación.

El ex interventor general explicó que su trabajo consiste en detectar un riesgo y ponerlo en conocimiento, y añadió que lleva trabajando desde 1985 y es la "primera vez" que hay un procedimiento penal. Adolfo García, a preguntas de la acusación particular que ejerce la Junta, afirmó que "está obligado a poner en conocimiento si considera que hay un ilícito penal".

Los otros interventores que han prestado declaración se han posicionado de la misma forma. El interventor en la provincia de Córdoba, Antonio Escudero, le dijo a la juez que "no sospechó" en aquel momento que se “estuviera haciendo algo ilícito o de gravedad, pues para él sería de gravedad por ejemplo no tener el informe de auditoría, y todos lo tenían”.

Otros dos interventores que prestaron declaración en abril aseguraron que sólo apreciaron "irregularidades administrativa" pero en ningún caso que éstas pudiesen constituir delito alguno. El interventor en Málaga, Juan José Delgado Utrera, dijo expresamente que no tiene elementos de juicio para determinar "si había una trama para malversar", puesto que él detectó "irregularidades administrativas" y si hubiera observado "indicios de delito", lo habría denunciado. Este funcionario insistió en que lo que detectó en el informe especial de los años 2009 a 2012 fueron "irregularidades administrativas".

En la misma línea se pronunció ante la magistrada el interventor en Jaén, Pedro González Gámez, quien declaró que a su criterio las irregularidades detectadas son "sólo de carácter administrativo", al tiempo que señaló que lo habría puesto de manifiesto en caso de apreciar alguna irregularidad de carácter grave. "Todas las irregularidades detectadas eran administrativas o formales. No he apreciado la existencia de menoscabo de fondos públicos en la provincia de Jaén", añadió este funcionario, que reconoció no obstante que llegó a poner algunos reparos al certificado de finalidad cuando se realizaba la fiscalización previa –en la que se fiscaliza el 100% de la ayuda antes de su concesión- y esas objeciones fueron "subsanadas por el órgano gestor", en alusión a la delegación del SAE.

El interventor general en la provincia de Granada, Miguel Ángel Gutiérrez, explicó por su parte que tiene "serias dudas de que se haya incumplido la legalidad" porque, aunque según dijo "parece que había un mal uso de la subvención", en principio lo que detectan son "irregularidades administrativas o contables". Este funcionario añadió que "no tiene una opinión" respecto a que un juzgado haya abierto diligencias penales, pero sí insistió en que "todas las irregularidades administrativas se pueden subsanar" y "no vio delito" alguno en los expedientes. 

Por su parte, el interventor en Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, coincidió en que el informe especial se hizo en un "entorno administrativo, con los procedimientos administrativos", dado que no pensaban que "pudiera tener esta derivación" en la vía penal. 

El interventor de Málaga, Juan José Delgado Utrera, declaró que no apreció irregularidades que hicieran necesario un control especial, aunque sí explicó que detectaron que la valoración “no era correcta porque faltaba documentación o no era legible o no subvencionable”, y agregó que a priori “no había que desconfiar de un informe de auditoría salvo por la constatación de errores”.

El interventor en Jaén, Pedro González Gámez, dijo que “nunca” pidió documentación complementaria además de la certificación de finalidad que realizaba el SAE “no porque sospechara o no sospechara de que se pudieran cometer irregularidades, sino porque ello era imposible por falta de medios”, aunque añadió que si hubiera tenido esas sospechas habría “hablado con la Intervención general para pedir medios”. Este funcionario indicó que  no puede decir que esos certificados “fueran falsos” ni tenía por qué pensar que con el certificado de finalidad “se estuviera ocultando nada”.

No habría ninguna red clientelar

La juez Mercedes Alaya basó su argumentación para imputar a los directores generales de Formación y a los directores provinciales del SAE en la existencia de una supuesta red de “clientelismo político”, ya que según Alaya desde la Consejería de Empleo se impartían órdenes a alas delegaciones provinciales “para que no se controlara el dinero” destinado a la formación, creando esa red clientelar.

Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado la juez de Instrucción número 4 de Jaén, Carmen Ballesteros, en el auto de archivo dictado el pasado 15 de junio y en el que sostiene que “no existen razones para suponer, sospechar o presumir que los fondos propios que la Junta de Andalucía destina al pago de tales subvenciones fueran malversados con el visto bueno, autorización o por desidia de la propia administración, al no probarse lo contrario ni aún indiciariamente, ni que la propia administración a través de sus responsables, ordenaran, indicaran o indujeran a realizar actuaciones u omitirlas que permitieran que terceros, sin relación probada con la administración más allá de lo que policialmente se expone y no se acredita, se beneficiaran torticeramente de tales fondos”. 

Y esta juez añadía que “resulta manifiestamente absurdo, salvo que se aleguen y no se prueben, finalidades espurias por los responsables de la administración que se debaten y no se acreditan, como clientelismo electoral”.